El Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, profundiza su ofensiva contra los espacios dedicados a la memoria histórica y los derechos humanos. Después del escándalo que generó la censura al recital del rapero Milo J en la ex ESMA, ahora la política oficial alcanza a otros Sitios de Memoria, con la suspensión arbitraria de actividades y una inédita injerencia directa sobre los contenidos y programas que pueden desarrollarse en esos espacios.
Ayer, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Alberto Baños, envió un comunicado electrónico a los coordinadores de los Sitios y Espacios de Memoria, entre ellos el Faro de la Memoria de Mar del Plata, advirtiendo que a partir de ese momento cualquier actividad que no cuente con autorización expresa deberá ser cancelada. La medida es una vuelta de tuerca en la censura previa que el Gobierno viene implementando en estos espacios, que desde la vuelta de la democracia representan sitios esenciales para preservar la memoria, la verdad y la justicia frente a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar.
El correo remitido por Baños a los responsables de los sitios establece que toda actividad, con excepción de las visitas guiadas, debe ser comunicada con al menos 20 días hábiles de anticipación a la Dirección de Sitios y Espacios de Memoria, junto con el llenado de un formulario específico. En caso de realizarse actos sin la debida autorización, el coordinador y el personal involucrado serán directamente responsables de eventuales consecuencias, una amenaza que recae sobre los trabajadores de estos espacios, ya afectados por los continuos despidos y la reducción de personal que viene sufriendo el sector desde la llegada del gobierno de La Libertad Avanza.
La situación ya impactó en el Faro de la Memoria, en Mar del Plata, donde fueron canceladas dos jornadas del festival “Memoria y Resistencia” que se iban a realizar los días 14 y 15 de febrero. La organización del evento, que incluía presentaciones culturales y artísticas en conjunto con la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y el Teatro Auditorium, fue suspendida tras una cautelar presentada por el Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona. En el recurso judicial, el Gobierno alegó que la Secretaría de Derechos Humanos no autorizó las actividades y que existía un “riesgo para las personas y las instalaciones”. El juez Santiago Martín hizo lugar a la medida, frustrando así la realización de un evento que buscaba promover la memoria activa y la resistencia frente a las políticas de negacionismo que intentan imponerse desde el Ejecutivo.
Las críticas no tardaron en llegar desde los organismos de derechos humanos. Juan Cruz Bourg, integrante de H.I.J.O.S Resiste, calificó el hecho como “un acto de autoritarismo, censura y prohibición de actividades culturales ya programadas”, y explicó que “es la primera vez que pasa algo así; siempre nos manejamos con bastante autonomía y hemos realizado infinidad de actividades sin interferencias. Este gobierno está censurando a cualquiera que piense distinto a ellos y pretende impedir este tipo de iniciativas”. Bourg remarcó la determinación de los colectivos de continuar con su trabajo, “porque sobrevivimos a la dictadura y a décadas de maltrato, no vamos a permitir que nos silencien”.
La polémica se extiende más allá de Mar del Plata. La legisladora porteña de Unión por la Patria y nieta recuperada, Victoria Montenegro, alertó sobre el mensaje de Baños y lo vinculó directamente con la censura al recital de Milo J en la ex ESMA. “Esto es censura previa en toda regla”, sostuvo Montenegro. “Se les prohíben actividades que ya estaban planificadas: presentaciones de libros, charlas, encuentros con la comunidad. Es un retroceso brutal y un intento de controlar lo que se dice y cómo se dice en estos espacios”.
Por su parte, Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, expresó su repudio y calificó la medida como “insólita y repudiable”. “Esta decisión de Baños busca borrar la memoria, la verdad y la justicia”, afirmó. La gravedad de la situación se agrava cuando se considera que los Sitios de Memoria están protegidos por la Ley 26.691, que establece que la Secretaría de Derechos Humanos debe garantizar su preservación, señalización y difusión. Además, la ley estipula la participación activa y el diálogo permanente con organismos de derechos humanos reconocidos y con trayectoria, lo que se está vulnerando en la práctica bajo la actual administración.
El desguace de las políticas públicas en memoria, verdad y justicia ha sido denunciado en varias ocasiones por funcionarios de la provincia de Buenos Aires. Matías Moreno, subsecretario de Derechos Humanos bonaerense, señaló que la intervención de Baños se inscribe en una estrategia clara de vaciamiento: “Desde que asumió, Baños no ha impulsado ninguna política pública real. Su gestión se limitó a despedir trabajadores, suspender actividades y controlar a los espacios de memoria con criterios arbitrarios. Esto no responde a un interés genuino por preservar la memoria sino a una agenda política para desmantelar lo que se ha construido durante décadas”.
Moreno también desmintió las excusas oficiales respecto a la seguridad en el festival cancelado, y las comparó con las utilizadas para prohibir el recital de Milo J en la ex ESMA. “La seguridad estaba garantizada en ambos casos. Son pretextos para impedir que se realicen actividades que molesten al oficialismo”.
En las redes sociales, el ministro Mariano Cúneo Libarona no solo defendió la medida sino que se lanzó en un ataque directo contra el filósofo y autor del libro Lanzallamas, Rocco Carbone, cuya presentación en el Faro de la Memoria fue cancelada judicialmente. Cúneo Libarona lo tildó de “empleado militante del Conicet” y lo acusó de querer hacer “un acto político en un edificio público”. “Este señor puede difundir sus ideas, pero no con fondos públicos”, sentenció el ministro, dejando claro el sesgo ideológico de la ofensiva contra los espacios de memoria.
Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Diego Morales, director del área de Litigio, advirtió sobre el peligro que representa esta dinámica de censura: “Lo que estamos viendo es un intento del Estado de limitar la palabra y el debate en espacios culturales y políticos que son fundamentales para la democracia. Los Sitios de Memoria no están destinados al silencio, sino a la circulación de la palabra, la reflexión y la construcción colectiva del pasado reciente. Estas decisiones judiciales y administrativas, influenciadas por el Gobierno, ponen en manos del Ejecutivo la potestad de decidir qué puede decirse y qué no, algo gravísimo para el ejercicio pleno de los derechos humanos”.
Los movimientos y organizaciones sociales no tardaron en convocar a una movilización para esta tarde a las 17 horas, en la puerta del Faro de la Memoria, para repudiar las acciones del Gobierno y exigir la restitución del derecho a la memoria y a la libre expresión en estos espacios.
Victoria Montenegro fue tajante al anticipar que la situación podría empeorar de cara al próximo 24 de marzo, fecha emblemática para la memoria argentina. “La amenaza a los trabajadores de los Sitios de Memoria es la antesala a algo más peligroso. En un contexto donde el modelo económico que se profundiza es uno de crueldad social, estas medidas preparan el terreno para una simbología de crueldad también en el ámbito de la memoria. El intento de silenciar la voz de quienes luchan por la verdad y la justicia es un golpe directo a la democracia misma”.
Con esta escalada autoritaria, el Gobierno de Milei muestra no solo un desprecio hacia la historia y las víctimas del terrorismo de Estado, sino también un intento sistemático de controlar y censurar la palabra en los espacios más sensibles de la memoria social argentina. La resistencia de los organismos, trabajadores y familiares que recorren estos sitios será clave para frenar esta avanzada y preservar la memoria como derecho fundamental.
