El Gobierno nacional se prepara para afrontar una jornada decisiva en el Congreso, con la expectativa de obtener la aprobación definitiva del proyecto de Ley de Presupuesto que regirá el próximo ejercicio. Hoy, el Senado sesionará para debatir la iniciativa impulsada por el oficialismo, en lo que representa uno de los principales desafíos legislativos de la administración encabezada por el presidente Javier Milei. Desde el Poder Ejecutivo consideran que la sanción del Presupuesto es clave para consolidar su programa económico y para transmitir una señal de estabilidad y previsibilidad tanto a los actores políticos como a los mercados financieros.
En las filas de La Libertad Avanza prevalece un clima de cauteloso optimismo. El bloque oficialista, conducido por Patricia Bullrich, estima contar con al menos 45 votos favorables que permitirían aprobar el proyecto en términos generales. Este respaldo se apoya fundamentalmente en el acompañamiento del PRO y de sectores del peronismo no alineados con el kirchnerismo, además de algunos legisladores provinciales que han mostrado disposición a respaldar la iniciativa. De confirmarse estos apoyos, el oficialismo lograría dar un paso significativo al conseguir el primer Presupuesto de la gestión Milei.
Sin embargo, más allá de la votación en general, el escenario se presenta más complejo cuando se analiza el tratamiento en particular de algunos artículos específicos. En especial, el foco de las tensiones se encuentra en el artículo 30, que contempla la eliminación de diversos mecanismos de financiamiento vinculados al sistema educativo y al sector científico. Este punto genera inquietud incluso entre los aliados del Gobierno, quienes advierten sobre las posibles consecuencias sociales, académicas y productivas que podrían derivarse de una reducción de recursos en áreas consideradas estratégicas.
Ante este panorama, el oficialismo evalúa distintos escenarios para lograr su objetivo. Una de las variables que podría jugar a su favor es la eventual ausencia de algunos senadores durante la sesión, lo que reduciría el número de votos necesarios para aprobar determinados artículos. La cantidad de legisladores presentes en el recinto será determinante para definir el resultado final de la votación y podría inclinar la balanza a favor del Gobierno en un debate ajustado.
No obstante, si el Senado introduce modificaciones al texto aprobado previamente por la Cámara de Diputados, el proyecto deberá regresar a la cámara de origen para su revisión. En previsión de esta posibilidad, Diputados ya fijó fechas para tratar eventuales cambios: las sesiones están programadas para los días 29 y 30 de diciembre de la semana próxima. De concretarse este escenario, el proceso legislativo se extendería hasta los últimos días del año, en un contexto marcado por negociaciones intensas y definiciones contrarreloj.
Cabe recordar que el proyecto que llegó al Senado lo hizo con cambios relevantes respecto de su versión original. En particular, fue eliminado el denominado Capítulo XI, que proponía la derogación de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad. Para el Gobierno, estas normas representan un nivel de gasto que, según su visión, pone en riesgo el equilibrio fiscal, uno de los pilares centrales de su programa económico. La eliminación de este capítulo fue una concesión necesaria para evitar un rechazo más amplio del proyecto.
En su estrategia inicial, La Libertad Avanza había incorporado dentro de ese mismo capítulo una serie de artículos destinados a atraer el apoyo de los gobernadores y sus representantes legislativos. Entre ellos, se incluían disposiciones vinculadas a la coparticipación federal, particularmente un punto relacionado con los fondos asignados a la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, esta maniobra no logró el efecto esperado y generó resistencias adicionales, lo que obligó al oficialismo a retirar por completo ese apartado del texto antes de su tratamiento en la Cámara alta.
Más allá del debate político y legislativo, el Presupuesto contiene proyecciones económicas que reflejan el rumbo que el Gobierno pretende imprimirle al país. Según las estimaciones oficiales elaboradas por la Casa Rosada, se espera que la economía registre un crecimiento del 5% del Producto Bruto Interno durante el próximo año. Este pronóstico se apoya en la expectativa de una recuperación de la actividad productiva, impulsada por reformas estructurales y por una mayor estabilidad macroeconómica.
En materia inflacionaria, el proyecto prevé una suba de precios anual del 10,1%, una cifra considerablemente inferior a los niveles registrados en años anteriores. Para el Ejecutivo, este dato es una muestra del impacto positivo que tendría su política de ajuste fiscal, reducción del gasto público y control de la emisión monetaria. Asimismo, el Presupuesto estima que el dólar oficial alcanzará los 1.423 pesos hacia finales de 2026, lo que supone un sendero de corrección cambiaria gradual y controlada.
La sesión del Senado de este viernes no solo definirá el futuro inmediato del Presupuesto, sino que también será una prueba de fuego para la capacidad del oficialismo de construir mayorías en un Congreso fragmentado y con fuertes diferencias ideológicas. El resultado de la votación permitirá medir el grado de respaldo político con el que cuenta el Gobierno y marcará el tono de las negociaciones legislativas que vendrán en el futuro.
En este contexto, la aprobación del Presupuesto se presenta como una pieza central para la estrategia del Gobierno, tanto en términos económicos como políticos. Lograr su sanción definitiva significaría un respaldo institucional a la hoja de ruta del Ejecutivo y un punto de partida clave para la implementación de su programa de reformas durante el próximo año.
