Cada año, al llegar el mes de marzo, la memoria colectiva de la Argentina revive una de las jornadas más trágicas de su historia reciente: el atentado a la embajada de Israel en Buenos Aires, ocurrido el 17 de marzo de 1992. Aquel martes, a las 14:42 horas, un coche bomba cargado con explosivos fue detonado frente a la sede diplomática ubicada en la calle Arroyo 916, en el barrio porteño de Retiro. La brutal explosión destruyó completamente el edificio de la embajada, una escuela, una iglesia católica lindera y varias viviendas particulares.
El saldo fue devastador: 29 personas murieron y más de 200 resultaron heridas. La onda expansiva arrasó con todo a su paso. Vidrios, escombros y cuerpos se mezclaron en una escena de caos absoluto. A más de tres décadas del atentado, el dolor sigue intacto para las víctimas y sus familias, y la herida se agrava por la falta de justicia: el crimen continúa impune.
Una tragedia sin precedentes
Fue el primer atentado terrorista internacional de gran magnitud perpetrado en suelo argentino. La embajada, que funcionaba en un antiguo edificio de estilo francés de cuatro plantas, quedó reducida a escombros en segundos. Entre las víctimas fatales se encontraban personal diplomático israelí, trabajadores locales, vecinos y transeúntes.
La imagen de la fachada destruida, el polvo cubriendo los cuerpos y los rescatistas buscando sobrevivientes entre los restos, quedó grabada en la memoria del país. La conmoción fue inmediata, tanto en Argentina como en el mundo.
El entonces presidente Carlos Menem aseguró que se haría justicia. Pero a pesar de las promesas, los años pasaron sin avances significativos en la investigación judicial. La impunidad se volvió un sello de este atentado y también del que ocurriría dos años más tarde, en 1994, contra la sede de la AMIA.
Investigaciones, acusaciones y estancamientos
Desde el principio, la principal hipótesis apuntó a un ataque perpetrado por el grupo terrorista Hezbollah, con respaldo del gobierno iraní. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en su investigación, concluyó en 1999 que se había utilizado un coche bomba conducido por un suicida. Pero nunca se identificaron ni juzgaron a los autores materiales ni intelectuales del ataque.
La causa judicial pasó por múltiples manos, acumuló demoras, omisiones y obstáculos políticos. Israel también llevó adelante su propia investigación, que sostuvo la participación de Hezbollah, pero los pedidos de extradición y las alertas rojas internacionales no lograron resultados concretos.
Hasta el día de hoy, no hay detenidos ni responsables condenados. La impunidad judicial y política es una deuda persistente con las víctimas y con la sociedad.
El homenaje y la memoria
Cada 17 de marzo se realiza un acto conmemorativo frente al sitio donde se encontraba la embajada, en la actual Plaza Embajada de Israel, en la intersección de Arroyo y Suipacha. Allí se levantó un monumento en homenaje a las víctimas, compuesto por una fuente, árboles traídos de Jerusalén y placas con los nombres de quienes perdieron la vida.
El acto oficial reúne a sobrevivientes, familiares, funcionarios del gobierno argentino e israelí, representantes diplomáticos y miembros de la comunidad judía. En cada aniversario, se reitera el pedido de justicia, el reclamo de memoria activa y la necesidad de que este crimen no quede en el olvido.
Este 2025 no fue la excepción. Al cumplirse 33 años del atentado, el mensaje volvió a ser claro: sin justicia, no hay paz posible. «Nos robaron la vida de nuestros seres queridos, pero también nos robaron el derecho a la verdad», expresó una familiar de una de las víctimas durante el acto.
Un contexto global y local
El atentado a la embajada no fue un hecho aislado. Se inscribió en un contexto geopolítico complejo, donde Argentina fue tomada como escenario de venganza y guerra indirecta. El objetivo fue castigar al Estado de Israel, pero el blanco fue el pueblo argentino.
Este hecho, sumado al atentado contra la AMIA en 1994, convirtió a la Argentina en el único país latinoamericano en sufrir dos ataques terroristas internacionales en su territorio en tiempos de paz. En ambos casos, la inacción estatal, la corrupción judicial y la falta de voluntad política impidieron avanzar con seriedad en la investigación.
El país carga con una doble herida: la de los muertos y la de la justicia negada.
Una deuda con la democracia
A más de tres décadas del atentado, la Argentina continúa debatiéndose entre la memoria y el olvido, entre el homenaje y la impunidad. La democracia se construye también con justicia: no alcanza con recordar si no se actúa. La falta de respuestas a crímenes como el de la embajada de Israel es un signo de debilidad institucional que interpela a todos los poderes del Estado.
El pedido de los familiares es el mismo desde 1992: conocer la verdad, identificar a los culpables, y que la justicia haga su parte. En cada acto conmemorativo, el eco de ese reclamo resuena con más fuerza, porque el tiempo no borra el dolor, ni la indignación.
Mientras no haya justicia, la historia del 17 de marzo seguirá siendo una herida abierta en la conciencia argentina. Un llamado a no olvidar. Y un compromiso ético con las víctimas, sus familias y el futuro del país.
