El gobierno nacional, a través del Ministerio de Capital Humano, oficializará este lunes el despido de 800 trabajadores pertenecientes a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Se trata de empleados de planta permanente, muchos con entre 15 y 30 años de trayectoria en el Estado y formación especializada en políticas sociales.
Este recorte se enmarca en la aplicación de la Ley Bases, que le otorgó al Ejecutivo herramientas para disponer de personal estatal, eliminando garantías históricas de estabilidad laboral en la administración pública. En febrero, estos empleados fueron pasados a “disponibilidad” mediante una notificación por correo electrónico, que les impidió volver a sus puestos de trabajo. Desde entonces, el gobierno no les asignó nuevas funciones ni capacitaciones, pero les exigió permanecer «accesibles» durante su jornada laboral.
Esta medida profundiza el desmantelamiento de las políticas sociales del Estado argentino. La gestión de la ministra Sandra Pettovello ha vaciado gran parte de las iniciativas comunitarias del ministerio, como comedores populares, cooperativas, programas de género, salud, reciclado con inclusión, producción de alimentos y urbanización de barrios vulnerables. En cambio, la política social se ha reducido a dos programas puntuales: la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar. Aunque útiles, estas iniciativas se limitan a transferencias económicas individuales, sin un enfoque comunitario o territorial.
Uno de los cambios más significativos fue el cierre de los Centros de Referencia (CDR), que operaban en distintas provincias y permitían una atención directa a la población. Su clausura interrumpió el contacto territorial del Estado con los sectores más vulnerables. Las líneas telefónicas dispuestas para reemplazar esa atención están colapsadas, y las visitas domiciliarias de trabajadoras sociales han desaparecido. Áreas claves que respondían ante emergencias o catástrofes también fueron eliminadas.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ha venido impulsando acciones administrativas y legales para frenar los despidos. Ingrid Manfred, referente de ATE en el área de Desarrollo Social, expresó su preocupación por la situación, destacando que los cesanteados son trabajadores con carrera, concursos ganados y amplia experiencia. “Esta vez no fueron contratos temporarios: fueron a fondo contra trabajadores estables y con formación”, señaló.
En febrero, el mismo ministerio ya había despedido a otros 800 empleados contratados, además de dejar en disponibilidad a quienes ahora perderán definitivamente su empleo. Según Manfred, el gobierno justificó esta medida en nombre de una supuesta “optimización de recursos humanos”, que nunca se concretó: no hubo reubicaciones ni evaluaciones, solo desvinculaciones.
Durante estos meses, ATE presentó pedidos de reconsideración, proyectos de ley en el Congreso e incluso un recurso de amparo judicial, que todavía está pendiente. La semana pasada, una medida cautelar benefició a trabajadores despedidos del INTA, INTI y la Secretaría de Agricultura Familiar, lo que abre una posibilidad para el reclamo actual, aunque las perspectivas son inciertas. Lo que sí está claro, advierten desde el sindicato, es que los espacios de trabajo fueron desmantelados y muchas oficinas directamente cerradas, lo que refleja una política decidida de vaciamiento.
En resumen, el gobierno consolida una transformación profunda del Estado en materia de políticas sociales: desarticulando programas territoriales y comunitarios, eliminando puestos de trabajo con trayectoria y experiencia, y reduciendo la asistencia a simples transferencias de dinero sin acompañamiento real.
