El Gobierno nacional anunció la convocatoria oficial al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, que volverá a reunirse el 26 de noviembre con el objetivo de fijar un nuevo valor para el salario mínimo, así como los montos mínimos y máximos de la prestación por desempleo. La medida fue formalizada mediante la Resolución 6/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial, y marca el regreso de una instancia clave para la política salarial después de más de tres meses sin actualizaciones.
La convocatoria llega en un contexto de fuerte deterioro del poder adquisitivo y tras las presiones de las principales centrales sindicales del país, que vienen reclamando una revisión urgente de los ingresos básicos. Actualmente, el salario mínimo se mantiene en 322.200 pesos mensuales, un valor que se encuentra congelado desde agosto, mientras que para los trabajadores jornalizados el piso es de 1.610 pesos por hora.
Desde la llegada de Javier Milei a la presidencia, en diciembre de 2023, el salario mínimo aumentó un 107 por ciento, pero la inflación acumulada en ese mismo período superó el 170 por ciento, según estimaciones privadas. Esto significa que, en términos reales, los trabajadores que perciben el salario básico perdieron cerca de un 25 por ciento de su poder de compra. En diciembre del año pasado, el mínimo era de 156.000 pesos, por lo que la brecha con el costo de vida se amplió considerablemente durante 2024.
El Consejo del Salario está conformado por representantes del sector trabajador, empleador y del Estado, y tiene la responsabilidad de fijar periódicamente el valor del salario mínimo, vital y móvil (SMVM). La cifra que se defina en esta instancia no solo impacta sobre los ingresos de alrededor de seis millones de trabajadores registrados, sino también sobre una extensa red de programas sociales y prestaciones estatales que se actualizan en función de este parámetro, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), las jubilaciones mínimas, las pensiones no contributivas y el seguro de desempleo.
La convocatoria oficial se produce tras una denuncia formal presentada por las dos centrales de trabajadores de la CTA, encabezadas por Hugo Yasky (CTA de los Trabajadores) y Hugo “Cachorro” Godoy (CTA Autónoma). A través de una carta documento dirigida al secretario de Trabajo, Julio Cordero, ambas organizaciones reclamaron que el Gobierno cumpla con su obligación legal de convocar periódicamente al Consejo y advirtieron que el salario actual “no cubre las necesidades básicas de las familias trabajadoras”. Además, exigieron que se defina una canasta básica objetiva, que sirva como referencia para determinar el valor del salario vital y móvil, tal como establece la legislación laboral vigente.
En su presentación, las centrales sindicales recordaron que la Ley 24.013 obliga al Poder Ejecutivo a convocar de manera regular al Consejo para garantizar que el salario mínimo se mantenga en sintonía con la evolución de los precios y con el costo de vida real de los trabajadores. La falta de actualizaciones desde agosto —en un contexto de inflación persistente— profundizó la erosión del ingreso y generó tensiones crecientes entre el Gobierno y los sectores gremiales.
Más allá de su función simbólica como “salario de referencia”, el monto del SMVM tiene repercusiones directas en gran parte de la estructura económica. Su actualización incide en los convenios colectivos que utilizan el salario mínimo como base para calcular incrementos salariales, en la determinación de cuotas alimentarias y también en los ingresos de trabajadores informales, que suelen tomar este valor como referencia de mínima. Por eso, la decisión que surja de la reunión del 26 de noviembre no solo afectará al sector formal, sino también a millones de personas que dependen indirectamente de este indicador.
El encuentro fue convocado por el Ministerio de Capital Humano, cartera que absorbió las funciones del antiguo Ministerio de Trabajo, y se desarrollará en un escenario económico complejo. Los niveles de inflación acumulada continúan presionando sobre los precios de los alimentos, los servicios y los alquileres, mientras los salarios reales se mantienen rezagados frente al aumento del costo de vida. En este contexto, las organizaciones sindicales anticiparon que insistirán en la necesidad de una recomposición sustancial que permita recuperar parte de lo perdido durante el último año.
De acuerdo con la ley, el salario mínimo vital y móvil debe garantizar a todo trabajador “una vida digna”, entendida como la posibilidad de cubrir las necesidades esenciales propias y de su grupo familiar. Sin embargo, los informes recientes del INDEC y de organismos privados muestran que el valor actual del salario mínimo se encuentra muy por debajo de la línea de pobreza, lo que evidencia la distancia entre el piso legal y la realidad económica que atraviesan los hogares argentinos.
El resultado de la sesión del Consejo será, por lo tanto, determinante para establecer un nuevo parámetro de ingresos básicos en el país. Las negociaciones entre empleadores, sindicatos y el Estado deberán equilibrar las demandas de recomposición salarial con las limitaciones fiscales y empresariales que plantea el contexto económico. Sea cual sea la resolución, el encuentro de fines de noviembre marcará un punto de inflexión en la política laboral del Gobierno, que enfrenta el desafío de redefinir el salario mínimo en medio de una crisis de ingresos que afecta transversalmente a la población trabajadora.
