El desajuste frente al fuego: un ecocidio que se extiende
Desde los primeros días del año, el fuego devora la Patagonia. El viento del sur, sumado a la sequedad extrema y el calor propio del fenómeno de «La Niña», alimentan un incendio que ha arrasado más de 37,000 hectáreas de bosques y tierras protegidas. Pero, por más que el cambio climático haya sido advertido por especialistas durante años, lo que realmente está incendiando el sur de Argentina es una serie de decisiones políticas que, más que extinguir el fuego, lo avivaron.
Las provincias del sur, como Chubut, Río Negro y Neuquén, no son ajenas a los incendios forestales, pero esta vez el contexto es diferente. La gestión de Javier Milei ha agudizado la crisis, no solo por la falta de previsión sino por un ajuste feroz sobre los recursos destinados a combatir el desastre. Mientras la población sufre las consecuencias de una emergencia que ya arrasó miles de hectáreas y desplazó a cientos de familias, el gobierno muestra una faceta de inacción que sólo se ve acompañada de medidas policiales y militares.
El desfinanciamiento del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF)
El principal organismo responsable de mitigar los incendios forestales es el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF). Sin embargo, el reciente ajuste económico del gobierno libertario de Milei ha afectado directamente su funcionamiento. En 2024, solo se ejecutó el 22% de los fondos asignados al SNMF. De los $33,343 millones aprobados, apenas $7,739 millones fueron utilizados. Este desajuste presupuestario se profundiza cuando se comparan estos números con los fondos ejecutados en 2023, antes de que Milei asumiera el poder.
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) detalló en su informe que el presupuesto inicial para el SNMF en 2024 fue de apenas $12,101 millones, cifra que se amplió luego de los incendios ocurridos en Córdoba en el segundo semestre de 2023. Pero más allá de esta ampliación, la ejecución real de los fondos sigue siendo escasa. Si se considera la inflación y la devaluación, los recursos destinados a la lucha contra los incendios han sufrido un recorte real de más del 70% en comparación con el año anterior.
Contratos temporales y precarización laboral: los brigadistas abandonados
Mientras el fuego sigue arrasando, los brigadistas en la primera línea de combate luchan no solo contra las llamas, sino también contra la precarización laboral que caracteriza la actual gestión. Desde la administración de Milei, el Ministerio de Ambiente y el Servicio Nacional de Manejo del Fuego decidieron renovar los contratos de los brigadistas solo por tres meses, lo que deja en vilo a muchos de ellos, que no saben si podrán continuar con su trabajo después de abril.
El coordinador de ATE en Parques Nacionales, Alejo Fardjoume, denuncia que la decisión de renovar los contratos por períodos tan cortos es parte de una política de desfinanciamiento que afecta directamente la capacidad de respuesta ante la emergencia. «Se deja la vida en los incendios, pero se ve que para el Gobierno eso no alcanza ni siquiera para brindar estabilidad laboral», señala Fardjoume.
En enero de 2024, la administración de Parques Nacionales despidió a 30 brigadistas, justo cuando el fuego comenzaba a asediar las zonas de Nahuel Huapi y Lanín. Esta situación no es nueva; el año anterior ya habían sido despedidos otros 100 brigadistas, en su mayoría personal técnico y administrativo. Los brigadistas, cuyo sueldo básico ronda los 600,000 pesos (en la Patagonia puede llegar a casi un millón), deben lidiar con la falta de recursos y la presión constante de un trabajo altamente riesgoso.
Andrea Torres, brigadista y comunicadora social de El Chaltén, describe con amargura las condiciones de su trabajo: «Aunque resulte increíble, combatimos el fuego, hacemos de guía por los senderos y realizamos campañas de prevención. Todo por un sueldo que es menos que el de muchos trabajos temporales en la temporada de turismo». Los brigadistas, que hasta 2023 habían conseguido contratos anuales, ven cómo ahora el gobierno vuelve a los contratos trimestrales, lo que pone en riesgo su estabilidad laboral y aumenta la desconfianza entre quienes arriesgan su vida por el bienestar de la comunidad.
La militarización del conflicto: entre la persecución y el control político
El incendio no solo está desbordando el sistema de manejo del fuego; también está siendo utilizado como un escenario de control político. En la Comarca Andina, en El Bolsón, la situación se complejiza aún más con las demandas de mayor presencia militar en la zona. Bruno Pogliano, intendente de El Bolsón, aprovechó la crisis para solicitar la intervención del Ejército, pidiendo que se realicen tareas de «seguridad interior». Este pedido no tuvo respuesta positiva, pero no fue la única estrategia de control que se aplicó.
En los últimos días, la denuncia de detenciones arbitrarias ha crecido. Vecinos y brigadistas que intentaban colaborar en la lucha contra el fuego fueron detenidos bajo acusaciones infundadas. En Mallín Ahogado y Bariloche, varios voluntarios fueron apresados sin pruebas de su participación en los incendios. Afortunadamente, fueron liberados rápidamente, pero las tensiones aumentaron y se vivió un clima de persecución que inquietó a los pobladores.
El operativo policial, que incluyó allanamientos y la presencia de fuerzas de seguridad, fue acusado por los vecinos de ser excesivo y con tintes de persecución política. «Se desplegó una patota parapolicial, similar a la guardia privada del magnate Joe Lewis», denunció un habitante de la zona. Esta situación, en la que la crisis social y política se mezcla con la emergencia ambiental, deja en evidencia un manejo autoritario por parte de las autoridades.
La mirada crítica de expertos: irresponsabilidad gubernamental
Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, fue tajante al referirse a la falta de preparación del gobierno ante la crisis: «La situación es desastrosa, casi un ecocidio». Giardini calificó los incendios como uno de los peores desde la década de los 90, no solo por la magnitud de la destrucción, sino también por el impacto irreversible sobre la biodiversidad. En su opinión, la irresponsabilidad del Gobierno ha sido evidente, ya que se subestimaron tanto los efectos del cambio climático como los fenómenos meteorológicos extremos que caracterizan este verano.
«La falta de prevención es alarmante. Los fondos no se ejecutaron y las herramientas disponibles son insuficientes para hacer frente a un fenómeno de esta magnitud», afirmó. Greenpeace también advirtió sobre la falta de inversión en equipos y personal calificado, lo que ha contribuido a que la respuesta ante los incendios sea ineficaz.
Un futuro incierto
En medio de la devastación, las expectativas son sombrías. Los brigadistas temen que, a partir de abril, muchos de ellos se queden sin trabajo, lo que solo empeoraría la situación. La falta de personal es crítica: el último informe de la Administración de Parques Nacionales revela que, hasta el año pasado, la dotación total de brigadistas era de 429 para cubrir más de 5 millones de hectáreas de bosques y áreas protegidas. Para enfrentar el fuego de manera adecuada, se requieren al menos 750 brigadistas, según las estimaciones del propio organismo.
El gobierno de Milei, al parecer, sigue subestimando la magnitud de la emergencia. Mientras tanto, la sociedad argentina observa con creciente preocupación cómo la Patagonia se ve arrasada por un incendio que podría haberse evitado con más inversión en prevención y personal capacitado. La crisis sigue en pie, y no parece haber señales de un cambio de rumbo.
Conclusión
La falta de previsión, la ejecución incompleta de los fondos necesarios, la precarización del personal y el uso del conflicto como herramienta de control político están dejando a la Patagonia al borde de un desastre aún mayor. Las familias desplazadas, los brigadistas sacrificados y los ecosistemas perdidos son solo algunos de los rostros de una emergencia que refleja las consecuencias de un modelo de gobierno que prioriza el ajuste por encima de la vida y el bienestar de las comunidades. Mientras el fuego sigue consumiendo el sur del país, la única respuesta que llega desde el gobierno es un eco de indiferencia y represión.
