El gobierno de Javier Milei implementa un ajuste profundo sobre las pensiones destinadas a las personas con discapacidad, que representa un recorte estimado en cerca de 900 mil millones de pesos para el presupuesto de 2025. En los últimos días, la administración libertaria comenzó el envío de 300.000 cartas documento a beneficiarios de diversas provincias, notificándolos sobre un proceso de auditoría que obliga a presentarse a evaluaciones médicas para mantener el beneficio. Esta medida genera preocupación y rechazo en las organizaciones que defienden los derechos del colectivo, que advierten sobre el impacto social y la posible pérdida de ingresos de miles de personas vulnerables.
Las pensiones no contributivas por invalidez laboral (PNCIL) de provincias como Buenos Aires, Chaco, Tucumán, Mendoza, San Luis y Santa Fe son las primeras afectadas por esta revisión, que lleva adelante la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), bajo la dirección del abogado Diego Spagnuolo, un hombre cercano al presidente Milei. Los beneficiarios deben acudir a una evaluación médica realizada por profesionales del PAMI y presentar la documentación solicitada. En caso de no poder asistir, se debe justificar la ausencia con 24 horas de anticipación para evitar la suspensión del beneficio.
Este operativo forma parte de una auditoría iniciada en 2024, cuyo objetivo declarado es detectar irregularidades en el otorgamiento de las pensiones. Según datos oficiales, de los 22.417 casos revisados el año pasado, solo un 20% cumplía con los requisitos legales para recibir la prestación. También se identificaron irregularidades graves: pagos a personas fallecidas, presos y prófugos. A pesar de estas cifras, la revisión ha sido cuestionada por la manera en que se ejecuta, con exigencias consideradas excesivas y discriminatorias por distintos sectores sociales y defensores de derechos humanos.
El proyecto presupuestario para 2025, que aún no fue aprobado, muestra un recorte real del 40% en los recursos asignados a las pensiones por invalidez laboral en comparación con 2024, y del 52,6% respecto a 2023. Se prevé que el número de pensiones disminuya de 1.226.819 a 1.034.447, lo que implicaría la pérdida del beneficio para unas 192.372 personas. Este ajuste presupuestario se enmarca dentro de la política de austeridad y reducción del gasto público que impulsa el gobierno libertario, que prioriza la reducción del déficit fiscal.
Las organizaciones sociales que trabajan en defensa de las personas con discapacidad denunciaron que el modelo biomédico utilizado para evaluar la invalidez es un enfoque obsoleto y discriminatorio. En un reclamo administrativo conjunto presentado a la ANDIS, entidades como la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Amblíopes (FAICA), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) cuestionaron la resolución 187/2015, que establece el baremo para las evaluaciones médicas. Según estas organizaciones, el baremo desconoce el modelo social de discapacidad y vulnera el marco jurídico nacional e internacional.
“La exclusión del mercado laboral que sufren las personas con discapacidad no puede ser evaluada únicamente a partir de criterios médicos. Las barreras sociales, culturales y económicas que enfrentan son las que realmente limitan su inclusión y deben ser tenidas en cuenta a la hora de definir quién debe recibir la pensión”, sostienen las entidades firmantes. Además, enfatizan que muchas personas con discapacidad enfrentan prejuicios que dificultan su acceso al empleo y que, por lo tanto, no pueden ser evaluadas solo en términos de capacidad funcional individual.
Alejandra Medina, presidenta de la Asociación Provincial de Personas con Discapacidad, expresó a este medio su preocupación ante el ajuste: “Estas medidas ponen en riesgo la supervivencia de miles de familias que dependen exclusivamente de estas pensiones. Muchas personas no tienen acceso a transporte para acudir a las evaluaciones o a la documentación necesaria para justificar su situación. Además, el enfoque biomédico ignora las barreras sociales que padecemos día a día”.
Por su parte, Diego Spagnuolo, titular de la ANDIS, defendió la auditoría asegurando que “es necesario garantizar que los recursos del Estado se destinen exclusivamente a quienes cumplen con los requisitos legales para recibir las pensiones. Este proceso busca transparentar y ordenar un sistema que presentaba numerosas irregularidades”.
El ajuste en las pensiones se inscribe en una política económica más amplia que busca reducir el gasto público en áreas sociales, en un contexto de fuerte presión fiscal y crisis económica. Sin embargo, la medida despierta un intenso debate sobre los derechos sociales y la justicia distributiva, dado que pone en tensión las promesas de inclusión con la necesidad de austeridad fiscal.
A nivel internacional, organismos de derechos humanos y convenciones suscriptas por Argentina, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, promueven un modelo social de discapacidad que obliga a los Estados a garantizar condiciones igualitarias para la participación plena de este colectivo. En este sentido, el ajuste y la forma en que se implementa la auditoría podrían entrar en conflicto con compromisos asumidos a nivel internacional.
Mientras miles de beneficiarios aguardan la evaluación de sus casos con incertidumbre y temor, el gobierno avanza con una política de control y recorte que, según críticos, puede profundizar la exclusión y precarización de uno de los grupos sociales más vulnerables. En medio de esta disputa, se plantea una pregunta central: cómo equilibrar la necesidad de saneamiento fiscal con el respeto irrestricto a los derechos sociales y humanos de las personas con discapacidad.
