Las recientes afirmaciones de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación y actual candidata al Senado, desataron una ola de indignación en diversos sectores sociales, especialmente dentro del movimiento feminista y entre organismos que luchan contra la violencia de género. En una entrevista brindada al canal de streaming Carajo, Bullrich sostuvo que los movimientos feministas tienen responsabilidad en la creciente violencia contra las mujeres, incluyendo los múltiples casos de femicidio ocurridos en los últimos días.
Durante la entrevista con el conductor conocido como “El Gordo Dan”, la ministra fue tajante al culpar a lo que llamó “feminismo extremo” por los hechos de violencia machista que se han conocido en octubre, un mes que ya acumula cifras alarmantes: 14 femicidios, un transfemicidio, 14 intentos de femicidio y numerosos reportes de acoso, agresiones físicas, amenazas y hostigamiento contra mujeres y disidencias.
Según Bullrich, el mensaje que promueven los feminismos genera una reacción adversa. “Si lo que vos hacés es generar una idea de que estás empoderada y sos capaz de pisotear a cualquiera, sea hombre, tu padre o tu madre; si a alguien lo pisoteás, finalmente lo que termina pasando es que te viene en contra”, afirmó, dando a entender que el empoderamiento femenino despierta represalias por parte de los hombres.
Además, agregó que el feminismo habría generado un “desequilibrio” social que alimenta la violencia. “El desequilibrio que se generó con el feminismo extremo lleva a situaciones donde la violencia es tan fuerte que termina destruyendo a la misma persona que genera esa lógica”, dijo, sugiriendo que las mujeres son, de algún modo, responsables de la violencia que sufren.
Estas declaraciones fueron duramente repudiadas por referentes del feminismo, organizaciones de derechos humanos y especialistas en género. Desde La Casa del Encuentro, una de las entidades más activas en el monitoreo de femicidios en Argentina, expresaron su rechazo con contundencia: “Bullrich culpabiliza a las propias mujeres de la violencia que sufren. La violencia de género no es un problema individual, es estructural, y el Estado tiene la obligación de prevenirla, sancionarla y erradicarla”.
En un comunicado difundido tras las declaraciones de la ministra, la organización insistió en que el camino para detener los femicidios no es el señalamiento de las víctimas, sino la implementación efectiva de políticas públicas. “Culpar a las víctimas no salva vidas. Financiar políticas públicas, sí”, sentenciaron.
Un discurso sistemático desde la ultraderecha
Más allá del repudio inmediato, las palabras de Bullrich también fueron leídas como parte de una narrativa más amplia impulsada por los sectores más radicalizados de la ultraderecha argentina, especialmente aquellos vinculados al espacio político de La Libertad Avanza (LLA), liderado por el presidente Javier Milei.
El contexto en el que Bullrich eligió lanzar estas declaraciones no fue casual. El canal Carajo, donde fue entrevistada, es un espacio de militancia digital afín al oficialismo, que se caracteriza por promover discursos misóginos, xenófobos, homofóbicos y represivos contra la protesta social. Es habitual que en sus transmisiones se ataque abiertamente a los feminismos y se relativice la existencia misma de la violencia de género.
La preocupación por la relación entre los discursos de odio y los hechos concretos de violencia se acentuó tras el doble femicidio ocurrido en Córdoba el pasado sábado, cuando el ciudadano uruguayo Pablo Laurta asesinó a su expareja, Luna Giardina, y a la madre de esta, Mariel Zamudio. Laurta no era un desconocido en los círculos de la ultraderecha regional: fue uno de los promotores del grupo “Varones Unidos”, una organización que se presentaba como defensora de los derechos de los hombres y que sostenía una narrativa profundamente antifeminista.
Desde sus redes sociales, Laurta difundía mensajes que negaban la existencia de la violencia machista, acusaba a su ex pareja de “secuestrar” a su hijo y se mostraba como víctima de un sistema que, según él, privilegiaba a las mujeres. El crimen que cometió fue brutal y premeditado. Sin embargo, tras conocerse los hechos, las figuras que compartieron espacios con él intentaron despegarse rápidamente.
Las conexiones ideológicas: Laurta, Márquez y Laje
El vínculo de Laurta con la ultraderecha argentina no se limitaba a discursos sueltos. En abril de 2018 organizó en el Palacio Legislativo de Montevideo una charla con dos referentes de la llamada “batalla cultural” en Argentina: Nicolás Márquez y Agustín Laje. Ambos son aliados ideológicos del presidente Javier Milei y han construido una narrativa que demoniza al feminismo, al que acusan de “adoctrinar” y “enfrentar a hombres y mujeres”.
Tras el doble crimen en Córdoba, tanto Márquez como Laje intentaron desentenderse del femicida. Márquez afirmó que fue invitado por “el sujeto uruguayo”, con quien aseguró haber compartido “uno o dos días” y que “nunca más volvió a ver”. Laje, por su parte, enfatizó que no tiene “ningún tipo de relación con esta persona” y que su contacto fue limitado a un evento público. No obstante, ambos habían compartido escenario con Laurta y eran promocionados por él como referentes de la lucha contra “la ideología de género”.
La responsabilidad política y el rol del Estado
Más allá de las conexiones entre discursos y crímenes, lo que queda en evidencia es que declaraciones como las de Patricia Bullrich no son aisladas. Forman parte de un clima político en el que se deslegitima la lucha feminista, se cuestiona la existencia misma de la violencia de género y se intenta colocar a los varones en el lugar de víctimas de un supuesto “avance radical” del feminismo.
Diversas organizaciones han advertido que este tipo de discursos no solo son peligrosos, sino que tienen consecuencias directas: minimizan la violencia real, desincentivan las denuncias, debilitan las políticas de prevención y, en última instancia, legitiman la agresión como respuesta.
El Estado, lejos de abonar estas teorías, tiene la responsabilidad legal y ética de prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia de género. Acusar al feminismo por los femicidios no solo es una forma de revictimizar a quienes ya han sido agredidas o asesinadas, sino también una manera de eludir la obligación institucional de garantizar los derechos de todas las personas, sin distinción de género.
