En un gesto que anticipa una segunda etapa de su mandato, el gobierno del presidente Javier Milei se comprometió a avanzar con una profunda reforma laboral que implicaría la pérdida de numerosos derechos adquiridos por los trabajadores argentinos. La promesa fue realizada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, durante el Coloquio de IDEA que se celebra en Mar del Plata, ante un auditorio colmado de empresarios y figuras del círculo rojo económico.
La iniciativa oficial —que se concretaría mediante un proyecto de ley a enviarse después de las elecciones del 26 de octubre— contempla, entre otros puntos, la eliminación de los convenios colectivos de trabajo, la supresión de las paritarias y la posibilidad de despedir empleados sin indemnización, entre otras modificaciones de gran calado que cambiarían radicalmente el régimen laboral vigente en el país. La propuesta sería presentada al Congreso después del recambio legislativo del 10 de diciembre, momento en el que el oficialismo espera contar con una composición parlamentaria más favorable a sus planes de reforma.
El nuevo rumbo: desregulación del trabajo y flexibilización
Según lo expuesto por Adorni en su discurso, el gobierno considera que, superada la etapa de «estabilización macroeconómica» —tras lo que denominan el caos fiscal, monetario y cambiario heredado—, ahora es momento de avanzar en reformas estructurales. Entre ellas, se encuentra la reforma laboral, la cual, según el oficialismo, busca “mejorar la competitividad” de la economía nacional.
Adorni aseguró que uno de los principales objetivos es “liberar” el mercado laboral, reduciendo la “rigidez” que, a su entender, impide que las empresas generen empleo de manera dinámica. En esa línea, remarcó que se busca “eliminar las trabas” para contratar y despedir, así como reducir lo que calificó como una “excesiva judicialización de las relaciones laborales”.
Ejes centrales de la reforma
Aunque los detalles aún no están definidos en un texto legal concreto, lo que se adelantó hasta el momento permite delinear los puntos más controversiales de la futura normativa:
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Eliminación de las paritarias: las negociaciones colectivas serían reemplazadas por tratos directos entre empresarios y sindicatos, lo que podría debilitar la capacidad de negociación de los trabajadores y abrir la puerta a acuerdos desiguales.
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Fin de la indemnización por despido: se estudia reemplazar la indemnización tradicional por un fondo de cese laboral, financiado en cuotas mensuales por los propios trabajadores, según un esquema similar al que se implementó en algunos sectores con la Resolución General 1071/2025 de la CNV.
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Limitación de los juicios laborales: se propone restringir por ley las posibilidades de iniciar acciones judiciales contra empleadores, incluso en casos de despido arbitrario o situaciones de abuso.
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Supresión de los convenios colectivos de trabajo: los acuerdos sectoriales vigentes podrían ser eliminados, dejando a cada trabajador en una posición de negociación individual.
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Posibilidad de cobrar sueldos en monedas extranjeras: en línea con la ideología libertaria del oficialismo, se contempla permitir que los salarios puedan ser abonados en dólares u otras divisas, como expresión de “libertad de elección”.
Una promesa para los empresarios, con condiciones políticas
El anuncio de esta ambiciosa reforma se produce en un momento donde el oficialismo intenta recuperar la iniciativa política tras varios traspiés, incluyendo escándalos de corrupción y una reciente derrota electoral en la provincia de Buenos Aires. Según dejó entrever Adorni, esta agenda de reformas busca no sólo modificar el mercado de trabajo, sino también reforzar alianzas políticas en el Congreso, como ocurrió con la polémica Ley Bases.
El apoyo del sector empresarial no tardó en manifestarse. Desde el Coloquio de IDEA, el presidente del evento, Mariano Bosch, reclamó “reglas claras para invertir” y valoró positivamente la dirección planteada por el Gobierno. A su vez, figuras como el ex presidente Mauricio Macri comenzaron a dar señales de acompañamiento a esta agenda. Macri señaló que, tras las elecciones, su espacio buscará “plantear metas concretas e inmediatas”, entre las que la reforma laboral ocupa un lugar central.
Incluso desde Estados Unidos, el respaldo no se hizo esperar. El ex presidente Donald Trump se expresó favorablemente a las reformas, pero dejó claro que todo depende del respaldo popular que obtenga el oficialismo en las urnas el 26 de octubre.
Críticas desde la oposición y el sindicalismo
Las reacciones desde los sectores políticos y sindicales fueron contundentes. El senador de Fuerza Patria, Mariano Recalde, sostuvo que la propuesta es una “confesión” del Gobierno de que prioriza los intereses empresariales por sobre los de los trabajadores. En declaraciones al diario Página/12, afirmó que la única manera de generar empleo genuino es con políticas que impulsen la industria y el desarrollo económico, no con recortes de derechos laborales.
Recalde también denunció que el plan económico actual ha provocado la pérdida de más de 200.000 puestos de trabajo en menos de dos años y una fuerte precarización del empleo que se mantiene. “Gobiernan para la timba financiera, no para los que viven de su salario”, remarcó.
Desde la CGT, también se expresaron con dureza. Jorge Taiana, candidato a diputado por Fuerza Patria, encabezó un acto en la sede de la central obrera para rechazar lo que calificó como una reforma que “retrocede derechos y profundiza la precarización laboral”. En ese mismo evento, Sergio Palazzo, del gremio bancario, recordó que Milei se jactó de no haber presentado el proyecto aún porque “es tan bueno que lo anunciará después de la elección”, lo cual, según él, es una clara muestra de que busca ocultar su contenido por tratarse de una medida impopular.
El antecedente inmediato: Ley Bases y la justicia laboral
Un primer intento de reforma laboral ya había sido incluido en el proyecto de la Ley Bases, pero fue frenado por la justicia, lo que generó un revés significativo para el oficialismo. Gustavo Ciampa, abogado laboralista e integrante del Foro de Abogados de Organizaciones Sindicales, señaló que esta nueva embestida contra los derechos de los trabajadores repite los errores del pasado. “Cada vez que se intentó degradar la legislación laboral bajo el pretexto de generar empleo, el resultado fue más desempleo y más trabajo en negro”, explicó.
Según Ciampa, las leyes laborales no son responsables de crear empleo, sino que su función es proteger la dignidad de quienes trabajan. Para él, la falta de empleo se debe al fracaso del modelo económico vigente, no al marco legal que protege al trabajador.
Conclusión: la pulseada del 26 de octubre
El futuro de esta polémica reforma laboral está atado, sin dudas, al resultado de las próximas elecciones. El gobierno libertario apuesta a que un eventual respaldo en las urnas les dará el poder político necesario para avanzar con esta transformación estructural. Mientras tanto, la oposición política, los sindicatos y las organizaciones de trabajadores comienzan a organizarse para resistir una medida que, según advierten, no sólo recorta derechos, sino que podría agravar aún más la desigualdad social y el desempleo en el país.
