Desde fines de 2025 y a lo largo de las primeras semanas de este año, la Ciudad de Buenos Aires (CABA) se enfrenta a un fenómeno que hasta hace poco tiempo parecía aislado o excepcional, pero que hoy se confirma como una tendencia preocupante: el cierre de múltiples escuelas privadas. Entre finales de diciembre y principios de febrero, al menos cinco instituciones educativas de gestión privada cerraron definitivamente sus puertas en distintos barrios de la Capital Federal, dejando a cientos de familias, estudiantes y docentes en una situación de incertidumbre y perjuicio.
Cierres que golpean a la comunidad educativa
El caso más reciente que trascendió fue el del Instituto Formar Futuro, ubicado en el barrio de Villa Real, una escuela que ofrecía educación desde nivel inicial hasta secundaria y que, según denuncias, avisó su cierre vía correo electrónico a mediados de enero, apenas semanas antes del inicio del nuevo ciclo lectivo. En esa comunicación, familias y docentes se enteraron de que la institución dejaría de funcionar sin mayores explicaciones, una modalidad que fue calificada por el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) como “abrupta y delictiva”.
Según este sindicato, más de 50 docentes no recibieron sus salarios correspondientes al mes de diciembre de 2025, y tras el aviso de cierre se perdió contacto con los responsables de la escuela, lo que profundizó la preocupación de quienes trabajaban allí. Además, alrededor de 200 alumnos quedaron sin vacante en una etapa del calendario en la que encontrar otro colegio es especialmente difícil, dado que muchas instituciones ya habían cerrado sus inscripciones.
En respuesta a la situación, el Ministerio de Educación de la Ciudad expresó que tomó conocimiento del caso a partir de las denuncias de docentes y familias y que inició acciones legales contra los responsables de la institución, a la que se calificó como “particular damnificada”. De acuerdo con las fuentes oficiales, también se están llevando a cabo gestiones para que los alumnos puedan continuar su escolaridad en otros establecimientos, acompañando a las familias en ese proceso.
Pero Formar Futuro no fue una excepción.
— El Instituto Anunciación de María, ubicado en el barrio de Belgrano R, con seis décadas de historia educativa, cerró sus puertas en diciembre después de haber comunicado su decisión a las familias varios meses antes. Más de 200 familias resultaron afectadas.
— En Colegiales, el Instituto Virgen del Valle, otra escuela con servicios educativos desde inicial hasta secundaria y con larga trayectoria (funcionaba desde 1969), cerró a fines del año pasado.
— También en diciembre se conoció el cierre del jardín de infantes bilingüe Daddy Ross, en Monte Castro, que expresó en su comunicado oficial el dolor de “tener que comunicar una decisión difícil” tras 38 años de existencia.
— Otra institución que se sumó a esta lista fue el Instituto Coreano Argentino, en el barrio de Flores, que cesó sus actividades tras cincuenta años de trayectoria y se encontraba en pleno pago de indemnizaciones a docentes despedidos.
A estos casos se suman otros, como la Escuela Álamos, que no llegó siquiera a completar el ciclo lectivo de 2025, habiendo cerrado en junio pasado.
¿Por qué ocurren estos cierres? Dos causas estructurales
Si bien cada cierre tiene sus particularidades, desde distintos sectores educativos y gremiales se señalan dos factores de fondo que vienen empujando esta situación y que combinados generan un contexto especialmente desfavorable para las escuelas de gestión privada:
1. Crisis económica persistente
La prolongada crisis económica que atraviesa Argentina impacta de forma directa en las instituciones educativas privadas. Los costos operativos no dejan de crecer, la morosidad en el pago de cuotas se traduce en ingresos cada vez más inciertos, y muchos establecimientos —sobre todo los que reciben subsidios estatales— ven reducidos sus márgenes de maniobra financiera.
Las subvenciones que otorga el Gobierno porteño, por ejemplo, pueden cubrir parcialmente los gastos de funcionamiento y los salarios de docentes, pero no siempre son suficientes para compensar la caída de la matrícula o los atrasos en los pagos por parte de las familias. En varios de los colegios cerrados la estrategia para enfrentar estas dificultades fue incluso poner a la venta los edificios para afrontar indemnizaciones.
2. Una natalidad en descenso y menos estudiantes
El otro factor principal tiene que ver con la baja sostenida de la natalidad en la Ciudad de Buenos Aires y en el país en general, un fenómeno que provoca una reducción significativa de la demanda educativa.
Según datos oficiales del Ministerio de Educación porteño, la cantidad de alumnos que empezaron primer grado en CABA se redujo aproximadamente un 25% en los últimos cinco años, pasando de más de 41.000 niños en 2020 a poco más de 30.000 en 2025.
Además, informes del sector educativo estiman que esta tendencia se profundizará: se proyecta que la matrícula de primaria en CABA podría caer hasta un 34% entre 2023 y 2030, lo que convertiría a la jurisdicción en una de las tres del país con mayor descenso en términos relativos.
Estas cifras reflejan un cambio demográfico más amplio ligado a una caída general de la natalidad que, en niveles nacionales, se estima que podría implicar una reducción de hasta un 27% de la matrícula escolar primaria para 2030, equivalente a más de un millón de estudiantes menos en todo el país.
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En este escenario, muchas escuelas privadas —que dependen directamente de la cantidad de alumnos matriculados para sostener su estructura— ven seriamente comprometida su viabilidad. La caída de los nacimientos significa menos niños ingresando al sistema año tras año, lo que disminuye la base de estudiantes disponible para sostener tanto a las instituciones grandes como a las más pequeñas.
Reacción del Gobierno y nuevas reglas para los cierres
Frente a esta serie de cierres repentinos, las autoridades educativas porteñas intentaron poner orden mediante la promulgación de una nueva normativa: la Resolución N.º 92, publicada el 22 de enero en el Boletín Oficial de CABA.
Esta normativa establece que ninguna institución de gestión privada puede decidir la cancelación de su oferta educativa total o parcial sin una evaluación previa avalada por la Dirección General de Educación de Gestión Privada. Entre otras exigencias, la resolución obliga a:
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Informar anticipadamente sobre cualquier riesgo de continuidad institucional.
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Realizar reuniones con familias y docentes para explicar la situación, lineamientos y alternativas.
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Acreditar el cumplimiento de obligaciones laborales, especialmente en instituciones que reciben aportes estatales.
El objetivo es evitar decisiones intempestivas que dejen a las comunidades educativas desamparadas y garantizar que los alumnos puedan finalizar el ciclo lectivo o encontrar una alternativa adecuada para continuar sus estudios.
El impacto en docentes, familias y estudiantes
Los cierres no solo implican un cambio administrativo: tienen consecuencias humanas y materiales muy concretas. Docentes y personal no docente pierden sus puestos de trabajo y, en muchos casos, se quedan sin cobrar salarios ya devengados. Las familias se ven obligadas a buscar vacantes en escuelas que muchas veces ya no tienen cupo, sumando estrés y complicaciones económicas.
Los propios padres han expresado su frustración en redes sociales y en declaraciones públicas, relatando la desesperación de buscar alternativas educativas en medio de un calendario escolar ya avanzado y con la incertidumbre de qué pasará con las trayectorias educativas de sus hijos.
Conclusión: un problema estructural en construcción
Lo que al principio podía parecer un suceso puntual —el cierre de uno o dos colegios— hoy aparece como un reflejo de problemas más profundos: una confluencia de factores económicos, demográficos y estructurales que reformulan la educación privada en CABA y, por extensión, en otras regiones del país. La caída de la natalidad, los desafíos financieros y la necesidad de una mayor regulación para proteger a las comunidades educativas son temas que, como muestran estos casos, no son coyunturales, sino parte de una transformación más amplia del sistema educativo argentino en este comienzo de la década de 2020.
