La causa conocida como “Libragate” vuelve a tomar protagonismo en el Congreso y se convierte en una nueva fuente de tensión para el Gobierno nacional. A cinco meses de la creación de la comisión investigadora, finalmente se destrabó el empate que impedía su funcionamiento y la oposición logró avanzar con la designación de autoridades. Este paso marca el inicio formal de una pesquisa que podría implicar a funcionarios actuales y generar un nuevo foco de conflicto institucional para el oficialismo.
El eje de la investigación es el contrato firmado con la empresa cripto Libra, que generó fuertes cuestionamientos por su falta de transparencia y las supuestas irregularidades en su tramitación. La iniciativa de conformar una comisión especial surgió tras la fuerte promoción que el propio presidente Javier Milei hizo del acuerdo a través de sus redes sociales, algo que para varios sectores políticos podría constituir una forma de respaldo institucional a un emprendimiento privado no exento de controversias.
A pesar de los esfuerzos del oficialismo por frenar el avance de la investigación, la oposición logró reunir los votos necesarios para nombrar a las autoridades de la comisión. El diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica y autor del proyecto que permitió superar el estancamiento, fue designado como presidente de la comisión. También participó activamente en esta etapa el legislador Juan Marino, de Unión por la Patria, uno de los principales impulsores de que se indague en la relación entre el Gobierno y la empresa involucrada.
Con la comisión en marcha, se prevé la citación de varios funcionarios nacionales para que den explicaciones sobre el proceso que llevó a la firma del contrato con Libra. Si bien aún no se confirmaron los nombres, trascendió que entre los citados podría haber figuras cercanas al Ejecutivo, lo que genera preocupación en Casa Rosada.
El avance del caso Libra se produce en un contexto especialmente delicado para el Gobierno. La administración de Milei ya enfrenta una serie de escándalos, como el reciente caso de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), lo que contribuye a la percepción de una creciente fragilidad política. Para muchos observadores, el resurgimiento del “Libragate” agrava esta situación, no solo por su contenido económico y tecnológico, sino porque pone bajo la lupa la transparencia de las decisiones que involucran a la gestión presidencial.
Cabe recordar que Libra es una empresa vinculada al mundo de las criptomonedas, que firmó un polémico acuerdo con el Estado nacional en medio de la búsqueda oficial de alternativas tecnológicas para la administración pública. Sin embargo, la falta de licitación pública, los cuestionamientos sobre la idoneidad de la empresa, y las eventuales conexiones políticas detrás del contrato, encendieron las alarmas en varios bloques opositores.
En paralelo, el oficialismo intenta minimizar el impacto del caso y sostiene que no hay elementos que justifiquen una investigación parlamentaria. Sin embargo, la decisión de la oposición de avanzar con la comisión, y especialmente de asumir el control de su conducción, le da al tema un nuevo impulso institucional que podría tener derivaciones significativas.
Así, el Congreso se convierte nuevamente en escenario de disputa política, con una investigación que promete generar nuevos capítulos y que suma presión sobre un Gobierno que, a poco de cumplir su primer año de mandato, sigue acumulando frentes abiertos.
