Durante una presentación ante el Senado, el jefe de Gabinete argentino, Nicolás Posse, ofreció un panorama detallado de las proyecciones económicas para lo que resta de 2024. En un contexto de ajustes estructurales profundos impulsados por la administración del presidente Javier Milei, Posse anticipó que el país cerraría el año con una inflación interanual del 139,7%, marcando una desaceleración respecto al 211,4% registrado en 2023. Sin embargo, también reconoció que el Producto Bruto Interno (PBI) se contraería un 3,5% en el mismo período, en línea con las advertencias de diversos analistas económicos que ya venían señalando los efectos recesivos del programa de estabilización.
Estas estimaciones fueron difundidas por medios locales luego de la comparecencia del funcionario ante la Cámara Alta, donde brindó precisiones sobre el rumbo que adoptará el Gobierno para continuar con su política de equilibrio fiscal, una de las promesas centrales de Milei durante la campaña presidencial.
Un plan centrado en el ajuste fiscal y la lucha contra la inflación
Desde que asumió en diciembre de 2023, el presidente Javier Milei ha desplegado un conjunto de medidas que buscan, según sus propias palabras, “corregir décadas de desmanejo económico” en la Argentina. Bajo esa premisa, su administración implementó recortes agresivos al gasto público, redujo subsidios, congeló la obra pública y reestructuró el funcionamiento de varias empresas estatales. Todo esto acompañado de una fuerte suba en los tributos y un endurecimiento de la política monetaria.
En este contexto, Posse defendió ante el Senado la hoja de ruta económica del Gobierno y sostuvo que uno de los principales objetivos ha sido “frenar el proceso hiperinflacionario que ya se había desatado” hacia finales del año pasado. “La prioridad por la cual la ciudadanía eligió este gobierno fue detener la inflación lo más rápido posible”, declaró el jefe de Gabinete.
Aunque los datos inflacionarios muestran cierta desaceleración mensual en los primeros meses de 2024, el nivel acumulado continúa siendo extremadamente alto, lo cual mantiene presionados los ingresos reales de la población, en especial de los sectores más vulnerables. Si bien el Gobierno interpreta esta desaceleración como un logro, la cifra proyectada del 139,7% sigue posicionando a Argentina como uno de los países con mayor inflación del mundo.
Tipo de cambio y política monetaria
Otra de las definiciones centrales del informe de Posse fue la confirmación de que el Banco Central mantendrá un esquema de devaluaciones mensuales predecibles del orden del 2%. Esta estrategia, conocida como «crawling peg», implica ajustes moderados y constantes del tipo de cambio oficial, que según las estimaciones oficiales, llevarán al dólar a cotizar aproximadamente 1.016 pesos por unidad hacia diciembre de este año.
Esta decisión representa una continuidad con el enfoque adoptado en los últimos meses, donde se busca evitar grandes saltos cambiarios que podrían generar incertidumbre en los mercados y presionar aún más los precios internos. Sin embargo, también genera tensiones con sectores exportadores, que consideran que la apreciación del tipo de cambio real afecta la competitividad de sus productos.
Asimismo, la estrategia de anclar el dólar está acompañada por una política de tasas de interés negativas en términos reales, lo que significa que los rendimientos de los instrumentos financieros están por debajo del índice de precios. Esta dinámica busca desalentar la emisión monetaria y contener la inflación, aunque también tiene efectos colaterales en la inversión productiva y el consumo.
Una economía en recesión: el costo social del ajuste
Aunque desde el oficialismo se insiste en que la prioridad es la estabilidad de precios, los costos sociales del ajuste son cada vez más visibles. La contracción del 3,5% proyectada por el Gobierno para el PBI en 2024 representa una profundización respecto a la caída del 1,6% registrada en 2023. Esto significa que la economía argentina acumularía dos años consecutivos de retracción, con fuerte impacto en el empleo, el consumo interno y los niveles de pobreza.
Los sectores más afectados por esta recesión son los vinculados al comercio, la industria y la construcción, áreas que dependen fuertemente del dinamismo del mercado interno y de la inversión estatal. Además, la paralización de numerosas obras públicas y la reducción de programas sociales han provocado despidos y cierres de empresas, alimentando un clima de malestar social que ya se expresa en movilizaciones, huelgas y conflictos gremiales.
De acuerdo a estimaciones de consultoras privadas, la pobreza ya supera el 50% de la población en varias regiones del país, mientras que la indigencia ha escalado por encima del 15%. En este contexto, la caída del poder adquisitivo y la pérdida de empleo formal agravan las condiciones de vida de millones de argentinos.
El Gobierno se mantiene firme en su estrategia
Pese a estos indicadores alarmantes, el Gobierno de Milei no muestra señales de modificar su rumbo. Por el contrario, ratifica su apuesta por una “terapia de shock” que, según sus voceros, es la única vía posible para evitar un colapso económico más profundo. Para la administración libertaria, el ajuste es doloroso pero necesario, y cualquier alternativa gradualista sólo prolongaría la agonía del modelo estatista que, a su juicio, ha dominado el país durante las últimas décadas.
El presidente y su equipo económico confían en que, una vez superado el período más crítico, la economía comenzará a recuperarse sobre bases más sólidas, con un Estado más chico, un mercado más libre y un entorno atractivo para la inversión privada. Sin embargo, esa promesa de “rebote” aún no encuentra respaldo en los datos reales ni en las proyecciones de la mayoría de los analistas.
Un futuro incierto, marcado por tensiones sociales y políticas
La situación económica proyectada para 2024 plantea un escenario desafiante para el Gobierno, que deberá gestionar el malestar creciente sin poner en riesgo la gobernabilidad. A esto se suman los obstáculos legislativos, ya que muchas de las reformas estructurales impulsadas por el oficialismo —como la ley ómnibus o el paquete de privatizaciones— aún encuentran resistencias en el Congreso.
En paralelo, los sindicatos, movimientos sociales y sectores productivos comienzan a organizarse para enfrentar el ajuste. Las huelgas generales, los cortes de ruta y las protestas se han vuelto más frecuentes, y todo indica que la conflictividad social se intensificará en los próximos meses si no se produce una mejora perceptible en los ingresos y en las condiciones de vida.
