La investigación judicial por presuntas coimas y contratos irregulares en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo con un allanamiento clave a la droguería Suizo Argentina S.A., una de las empresas apuntadas en la causa. Pese a que sus directivos habían declarado públicamente estar “a plena disposición” de la Justicia, el operativo llevado a cabo por orden del fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello encontró fuertes obstáculos por parte de la compañía.
El procedimiento se realizó el viernes, cuando efectivos del Departamento de Delitos Complejos de la Policía de la Ciudad ingresaron a las oficinas de Suizo Argentina. La intención era asegurar evidencia digital relevante: correos electrónicos, discos duros, servidores y otros dispositivos que pudieran contener información clave para la causa, en particular respecto a contratos sospechados de corrupción en la compra de medicamentos.
Sin embargo, la colaboración prometida por la droguería no se reflejó en los hechos. Representantes legales de la empresa, encabezados por el abogado Santiago Kent, impidieron el acceso a parte del material durante varias horas. Recién en la madrugada del sábado, y tras una orden directa del fiscal para permanecer en el lugar hasta cumplir con el objetivo, los agentes pudieron finalmente incautar los elementos solicitados.
La actitud de Suizo Argentina sorprendió a los investigadores. Fuentes judiciales calificaron la resistencia como “poco habitual”, especialmente considerando el contexto del caso y las declaraciones previas de los responsables de la empresa. En un comunicado difundido días antes del allanamiento —y compartido por el propio presidente Javier Milei en sus redes sociales—, Suizo Argentina había manifestado que sus directivos y accionistas estaban “a derecho” y colaborando con los organismos de control.
El texto, que representó además el primer pronunciamiento indirecto del Gobierno sobre el caso, afirmaba que la empresa “actuó con total apego a las normas y leyes vigentes” y que su objetivo era “esclarecer los hechos”. No obstante, la falta de colaboración durante el allanamiento contrasta con ese compromiso público y pone en duda la supuesta voluntad de transparencia.
La empresa es propiedad de Eduardo Kovalivker y está también dirigida por sus hijos, Emmanuel y Jonathan Kovalivker, además de Marcela Sandra Viner. Todos ellos aparecen mencionados en la causa judicial, cuyo impulso principal fueron los audios filtrados del exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo. En esas grabaciones, se mencionan pagos de sobornos y se sugiere que Suizo Argentina recibía un trato preferencial en la asignación de contratos estatales.
Desde la fiscalía destacaron que el operativo no fue sencillo y que las demoras generadas por los abogados de la empresa no solo dificultaron la tarea de los agentes, sino que también generan sospechas sobre la intención de preservar ciertos elementos de prueba. “No es habitual encontrar este nivel de resistencia cuando se trata de procedimientos judiciales debidamente autorizados”, señaló una fuente con acceso a la causa.
El caso ha ganado notoriedad pública no solo por la magnitud de las denuncias, sino también porque involucra de forma indirecta al entorno más cercano del presidente Javier Milei. En los audios revelados previamente, Spagnuolo menciona a Karina Milei —secretaria general de la Presidencia— y a Eduardo “Lule” Menem como supuestos beneficiarios de una parte de la recaudación irregular.
En este contexto, el accionar de Suizo Argentina durante el allanamiento refuerza la tensión política y judicial que rodea a la causa. A medida que la investigación avanza, se esperan nuevas medidas probatorias y posibles imputaciones, tanto en el sector público como en el privado.
La reacción del Gobierno ha sido, hasta ahora, ambigua. Si bien Milei compartió el comunicado de la empresa como una señal de respaldo, el operativo del viernes contradice la imagen de cooperación que se intentó instalar. La falta de coherencia entre los discursos y los hechos podría traer mayores consecuencias para una administración que ya enfrenta múltiples frentes de conflicto.
