Este 1° de septiembre se cumplen tres años del intento de asesinato contra la ex presidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido en la puerta de su casa en el barrio porteño de Recoleta. Aquel episodio conmocionó al país y abrió una investigación que, hasta hoy, sigue generando polémica, especialmente por las líneas de investigación que no fueron exploradas a fondo por la Justicia.
Una de las principales controversias gira en torno al posible financiamiento del atentado y su relación con agrupaciones de extrema derecha como Revolución Federal. Este grupo surgió como uno de los espacios más radicalizados en la escena política en los últimos años, protagonizando manifestaciones callejeras de alto contenido violento y simbología amenazante: exhibieron guillotinas, antorchas y horcas, mientras lanzaban consignas como “todos presos, muertos o exiliados” en clara alusión a figuras del kirchnerismo.
Uno de los referentes de Revolución Federal fue Jonathan Morel, quien públicamente afirmó que su objetivo era que “los kirchneristas tuvieran miedo de ser kirchneristas”. Durante meses, este grupo llevó adelante acciones intimidatorias contra referentes del oficialismo, escraches en la vía pública y campañas agresivas en redes sociales. En la plataforma Twitter Spaces (actualmente X), incluso se llegaron a escuchar discursos violentos que incitaban explícitamente al asesinato de Cristina Kirchner.
Pero lo que ha encendido las alarmas en sectores políticos y sociales es que este grupo habría recibido apoyo económico de empresas vinculadas al Grupo Caputo, una firma relacionada con la familia del actual ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. Documentación incorporada en la causa judicial sugiere que la empresa Caputo Hermanos le realizó transferencias millonarias a Revolución Federal, aunque los motivos de esos pagos nunca fueron esclarecidos con precisión.
Pese a que estos datos constan en el expediente, la Justicia no avanzó significativamente en la investigación del financiamiento del atentado. Los fiscales a cargo no impulsaron medidas para determinar si existía un vínculo político, económico o logístico entre estas empresas y el intento de magnicidio. Esta falta de profundización en una de las pistas más sensibles del caso ha generado cuestionamientos sobre la imparcialidad del proceso judicial.
Diversos sectores del oficialismo y organismos de derechos humanos vienen denunciando que existe una “protección judicial” hacia quienes podrían haber financiado o instigado el ataque, y sostienen que la causa fue deliberadamente fragmentada para evitar que se investigue en conjunto la autoría material y la posible autoría intelectual del atentado.
En este contexto, los abogados de la querella han insistido en que no se puede entender el intento de asesinato como un hecho aislado de violencia individual, sino como parte de un clima de hostigamiento sistemático que se fue gestando durante meses a través de discursos de odio, movilizaciones agresivas y operaciones en redes sociales y medios de comunicación.
Mientras tanto, a tres años del hecho, los tres imputados por el atentado —Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo— continúan detenidos y a la espera de juicio oral. Sin embargo, aún no se han determinado responsabilidades mayores ni se ha profundizado la pista económica, que podría arrojar luz sobre una posible organización detrás del ataque.
El intento de magnicidio a una de las figuras más relevantes de la política argentina reciente sigue siendo, a día de hoy, una herida abierta en la democracia, no solo por la violencia del hecho en sí, sino por las sombras que aún persisten sobre quienes pudieron haberlo financiado o instigado desde las sombras.
