Una jornada histórica se vivió en el Senado, donde la Cámara Alta dejó sin efecto el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad y volvió a convertirla en ley. Con 63 votos afirmativos y apenas 7 en contra, el Congreso logró por primera vez en 22 años revertir un veto del Poder Ejecutivo, lo que representa un fuerte revés para el gobierno de Javier Milei, que mientras tanto se encontraba de viaje en Estados Unidos.
Este nuevo capítulo legislativo se da en un contexto de creciente malestar social y político, atravesado por el escándalo de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y por los recortes que han afectado directamente a uno de los sectores más vulnerables del país: las personas con discapacidad.
La ley, que había sido aprobada en julio sin votos negativos, había sido vetada por el Ejecutivo, lo que generó una inmediata reacción de los colectivos vinculados a la discapacidad, familiares y profesionales del sector. Durante el debate en el Senado, en las afueras del Congreso cientos de personas se congregaron para reclamar la vigencia de la norma, compartiendo sus testimonios sobre la dificultad de sostener tratamientos, la pérdida de pensiones y la precarización del sistema de atención. La emoción se hizo sentir con frases como la de una madre que, entre lágrimas, dijo: “Karina Milei, te invito a vivir un mes como una persona con discapacidad”.
En el recinto, el debate se centró en la necesidad urgente de responder a una situación crítica que afecta a miles de familias. La oposición logró el respaldo necesario para alcanzar los dos tercios requeridos y ratificó la ley. Unión por la Patria aportó casi la totalidad de sus senadores, al igual que la UCR y los bloques provinciales. Solo cinco libertarios y dos aliados externos, Carmen Rivero (PRO Córdoba) y Francisco Paoltroni, respaldaron el veto.
La norma, que ahora debe ser promulgada de forma obligatoria por el Ejecutivo, declara la emergencia hasta diciembre de 2026 e incluye la actualización automática de los valores del nomenclador de prestaciones según el índice de inflación, además de una recomposición retroactiva de los aranceles a partir del 1° de diciembre de 2023. Desde Casa Rosada ya analizan estrategias legales para judicializar su aplicación, lo que podría abrir un nuevo conflicto institucional.
Durante el debate, también se cruzaron acusaciones por el escándalo de las coimas en la ANDIS. La senadora del PRO, Guadalupe Tagliaferri, afirmó: “La plata sale del sobreprecio y la coima”, en referencia al financiamiento de la ley, apuntando contra el argumento oficial de que no hay recursos presupuestarios. Cabe recordar que el presidente Milei gobierna por segundo año sin presupuesto aprobado.
En paralelo, el Senado también aprobó —con 56 votos a favor— una reforma a la Ley 26.122, que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), otra herramienta central del Gobierno para avanzar sin pasar por el Congreso. Esta modificación, que ahora debe ser tratada en Diputados, busca establecer límites claros a los DNU: fija un plazo de 90 días para su tratamiento legislativo, permite que con el rechazo de una sola cámara queden sin efecto, prohíbe que se dicten decretos similares durante un año y restringe la emisión de DNU “ómnibus” como el polémico 70/2023.
Durante el debate, varios legisladores justificaron el cambio en la ley como un acto de defensa institucional. Martín Lousteau advirtió sobre el poder desmedido que hoy tienen los DNU y citó el caso del decreto 383/24, que habilita tareas de inteligencia a la Policía Federal. “El problema no es si el Presidente tiene autoridad, sino si su poder es ilimitado”, aseguró.
Anabel Fernández Sagasti, senadora de Unión por la Patria, cerró el debate señalando que el Ejecutivo se ha arrogado funciones legislativas en contra de la Constitución. Por su parte, el jefe de bloque libertario, Ezequiel Atauche, acusó a la oposición de querer “quitarle herramientas constitucionales al Presidente” en un contexto de minoría parlamentaria.
En este clima de creciente tensión entre el Congreso y el Ejecutivo, también se postergó la discusión del pedido de interpelación a Karina Milei. La propuesta impulsada por el senador Sergio Leavy será retomada en la próxima sesión del 18 de septiembre. El senador José Mayans afirmó: “No es la hermana del Presidente, es el Presidente. Él la utiliza. No sabemos qué deuda tiene con ella que siempre busca saldar”.
El día concluyó con un claro mensaje del Congreso: hay límites al poder presidencial y la sociedad, especialmente la más vulnerable, no está sola. El desafío ahora será que la ley se aplique en tiempo y forma, y que el Estado garantice los derechos que ha jurado proteger.
