Tras el derrumbe ocurrido a comienzos de marzo en un complejo habitacional del barrio porteño de Parque Patricios, la Justicia dispuso que algunos vecinos puedan regresar a sus departamentos. Sin embargo, lejos de generar alivio, la medida despertó desconfianza y rechazo entre la mayoría de los damnificados, quienes consideran que aún no están dadas las condiciones mínimas de seguridad para volver a habitar el lugar.
El episodio se originó cuando una losa de grandes dimensiones cedió en el sector de cocheras subterráneas del complejo conocido como Estación Buenos Aires. El colapso provocó importantes daños materiales, destruyó vehículos y obligó a evacuar a cientos de residentes. Desde entonces, las familias afectadas fueron reubicadas provisoriamente en distintos hoteles de la ciudad, mientras se desarrollaban peritajes técnicos y tareas de evaluación estructural.
Luego de más de dos semanas de incertidumbre, la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.º 31 resolvió autorizar un reingreso parcial al predio. Esta decisión se basó en informes elaborados por especialistas que inspeccionaron el estado del lugar junto a organismos oficiales. No obstante, la habilitación es limitada: solo alcanza a determinadas áreas consideradas seguras dentro del denominado Sector 2, mientras que el resto del complejo continúa clausurado y bajo vigilancia.
A pesar de esta resolución, los vecinos expresaron fuertes reparos. Uno de los principales motivos es la falta de servicios esenciales en los edificios. Según relataron, en muchos departamentos aún no hay suministro de electricidad, gas ni agua, y las tareas para restablecerlos avanzan lentamente, ya que deben realizarse unidad por unidad con personal especializado. Esta situación genera incertidumbre sobre cómo podrían retomar la vida cotidiana en esas condiciones.
Además, quienes residen en el complejo denuncian que las obras de reparación siguen en curso, lo que implicaría convivir con zonas restringidas, maquinaria y riesgos potenciales. Algunos aseguran que se les entregaron planos con indicaciones sobre qué sectores pueden utilizar y cuáles están prohibidos, lo que consideran incompatible con una vida normal. En ese sentido, varios vecinos remarcan que el impacto emocional del derrumbe todavía es muy fuerte y que regresar en estas circunstancias agravaría esa situación.
La desconfianza también se vincula con el origen de los informes técnicos que avalaron el reingreso. Algunos damnificados cuestionan que estos estudios hayan sido realizados por profesionales vinculados a la empresa constructora, lo que pone en duda su imparcialidad. A esto se suma el antecedente de problemas estructurales previos, como filtraciones en distintas partes del edificio que, según sostienen, no fueron solucionadas de manera adecuada.
Otro punto de conflicto es la comunicación con las autoridades. Varios vecinos señalaron que se enteraron de la habilitación a través de los medios de comunicación y no mediante canales oficiales. También criticaron la falta de presencia de funcionarios, representantes de la empresa constructora o responsables legales que puedan brindar explicaciones claras sobre la situación actual y los pasos a seguir.
En paralelo, el operativo para facilitar el regreso de las familias también presenta complicaciones. Si bien el gobierno porteño dispuso transporte y asistencia logística para trasladar a los evacuados desde los hoteles hasta sus viviendas, la implementación se encuentra demorada. Mientras tanto, muchos residentes optaron por no aceptar los traslados y permanecer en los alojamientos temporales hasta que haya garantías más firmes.
El temor es un factor determinante en la decisión de no regresar. Algunos vecinos relataron que frecuentaban la zona donde ocurrió el derrumbe y que el hecho pudo haber tenido consecuencias mucho más graves. Otros indicaron que existen problemas similares en sectores como terrazas, donde también se observan filtraciones, lo que incrementa la preocupación sobre la estabilidad general de la estructura.
En este contexto, entre los residentes circula una recomendación generalizada: no volver a los departamentos hasta que se confirme de manera contundente que el lugar es completamente seguro. La prioridad, coinciden, es evitar nuevos riesgos y contar con certezas antes de retomar la vida en el complejo.
Mientras tanto, la investigación judicial continúa para determinar las causas del derrumbe y posibles responsabilidades. La causa está caratulada como estrago culposo y busca establecer si hubo negligencia en la construcción, el mantenimiento o las obras que se realizaban en el lugar al momento del colapso.
Así, el conflicto sigue abierto. Por un lado, las autoridades intentan avanzar con una normalización gradual de la situación; por el otro, los vecinos priorizan la seguridad y exigen respuestas claras antes de regresar. La tensión entre ambas posturas refleja la complejidad de un caso en el que todavía persisten dudas, temores y reclamos sin resolver.
