Este 18 de enero se cumplió una década desde la trágica muerte del fiscal federal Alberto Nisman, un caso que sigue siendo uno de los más emblemáticos y polémicos en la historia judicial y política reciente de Argentina. Como cada año, el aniversario se convirtió en escenario de fuertes cruces entre el Gobierno nacional —liderado por Javier Milei y su coalición libertaria— y el kirchnerismo, cuyos dirigentes redoblan la defensa de Cristina Fernández de Kirchner y cuestionan las hipótesis oficiales que apuntan a un homicidio.
En esta ocasión, la Oficina del Presidente difundió un comunicado oficial en el que sostiene, sin medias tintas, que Nisman fue “asesinado por lo más oscuro del poder”. La acusación recae directamente sobre la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien se responsabiliza de estar detrás de una supuesta conspiración para silenciar al fiscal que en 2015 había denunciado públicamente un encubrimiento en la causa AMIA.
Por su parte, desde el kirchnerismo la reacción no tardó en llegar. El senador Oscar Parrilli, uno de los voceros más combativos del sector, salió al cruce del gobierno y de los sectores judiciales que han impulsado la teoría del homicidio. “Todos los años aparecen sectores del macrismo, Patricia Bullrich, y del Poder Judicial, como Julián Ercolini y Eduardo Taiano, instalando en la prensa que el fiscal fue asesinado, sin presentar ninguna prueba, indicio o elemento que les dé algo de verosimilitud”, afirmó Parrilli en un duro comunicado replicado por dirigentes del peronismo.
El contexto político y judicial de una década de controversias
La muerte de Nisman, ocurrida el 18 de enero de 2015 en circunstancias que aún hoy no están del todo esclarecidas, fue un punto de inflexión en la política argentina. El fiscal había acusado a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros funcionarios de encubrir a los responsables del atentado terrorista a la AMIA —la Asociación Mutual Israelita Argentina—, que dejó 85 muertos en 1994 y sigue siendo uno de los episodios más dolorosos para la sociedad argentina.
El día antes de su muerte, Nisman se disponía a presentar ante el Congreso una denuncia detallada que profundizaba en esta acusación. La Oficina presidencial recordó este hecho en su comunicado, remarcando que la denuncia acusaba a la expresidenta de “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público” al supuestamente buscar proteger a los verdaderos responsables del atentado.
Desde entonces, la hipótesis oficial del caso ha oscilado entre la muerte accidental, el suicidio y el homicidio, alimentando debates públicos, judiciales y mediáticos que no han logrado un cierre definitivo. El Gobierno actual, fiel a su postura crítica hacia el kirchnerismo, se sostiene en la teoría del asesinato para denunciar la corrupción y la violencia institucional.
El cruce en redes y medios: Parrilli vs. Ercolini y Taiano
El senador Parrilli no solo se limitó a negar la hipótesis del homicidio, sino que cuestionó duramente a los principales actores judiciales que impulsan esta línea de investigación. En sus redes sociales escribió: “Lo que estamos viendo es que se mató y están inventando un supuesto homicidio”.
Su crítica apuntó especialmente al juez federal Julián Ercolini y al fiscal Eduardo Taiano, responsables de la investigación actual. “Alguien dijo que se vuelve de cualquier lugar menos del ridículo. El aforismo parece hecho a medida para ellos”, ironizó Parrilli, reafirmando la desconfianza del kirchnerismo en el Poder Judicial.
Uno de los puntos que Parrilli utilizó para poner en duda la acusación fue la situación procesal de Diego Lagomarsino, el técnico informático que entregó el arma con la que murió Nisman. “Resulta que Lagomarsino es imputado como partícipe necesario del homicidio, pero no estuvo ni un solo día preso por semejante delito. No estoy pidiendo que lo metan preso, solo estoy señalando lo insostenible de la mentira”, afirmó.
Una década sin respuestas concluyentes
A diez años del hecho, la muerte de Nisman sigue siendo un tema que divide aguas en la política y en la sociedad argentina. Mientras el Gobierno y sus aliados hablan de un asesinato político para silenciar a quien denunció una trama de encubrimiento de terrorismo, el kirchnerismo mantiene la hipótesis del suicidio y denuncia una persecución política judicial que busca afectar la imagen de Cristina Fernández de Kirchner.
Este aniversario recordó también la profunda crisis institucional que generó el caso, el impacto en la opinión pública y la continua demanda de justicia por parte de los familiares y sectores de la sociedad civil.
El debate político en torno al aniversario
El gobierno libertario, en un comunicado difundido desde la Oficina del Presidente, enfatizó que Nisman fue víctima de “lo más oscuro del poder”, insistiendo en que su muerte fue un asesinato para proteger intereses políticos y económicos. Este discurso se enmarca en la retórica oficialista que vincula a Cristina Fernández de Kirchner y a sectores del peronismo con prácticas corruptas y autoritarias que intentan silenciar voces incómodas.
Por su parte, desde el Frente de Todos y las fuerzas kirchneristas, la respuesta fue inmediata y contundente. El senador Parrilli y la titular del PJ señalaron que la teoría del asesinato es una “mentira” sin fundamento y una estrategia que se repite año tras año para “instalar un relato falso” en los medios de comunicación. Reivindican que la causa judicial no ha probado que el fiscal fuera asesinado y denuncian una “persecución política” por parte del Poder Judicial y sectores opositores.
El legado político y judicial de un caso que marcó la agenda argentina
El caso Nisman no solo dejó heridas abiertas en la familia judicial y política argentina, sino que también marcó un antes y un después en la relación entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, poniendo en evidencia la crisis de credibilidad y la fragmentación que atraviesa el sistema político.
A diez años, la causa sigue abierta y con procesos judiciales en marcha, aunque sin una resolución definitiva que satisfaga a todas las partes. El debate sobre la verdad judicial y política permanece vigente, con discursos enfrentados que continúan reproduciéndose cada aniversario y que mantienen viva la polarización social.
Conclusión
La conmemoración del décimo aniversario de la muerte de Alberto Nisman vuelve a colocar en el centro del debate público y político un tema cargado de simbolismo para la Argentina contemporánea. Los cruces entre el gobierno libertario y el kirchnerismo no solo reflejan diferencias políticas profundas, sino también una disputa por la memoria y la interpretación de un hecho que condiciona la dinámica política y judicial nacional.
Mientras el Gobierno sostiene la teoría del homicidio como un hecho que desnuda las sombras del poder, el kirchnerismo defiende la inocencia de la expresidenta y denuncia una campaña sistemática de persecución y desinformación. En medio de estas tensiones, la búsqueda de una verdad judicial y social sigue siendo uno de los grandes desafíos para la democracia argentina.
