A medio año del inicio de la mayor crisis sanitaria reciente en Argentina, la Justicia federal avanza en el esclarecimiento del caso del fentanilo contaminado producido por HLB Pharma Group SA y Laboratorios Ramallo SA, un hecho que provocó la muerte de 173 personas en distintos puntos del país.
Un nuevo informe elaborado por el Cuerpo Médico Forense confirmó que 38 de las 40 historias clínicas analizadas —de un total de 173— corresponden a pacientes que fallecieron como consecuencia de infecciones bacterianas originadas por el uso del anestésico adulterado.
El estudio, solicitado por el juez federal Ernesto Kreplak, a cargo de la causa, fue determinante. Los peritos debían establecer si los decesos estaban relacionados con la presencia de las bacterias Klebsiella pneumoniae, Klebsiella variicola, Ralstonia pickettii y Ralstonia mannitolilytica, los mismos microorganismos detectados en las ampollas contaminadas. El resultado fue contundente: en 38 casos se confirmó esa relación causal directa.
Los expertos explicaron que la bacteriemia provocada por esas cepas altamente resistentes desencadenó cuadros de falla multiorgánica que resultaron fatales en la mayoría de los pacientes. En los dos casos restantes, no se pudo establecer el vínculo debido a la falta de hemocultivos en los registros médicos.
El documento judicial, incorporado al expediente 17371/2025, también alertó sobre la posibilidad de transmisión bacteriana a través de donantes de órganos y recomendó revisar la documentación clínica de los receptores. Según los especialistas, los microorganismos involucrados pueden provocar cuadros graves y muertes en menos de 30 días.
Los procesamientos y las responsabilidades penales
Con el avance de las pericias técnicas y la acumulación de pruebas, el juez Kreplak dictó el procesamiento de 14 personas vinculadas con la producción y control de calidad del medicamento.
Cuatro de ellos permanecen detenidos en el penal de Marcos Paz: Ariel García Furfaro, propietario de HLB Pharma y de Laboratorios Ramallo; su hermano Diego García, también directivo; Javier Martín Tchukrán, director de Manufactura; y José Antonio Maiorano, director técnico responsable de la liberación de los lotes adulterados.
Dos imputadas más —Nilda Furfaro, madre de los hermanos García, y Carolina Ansaldi, directora técnica de Laboratorios Ramallo— obtuvieron prisión domiciliaria por razones humanitarias.
Otros ocho involucrados fueron procesados sin prisión preventiva. Entre ellos figuran Eduardo Darchuk, Edgardo Sclafani, Rocío Garay, Dayana Astudillo Bolívar, Adriana Iudica, Wilson Pons, María Victoria García y Víctor Pablo Boccaccio, todos señalados como coautores de los delitos de adulteración de sustancias medicinales con resultado de muerte y adulteración peligrosa para la salud pública.
Las defensas apelaron las resoluciones y será la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata la que determine si confirma o modifica los procesamientos dictados.
El origen del escándalo
El 8 de mayo de 2025, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió un alerta nacional que marcó el inicio de la investigación. En ese comunicado advirtió sobre la existencia de fentanilo inyectable con “desvío de calidad” perteneciente al lote 31202, con vencimiento en septiembre de 2026.
La advertencia se originó a raíz de una denuncia presentada por el Hospital Italiano de La Plata, luego de que quince pacientes sufrieran graves complicaciones tras recibir el medicamento.
Cinco días después, la ANMAT amplió las medidas: prohibió la producción, venta y uso de todos los productos elaborados por HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, ordenó su clausura y presentó una denuncia penal en el Juzgado Federal N°3 de La Plata.
Las pericias del Instituto Malbrán, laboratorio de referencia nacional, detectaron severas deficiencias en la cadena de producción de los lotes 31202 y 31244, incluyendo fallas en los procesos de llenado, esterilización y sellado de las ampollas. Los especialistas describieron el sistema de fabricación como “poco robusto e inconsistente”, con un nivel de control “insuficiente para garantizar la seguridad del producto”.
Una causa judicial monumental
La investigación acumula una cantidad de material inédita para un expediente sanitario.
El caso principal supera las 6.200 fojas, distribuidas en 31 cuerpos, a las que se suman más de 1.400 fojas correspondientes a las gestiones judiciales para recuperar 230.000 ampollas de fentanilo contaminado.
También hay 25 cuerpos adicionales con casos de víctimas fuera del sistema de información sanitaria oficial, 4 legajos con casi 4.000 fojas de investigaciones complementarias y 174 legajos médicos individuales. Además, existen 15 causas conexas y se secuestraron unos 40 dispositivos electrónicos que están siendo analizados.
En una resolución de 401 páginas, el juez Kreplak justificó los procesamientos con duros argumentos. Sostuvo que los responsables incumplieron de forma sistemática las normas básicas de calidad y seguridad, simulando controles de laboratorio inexistentes y falsificando registros internos.
La investigación reveló incluso videos de cámaras de seguridad en los que se observaba a empleados destruyendo documentación y alterando informes.
El magistrado consideró probado que las irregularidades en la producción fueron determinantes para la liberación de lotes contaminados que causaron la muerte de al menos 20 personas de manera directa, aunque el número total de víctimas asciende a 173.
Cambios en las defensas y un caso con derivaciones políticas
En las últimas semanas, el expediente sumó un nuevo capítulo con la llegada de abogados de alto perfil político.
El penalista Gastón Marano, reconocido por su participación en la causa por el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner y en el caso Maradona, quedó a cargo únicamente de la defensa de Ariel García Furfaro.
Su hermano, Diego García, pasó a estar representado por Marcos Aldazábal y Elizabeth Gómez Alcorta, exministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, ambos del mismo estudio jurídico en el que trabaja el actual ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena.
Por otro lado, Javier Martín Tchukrán contrató al abogado Roberto Rallin, socio de Francisco Oneto, actual asesor legal del presidente Javier Milei.
La peor tragedia sanitaria del país
El caso del fentanilo contaminado ya es considerado la mayor catástrofe sanitaria en la historia argentina.
A seis meses de la primera advertencia oficial, los informes forenses y científicos confirman que el anestésico adulterado fue el origen de un brote bacteriano que provocó fallas multiorgánicas y muertes en decenas de pacientes.
Para los familiares, el proceso judicial representa una búsqueda de verdad y justicia. “No puede volver a pasar que un medicamento contaminado llegue a un quirófano”, dijo Carla Maino, hija de una de las víctimas, al presentar el documental de Infobae sobre la tragedia.
Mientras la causa sigue sumando pruebas y nuevos imputados, el país continúa intentando comprender cómo un fallo en la producción farmacéutica pudo transformarse en una tragedia nacional con consecuencias irreparables.
