En los últimos meses, la medición de la inflación se metió de lleno en la pelea interna del Gobierno. Todo empezó cuando Analía Calero, la entonces directora de Estadísticas de Precios del INDEC, fue despedida sin explicaciones claras. Oficialmente se habló de “diferencias en formas de trabajo y manejo de equipos”, pero muchos vieron detrás un conflicto más profundo: las tensiones entre Marco Lavagna, al frente del organismo, y el presidente Javier Milei, que presiona para frenar cambios en la metodología del índice de precios.
Calero, lejos de quedarse callada, publicó una nota en su LinkedIn evaluando su gestión. Allí destacó que lideró un equipo de 212 personas, mejoró condiciones laborales y capacitaciones, y avanzó en proyectos clave: la actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC), del Índice de Salarios y de la canasta de pobreza por ingresos. Incluso recordó que el nuevo IPC tuvo resultados positivos en las misiones del FMI, y que el cambio buscaba reflejar con más precisión el costo de vida de los hogares. Su mensaje, entre agradecido y crítico, deja la sensación de que su salida también tiene que ver con la demora en la publicación de un índice más realista.
El meollo de la discusión está en cómo se ponderan los distintos rubros del IPC. Hasta ahora, se usaba una canasta de 2004; la nueva actualización llevaría esos números a 2018, modificando el peso de servicios, tarifas, alimentos y otros. Por ejemplo, Vivienda y Servicios pasarían de representar un 9,4% a un 14,5% del índice, Transporte de 11% a 14,3%, mientras que Salud bajaría del 8% al 6,4% y Alimentos del 26,9% al 22,7%. En otras palabras, servicios y transporte, que subieron más que la inflación promedio, tendrían más peso, y alimentos, que crecieron menos, perderían relevancia. Todo esto podría mostrar un índice más alto del que actualmente publica el Gobierno, y ahí es donde Milei decidió poner freno.
Hoy, el nuevo IPC medirá 500 mil precios frente a los 320 mil actuales, pero la publicación sigue sin fecha. Ni Lavagna ni personas cercanas dan respuestas claras. La demora se da justo cuando la inflación nominal baja, pero los hogares siguen sintiendo que la plata no alcanza: gran parte de los ingresos se va en servicios y tarifas que suben mucho, y la gente reclama que el índice no refleja esa realidad.
La nota de Calero también habla de “eventuales contingencias” y del compromiso de su equipo para sortearlas. Destaca los avances que lograron: algunos proyectos partieron de cero y avanzaron entre un 80% y un 100% durante su gestión. De paso, deja un mensaje claro: el nuevo IPC está listo y profesional, pero las decisiones políticas lo mantienen retenido.
En resumen, lo que se discute no es solo un número: es cómo se refleja la vida cotidiana de los argentinos en la inflación oficial. El conflicto entre Lavagna y Milei muestra el choque entre la necesidad de un índice más realista y la obsesión del Gobierno por mantener bajas las cifras. La salida de Calero y la demora del nuevo IPC dejan a la vista que, detrás de los números, la política sigue jugando fuerte
