El gobierno de Javier Milei ha respondido con una preocupante ofensiva autoritaria al escándalo desatado por la filtración de audios que revelan presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), en el corazón mismo de la Casa Rosada. La estrategia oficial combina censura judicial, denuncias penales y civiles contra periodistas y abogados, y una narrativa conspirativa que involucra supuestas injerencias extranjeras de países como Rusia, Venezuela, Bolivia e incluso de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
El caso tiene como eje a Diego Spagnuolo, exfuncionario desplazado tras la difusión de grabaciones en las que se hace referencia al presunto cobro del «3 por ciento para Karina», en alusión a la secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario. Aunque los audios implican a miembros del círculo íntimo libertario y exponen internas feroces dentro de La Libertad Avanza (LLA), el gobierno ha optado por no responder directamente a las acusaciones, sino por lanzar una campaña legal y mediática para silenciar el escándalo.
Censura y medidas judiciales
La respuesta oficial incluyó una denuncia penal firmada por Fernando Soto, mano derecha de Patricia Bullrich, que fue rápidamente avalada por la Casa Rosada y replicada por el propio presidente en redes sociales. Allí se solicita la prohibición total de difusión de los audios, no solo los que involucran a Karina Milei, sino a cualquier funcionario o exfuncionario, con el argumento de que su divulgación «altera el proceso electoral» y genera «alarma pública».
La acción judicial recayó en el juzgado de Julián Ercolini y la fiscalía de Carlos Stornelli, dos nombres vinculados históricamente al macrismo en Comodoro Py. Paralelamente, en el fuero civil, el juez Alejandro Maraniello dictó una medida cautelar que prohíbe la publicación de los audios atribuidos a Karina Milei, pese a que no escuchó el contenido ni se corroboró el origen de las grabaciones. Maraniello, que enfrenta múltiples denuncias por acoso y abuso, parece haberse alineado con el oficialismo en un intento por proteger su posición ante el Consejo de la Magistratura.
Persecución y teorías conspirativas
El gobierno no se detuvo en la justicia. También impulsó allanamientos contra periodistas como Mauro Federico y Jorge Rial, y contra el canal de streaming Carnaval, que difundió parte del material. La denuncia civil también apunta contra Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, y al abogado Franco Bindi, pareja de la diputada Marcela Pagano, a quien se acusa de conspirar contra el oficialismo.
La acusación se completa con una extravagante teoría conspirativa: el gobierno sostiene que todo forma parte de un plan del kirchnerismo con apoyo geopolítico de Rusia, Venezuela, Bolivia, Cuba y Nicaragua, en una maniobra que comparan con supuestas interferencias electorales en Europa. Sin embargo, la denuncia no incluye pruebas concretas ni menciones a los hechos de fondo: la compra de medicamentos, los presuntos sobornos, ni las declaraciones de personas como Juan Carlos Pallarols o Hayden Davis, que apuntan directamente a Karina Milei.
Interna libertaria y censura transnacional
Lejos de aclarar la situación, la respuesta oficial parece tener como único objetivo tapar el escándalo. El contenido de los audios, que habría sido grabado por personas del propio entorno libertario, revela una interna feroz dentro de LLA, con acusaciones cruzadas sobre enriquecimiento y manejo discrecional de fondos y cargos. La actitud errática de Spagnuolo, su cercanía al círculo de Milei y sus confesiones, apuntan a una trama interna que ahora el gobierno intenta frenar a través del silencio forzado.
La censura judicial en Argentina ha generado repercusiones internacionales. El periodista uruguayo Eduardo Preve, de Radio M24, anunció que difundirá nuevos audios desde Uruguay, eludiendo así la prohibición vigente en territorio argentino.
Críticas al cercenamiento de la libertad de expresión
Referentes del derecho constitucional han cuestionado con dureza estas medidas. Andrés Gil Domínguez calificó la decisión judicial como «censura previa inadmisible», mientras que el abogado Pedro Camino advirtió que la protección de la intimidad no puede usarse para impedir la difusión de información de interés público. Ambas voces coinciden en que la medida atenta contra principios básicos del Estado de Derecho y la libertad de prensa.
En definitiva, el escándalo de las coimas en Discapacidad no solo ha desnudado una lucha interna en el oficialismo, sino que ha expuesto una preocupante deriva autoritaria del gobierno, que prioriza el control del discurso público antes que la transparencia o la rendición de cuentas. Con las elecciones a la vuelta de la esquina y la imagen presidencial en caída, la ofensiva judicial y mediática parece más un intento desesperado por controlar daños que una búsqueda genuina de justicia.
