Una auditoría que desmiente al Gobierno
El diario Página/12 accedió a un documento interno del Ministerio de Capital Humano, fechado el 19 de diciembre del año pasado —durante los primeros días del gobierno de Javier Milei— que revela un escenario muy distinto al que públicamente se proclamaba. Según este informe, los depósitos estatales ya contenían al menos una tonelada de víveres y otros recursos listos para ser distribuidos, lo cual contradice categóricamente la afirmación del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien el 10 de enero ante Diputados declaró: “Cuando nos hicimos cargo del Gobierno no había ni un elemento en los depósitos del Ministerio de Desarrollo Social”
¿Qué contenían esos depósitos?
Según la auditoría interna, para el 12 de diciembre había grandes cantidades de alimentos en Villa Martelli:
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462.539 litros de leche en polvo
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406.868 kg de pan dulce
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452.097 litros de aceite
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559.780 kg de pasta de maní
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1.770.618 kg de yerba mate
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Variedad de productos como arroz con carne, fideos, lentejas, huevo en polvo y puré de tomate.
Además, no se trataba solo de alimentos: los depósitos guardaban también frazadas, colchones, electrodomésticos, juguetes, anafes, heladeras, inodoros, e incluso hornos profesionales. En Tafí Viejo (Tucumán), se encontraron: 94.006 litros de aceite, 152.965 kg de yerba mate, 228.100 kg de garbanzos y 817.849 litros de leche en polvo.
El escándalo estalla, entre demoras y argucias
A partir de esta revelación, múltiples tensiones se encendieron. El juez federal Sebastián Casanello ordenó al ministerio que, en menos de 72 horas, presentara un plan de reparto inmediato de los alimentos según cantidades, fechas de vencimiento y destinatarios.
El vocero oficial, Manuel Adorni, trató de mitigar el impacto declarando: “Efectivamente esos alimentos existen… no están por vencerse”, y luego argumentó que estaban reservados “para emergencias o catástrofes”. Sin embargo, estas explicaciones generaron todavía más indignación, especialmente porque se conoció que en casos como las inundaciones en Bahía Blanca o Corrientes no se repartió absolutamente nada.
Justicia e internas en aumento
La Cámara Federal confirmó la medida cautelar contra el Ministerio, ordenando informar el stock, entregas y cronogramas, mientras renuncias y despidos se multiplicaban en su interior.
En paralelo, organizaciones como UTEP, encabezadas por Juan Grabois, pidieron inspecciones oculares en los depósitos acusando una inmoralidad e ilegalidad en el acopio PAGINA12+1. También se investiga si hubo irregularidades graves, como condicionamientos políticos para acceder a alimentos o desviaciones de fondos.
Cifras que alarman y vencimientos inminentes
Las cifras acumuladas son estruendosas: se calcula que hay unas 5 mil toneladas de alimentos guardadas, incluyendo más de 924 970 kg de leche en polvo, de los cuales 339 867 kg vencen en julio próximo.
El juez insistió en obtener los registros del stock, entregas y vencimientos, y advirtió sobre posibles allanamientos si no se cumplía.
El colapso interno: despidos y desmoronamiento del Estado social
En medio del escándalo, Capital Humano se desmorona políticamente. Según Página/12, más del 50% del staff del ministerio fue despedido, lo que implicó la eliminación de áreas clave como Políticas Sociales, Emergencia y Economía Social —dejando casi solo la AUH y la Tarjeta Alimentar funcionando.
El desguace institucional se extiende a múltiples subsecretarías: Niñez, innovación social, medicamentos gratuitos, asistencia crítica y depósitos, entre otros.
Conclusión: entre despilfarro, desidia e injusticia
Este escándalo no solo expone contradicciones políticas graves, sino que pone bajo la lupa el modelo de asistencia social del gobierno, que en lugar de garantizar derechos, terminó ocultando recursos vitales cuando la población más vulnerable los necesitaba con urgencia.
Si bien el Gobierno intenta justificar el acopio como reserva estratégica, las fechas y situaciones concretas (inundaciones, temporales y cortes sociales) exponen una omisión grave y posiblemente ilegal. La justicia, las organizaciones y la sociedad están expectantes sobre la investigación que puede poner en jaque no solo a la ministra Pettovello, sino a la credibilidad del gabinete.
