En las primeras horas de este martes, un serio incidente estructural en el barrio porteño de Parque Patricios encendió las alarmas de las autoridades y de cientos de vecinos. Se produjo un derrumbe dentro de un complejo habitacional que forma parte del programa de viviendas PRO.CRE.AR, ocasionando el colapso parcial del estacionamiento subterráneo del edificio. Aunque no se reportaron víctimas fatales ni heridos de gravedad, el impacto material y la incertidumbre generada en las familias afectadas desencadenaron un operativo de emergencia de gran magnitud y la apertura de una causa penal por parte de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.
El desplome ocurrió alrededor de las 4:45 de la madrugada en un conjunto residencial ubicado en la calle Mafalda al 900. Por causas que aún se investigan, una porción significativa de la losa que cubre las cocheras del subsuelo cedió, provocando que se hundiera parte del terreno interno del patio. La caída de la estructura afectó decenas de vehículos estacionados y generó un escenario de riesgo potencial para quienes vivían en el edificio y en las construcciones linderas.
Fuentes oficiales indicaron que la fiscal penal, contravencional y de faltas número 31, María del Rosario Selvatici, tomó el caso bajo la calificación de estrago, delito que implica un peligro colectivo significativo. En ese marco, ordenó la recopilación de documentación relacionada con la obra, incluidos los permisos de construcción, planos, certificaciones y registros de diseño, así como la identificación del equipo técnico involucrado, como el ingeniero responsable y el administrador de la obra. También requirió las filmaciones de las cámaras de seguridad del complejo por un lapso de 30 días hacia atrás, así como desde el inicio de la construcción, con el fin de reconstruir las circunstancias que pudieron derivar en el colapso.
El derrumbe no pasó desapercibido para los residentes. Cerca de 200 personas fueron evacuadas de manera preventiva por los cuerpos de emergencia que arribaron al lugar, entre ellos bomberos de la Ciudad, grupos especializados de rescate y unidades técnicas que evaluaron la estructura. El operativo también incluyó la presencia de la Guardia de Auxilio y equipos de atención del SAME, que se encargaron de asistir a los vecinos para constatar su estado de salud y asegurar su integridad física.
Pese a que no se registraron heridos, la magnitud del colapso generó pérdidas materiales importantes. Los primeros testimonios de los residentes señalan que más de 60 vehículos quedaron atrapados bajo los escombros y afectados por el hundimiento de la losa. Muchos de ellos estaban estacionados dentro de las cocheras cuando las losas cedieron, y aún se trabaja para garantizar que la estructura sea segura antes de permitir el regreso de los vecinos.
Los testimonios de quienes vivieron la experiencia reflejan el impacto emocional y la sorpresa que provocó el evento. Algunos vecinos aseguraron que el patio colapsó de manera repentina, sin advertencias previas visibles, mientras que otros apuntaron a posibles problemas de filtración de agua en sectores del estacionamiento que se estaban arreglando antes del derrumbe. Según estas versiones, las labores de mantenimiento que se realizaban en el lugar por filtraciones podrían haber debilitado la estructura, aunque esta hipótesis todavía debe ser confirmada por los peritos técnicos.
El complejo donde se produjo el incidente integra el predio de Estación Buenos Aires, un desarrollo urbano de gran escala que comprende decenas de edificios residenciales, miles de departamentos, cocheras y locales comerciales. La magnitud de la infraestructura y la concentración de vecinos hicieron que la respuesta de los equipos de emergencia fuera inmediata y coordinada, con el objetivo de minimizar los riesgos y garantizar la seguridad de todos los habitantes del sector.
Además de las tareas de rescate y evacuación, las autoridades cortaron los suministros de electricidad y agua en el edificio para reducir cualquier riesgo adicional, como cortocircuitos, fugas o incendios. La división K9 de búsqueda entre escombros también fue movilizada para descartar la presencia de personas atrapadas, aunque no se reportó ninguna situación de ese tipo.
La investigación judicial se encuentra en sus etapas iniciales, con medidas dirigidas a recabar pruebas y determinar si hubo negligencia, vicios de construcción, irregularidades en los permisos o fallas en la supervisión técnica que pudieron contribuir al colapso. La documentación solicitada incluye no solo los planos y autorizaciones formales, sino también informes de ingenieros y registros administrativos que permitan esclarecer responsabilidad y establecer eventuales sanciones o demandas civiles y penales.
El impacto del incidente no se limita solo al ámbito jurídico y estructural. Familias que fueron evacuadas narraron las dificultades que enfrentan al quedarse momentáneamente sin acceso a sus hogares, con pertenencias y mascotas fuera de alcance y con la incertidumbre sobre cuándo podrán volver a sus departamentos. En algunos casos, vecinos con necesidades médicas especiales se encontraron con el desafío adicional de reubicar equipos o medicamentos que quedaron en sus viviendas al momento de la evacuación.
Mientras tanto, el caso sigue siendo un foco de atención para residentes, autoridades y técnicos, que deberán cooperar para reconstruir lo sucedido y garantizar que situaciones similares no vuelvan a repetirse. La causa por estrago abierta por la fiscalía promete arrojar luz sobre las causas y responsabilidades, al tiempo que las familias afectadas esperan poder reconstruir su vida cotidiana después de una madrugada que quedó marcada por el desplome inesperado de una estructura que debería haber garantizado seguridad y estabilidad.
