El Gobierno nacional está preparando una serie de decretos orientados a reformar el sector del transporte y avanzar en la privatización de varias empresas públicas, dentro de un plan más amplio de desregulación y modernización del Estado. El objetivo principal es mejorar la eficiencia, fomentar la competencia y reducir el déficit fiscal que afecta a las finanzas públicas.
A cargo de estas reformas está el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien busca implementar medidas que tengan un impacto rápido en la microeconomía y agilicen la reforma del Estado. En línea con estas iniciativas, la administración de Javier Milei ya ha llevado adelante reformas en el sector aerocomercial y promovido la creación de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en el fútbol profesional.
Uno de los focos centrales de esta nueva etapa de reformas es el transporte terrestre de larga distancia. El equipo liderado por Franco Mogetta, secretario de Transporte, trabaja en un decreto que busca desregular los servicios de larga distancia, introduciendo modificaciones en el registro de operadoras y liberando tarifas y recorridos. La intención es fomentar la competencia en el sector, mejorar la calidad del servicio y beneficiar a los usuarios con mayores opciones y mejores precios.
En paralelo, el Gobierno avanza con la privatización de varias empresas públicas estratégicas. Se planea unificar el tipo jurídico de estas compañías como sociedades anónimas, lo que facilitará su tasación y posterior venta al sector privado. Entre las empresas que figuran en la lista para ser privatizadas se encuentran Energía Argentina, Intercargo, Agua y Saneamientos Argentinos, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores Viales.
Esta reforma también incluye una reducción significativa del empleo público. La secretaría de Desarrollo y Modernización del Empleo Público, bajo la presidencia de María Rosana Reggi, está supervisando las bajas de empleados públicos, tanto de planta permanente como contratados. El proceso se realiza en colaboración con Diego Chaher, titular de la Unidad Ejecutora de Empresas, encargado de ejecutar las ventas y negociar con los futuros empresarios adquirentes.
Asimismo, el Gobierno prepara un decreto que contempla la eliminación de aproximadamente 60 organismos de la Administración Pública. Entre las entidades ya disueltas figura el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). En la lista de próximos cierres se encuentran también el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y el Instituto Nacional de Juventudes (INJUVE).
Estas medidas forman parte del ambicioso plan del Gobierno para transformar el Estado argentino, reduciendo su tamaño y gasto, al mismo tiempo que impulsa la privatización y desregulación como herramientas para modernizar sectores clave de la economía nacional.
