La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) encabezó una nueva jornada de lucha a nivel nacional para manifestar su profundo rechazo a las políticas implementadas por el gobierno de Javier Milei, que consideran un ataque directo a los derechos de los trabajadores del sector público y a los servicios esenciales que el Estado debe garantizar a la ciudadanía.
La convocatoria a esta movilización masiva no es un hecho aislado, sino la continuidad de una serie de protestas y medidas de fuerza que el sindicato ha venido sosteniendo en los últimos meses. Desde ATE advierten sobre un escenario de creciente precarización laboral, despidos sistemáticos y recortes presupuestarios que afectan directamente a áreas sensibles como la salud, la educación, el desarrollo social y la seguridad pública.
Según el gremio, el plan de ajuste del Gobierno Nacional está orientado a achicar el Estado a costa de los trabajadores y de los sectores más vulnerables de la sociedad. «Estamos frente a un modelo que busca dejar sin empleo a miles de estatales, tercerizar funciones esenciales del Estado y desmantelar estructuras clave que garantizan derechos básicos», expresó uno de los referentes del sindicato durante el acto central realizado frente al Congreso de la Nación, en la Ciudad de Buenos Aires.
Uno de los reclamos principales que motivó esta nueva jornada de protesta es el rechazo a los despidos masivos en distintas reparticiones públicas. ATE denuncia que, desde el inicio de la gestión libertaria, miles de empleados han sido cesanteados sin fundamentos claros, generando un clima de inestabilidad laboral y temor entre quienes todavía conservan sus puestos. “Esto no es racionalización ni eficiencia; es violencia institucional y vaciamiento del Estado”, señalaron desde el gremio.
Además, el sindicato insiste en la necesidad urgente de recomponer los salarios de los trabajadores estatales, fuertemente golpeados por la inflación. Sostienen que los sueldos han quedado muy por debajo del costo de vida, erosionando el poder adquisitivo y condenando a muchos empleados públicos a situaciones de pobreza. Por eso, una de las principales banderas de la protesta es la exigencia de aumentos salariales que no solo empaten con la inflación, sino que la superen, permitiendo recuperar lo perdido.
Otro punto central de la agenda gremial es el pase a planta permanente de todos los trabajadores contratados. Desde ATE advierten que el alto nivel de precarización dentro del Estado —con contratos temporales, monotributistas y vínculos laborales inestables— no solo vulnera los derechos de quienes trabajan en estas condiciones, sino que también atenta contra la eficiencia y continuidad de los servicios públicos.
La movilización de este jueves tuvo un carácter federal, con actividades en múltiples puntos del país. En las provincias, se replicaron protestas, paros, cortes de calle y concentraciones frente a edificios gubernamentales. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el epicentro fue el Congreso Nacional, donde se congregaron delegaciones de distintas seccionales del sindicato, así como representantes de otras organizaciones gremiales, movimientos sociales y ciudadanos autoconvocados.
Durante el acto, los oradores hicieron hincapié en la necesidad de mantener la unidad del movimiento obrero y popular frente a un gobierno que, según consideran, no busca dialogar sino imponer un modelo excluyente. “Este es un gobierno que viene por todo: por nuestros derechos laborales, por nuestros salarios, por nuestros organismos públicos, por nuestras empresas del Estado. Frente a eso, la única respuesta posible es la movilización y la resistencia organizada”, sostuvo uno de los dirigentes nacionales de ATE.
La protesta también apuntó contra el avance de proyectos legislativos como la Ley Bases y el paquete fiscal, que incluyen artículos que —a criterio del gremio— representan un retroceso en materia de derechos laborales y sociales. En ese marco, ATE también exigió que los legisladores nacionales rechacen cualquier norma que implique la entrega del patrimonio estatal o la flexibilización del trabajo en el sector público.
En paralelo, el sindicato repudió los intentos del Gobierno de deslegitimar las protestas sociales a través de protocolos represivos y discursos que estigmatizan a los trabajadores del Estado. “No somos el problema, somos quienes sostenemos la salud pública, la educación, la atención social. Si el Estado se detiene, el país también”, advirtieron.
La jornada de lucha convocada por ATE deja en claro que la conflictividad social seguirá en aumento mientras persista un rumbo político que, según el sindicato, pone en riesgo la soberanía, los derechos laborales y la justicia social. Desde la organización anunciaron que continuarán con el plan de lucha si no hay respuestas concretas a sus reclamos, reafirmando su compromiso con la defensa del trabajo digno, del Estado y de los derechos conquistados.
