La Obra Social de los Choferes de Camiones atraviesa una crisis que se hace cada vez más visible tanto puertas adentro de sus sanatorios como entre los afiliados que dependen de sus servicios. En el centro de las críticas aparece la figura de Liliana Zulet, esposa de Hugo Moyano, a cargo de la administración del sistema de salud del gremio. Empleados, profesionales y beneficiarios señalan un deterioro progresivo que no solo impacta en la calidad del servicio, sino también en la estructura interna de los centros de atención.
Un simple recorrido por los principales sanatorios de Oschoca alcanza para notar una escena inusual: pasillos, salas de espera y accesos con mucho menos movimiento del que se observa, desde temprano, en cualquier otro hospital o clínica. Quienes logran ser atendidos coinciden en que los médicos y el personal que aún permanece trabajan con un nivel de compromiso destacable. Sin embargo, subrayan una condición clave: eso solo ocurre cuando hay especialistas disponibles y turnos asignados, algo que dejó de ser habitual.
Muchos afiliados, con más de una década y media de aportes, mencionan que el declive no es reciente. Según sus testimonios, los problemas se arrastran desde hace más de diez años, coincidiendo con la gestión encabezada por Zulet. En ese período, se multiplicaron las renuncias de profesionales, la falta de insumos y un desorden administrativo que obliga a los pacientes a trasladarse grandes distancias para realizar estudios o incluso para obtener una autorización mínima.
Las quejas se repiten en cada sede. Un matrimonio que salía de la guardia del sanatorio de San Justo relató que, viviendo en Ciudad Evita, deben ir hasta Constitución para solicitar autorizaciones y luego a Caseros para estudios simples, como una radiografía. También señalaron que la cobertura de medicamentos pasó del 80% a porcentajes cercanos al 50% o incluso al 30%, pese a que los aportes se mantienen sin cambios.
En el Sanatorio San Justo, uno de los centros de referencia de Oschoca, los pacientes confirman que la falta de especialistas es grave: diabetes, neurología, kinesiología, reumatología e incluso odontología son áreas con escasa o nula disponibilidad. Tampoco funciona la guardia pediátrica. Frente a este panorama, muchos afiliados optan por pagar de su bolsillo consultas con profesionales externos, ya sea por necesidad o por la imposibilidad de conseguir turnos. Un afiliado contó que su turno con el único gastroenterólogo del centro se posterga semana tras semana porque el especialista no da abasto.
A la situación de los pacientes se suma la del personal. Esta semana, trabajadores de al menos dos sanatorios colocaron carteles para reclamar por el atraso en el pago de salarios. Sin embargo, muchos de ellos evitaron declarar o prefirieron no confirmar la situación, lo que refleja el clima de tensión interna. En el Sanatorio Antártida, una enorme estructura ubicada en Caballito y durante años presentada como una de las obras insignia del gremio, las autoridades optaron por el silencio cuando fueron consultadas.
La obra social tampoco brinda explicaciones. Ni desde Oschoca ni desde el sindicato se ofrecen precisiones sobre el funcionamiento de los centros médicos. Incluso desde el gremio de Sanidad, al que pertenece el personal de los sanatorios, prefieren minimizar la situación. Aseguran que “no hay conflicto”, aunque según se supo, solo se logró saldar el pago correspondiente al mes en curso y los atrasos continuarían arrastrándose durante los meses venideros.
Uno de los casos más emblemáticos del deterioro es el del Sanatorio 15 de Diciembre, en Liniers. Aunque la obra social aún lo incluye en su lista oficial de centros, dejó de atender pacientes hace más de una década. Una fuerte inundación lo dejó fuera de servicio y nunca volvió a habilitarse. Hoy, el edificio está tapiado y funciona únicamente como espacio administrativo.
Las historias de quienes necesitan atención ilustran el impacto humano de esta crisis. Daniel, afiliado desde hace años, dejó asentada la internación de su padre —un camionero jubilado— en el Sanatorio San Justo. Pese a su delicado estado de salud, no había camas disponibles. Además, le solicitaron que comprara por su cuenta los medicamentos necesarios durante la hospitalización, algo que antes la obra social proporcionaba. “Los mejores profesionales se fueron”, lamentó. A esto suma su propia dificultad para conseguir turnos con cardiólogos o especialistas básicos.
En Caballito, la estricta seguridad en los accesos del Sanatorio Antártida contrasta con la calma casi absoluta en su interior: en una hora, apenas entraron cinco pacientes. Los familiares de internados esperan en silencio en los sillones, mientras las enormes lámparas y los retratos de Eva Perón y Juan Domingo Perón dominan la escena. Detrás de esa apariencia imponente, las áreas de guardia y consultorios externos siguen sin estar habilitadas, pese a haber sido “inauguradas” en diversas ocasiones durante los últimos quince años.
Otros afiliados señalan que sanatorios como los de Liniers, Villa Martelli o Avellaneda están prácticamente fuera de servicio. Quienes viven en la zona norte o sur del conurbano se ven obligados a viajar a Burzaco o San Justo, donde los turnos se otorgan con demoras que pueden traducirse en horas de espera. Aun así, muchos subrayan el esfuerzo del personal que continúa trabajando, aunque admiten que la obra social “ya no es lo que era”.
En medio de la incertidumbre, la convicción es unánime: el sistema de salud de Camioneros atraviesa su peor momento en años, producto de atrasos salariales, falta de planificación, escasez de especialistas, renuncias constantes y un entramado administrativo que se volvió cada vez más ineficiente. Mientras tanto, miles de afiliados intentan adaptarse como pueden a un servicio que retrocede día tras día y que, según ellos, dejó atrás su época de mayor solidez.
