La conmemoración anual de la Masacre de Trelew fue este año escenario de una fuerte controversia, luego de que el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, negara el permiso para que familiares de las víctimas realizaran su tradicional homenaje en el Penal de Rawson. El hecho, que se enmarca en el 53° aniversario de la masacre ocurrida en 1972 en la Base Aeronaval Almirante Zar, fue interpretado por los organizadores como una muestra más del cambio de postura del actual gobierno frente a las políticas de memoria, verdad y justicia.
La noticia fue recibida con sorpresa y malestar por parte de los organizadores del acto, quienes habían planificado el evento como cada año en el mismo espacio. La negativa, según denuncian, llegó apenas unas horas antes de la realización prevista, dejando sin margen para una reubicación o una alternativa adecuada.
“Estamos muy enojadas, para decirlo diplomáticamente”, expresó Silvia Pecci, una de las referentes del colectivo que impulsa cada año este homenaje. Para Pecci, la decisión no es un hecho aislado, sino una señal clara del retroceso que están sufriendo los espacios de memoria y el respeto por los derechos humanos bajo la actual gestión nacional.
La Masacre de Trelew, ocurrida el 22 de agosto de 1972, fue uno de los episodios más oscuros de la historia reciente argentina. En ese entonces, dieciséis militantes políticos fueron asesinados por fuerzas militares en la Base Almirante Zar, tras haber sido recapturados luego de un intento de fuga del penal de Rawson. El hecho es recordado año tras año con actos en los lugares clave, y especialmente en el penal, donde los familiares comparten reflexiones, recuerdos y reclamos de justicia.
Silvia Pecci subrayó que, en años anteriores, el pabellón del penal que albergaba a los presos políticos se transformó en una comunidad terapéutica para personas con adicciones, y que siempre hubo un espacio de convivencia respetuosa entre los internos actuales y los organizadores de la conmemoración. “Hemos compartido momentos muy gratos”, recordó. Sin embargo, este año, la autorización fue denegada sin mayores explicaciones.
Desde organizaciones de derechos humanos y familiares de las víctimas, la negativa fue interpretada como parte de una política deliberada del gobierno de Javier Milei de desarticulación de los espacios de memoria y revisión del pasado reciente. Patricia Bullrich, una figura históricamente controversial dentro del espectro político argentino, ha sido señalada por su postura crítica hacia lo que denomina “el curro de los derechos humanos”, y esta decisión parece reforzar esa línea.
El acto de conmemoración finalmente se realizó fuera del penal, en condiciones distintas a las habituales, pero con la misma carga simbólica y emocional. Sin embargo, los organizadores remarcaron que lo ocurrido este año no pasará desapercibido y que seguirán exigiendo el respeto por la memoria histórica y el derecho a recordar.
