La causa que investiga el presunto desvío de millones de pesos del programa Potenciar Trabajo suma una nueva línea de investigación: la posible complicidad o negligencia de exfuncionarios del Ministerio de Desarrollo Social durante la gestión del expresidente Alberto Fernández.
Mientras se esperan definiciones judiciales en torno al líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, el fiscal federal Gerardo Pollicita avanza en determinar si la falta de control sobre los fondos públicos destinados a organizaciones sociales fue producto de un error administrativo o una omisión deliberada por parte de funcionarios que integraban la Secretaría de Economía Social, entonces a cargo de Emilio Pérsico.
De acuerdo con la investigación, la Secretaría autorizó transferencias por más de $360 millones al Polo Obrero y a la Cooperativa El Resplandor Limitado, que actuaban como unidades ejecutoras del programa Potenciar Trabajo. Los recursos debían destinarse a la compra de herramientas, ropa de trabajo e insumos para los beneficiarios del plan. Sin embargo, la Justicia sospecha que parte del dinero fue desviado hacia un entramado de empresas fantasmas utilizadas para justificar gastos inexistentes, desviar fondos y, eventualmente, financiar actividades del Partido Obrero, fuerza política en la que milita Belliboni y que forma parte del Frente de Izquierda.
Según fuentes judiciales, se está reconstruyendo la cadena de mando completa del Ministerio de Desarrollo Social para determinar si algún nivel jerárquico impartió órdenes que hayan evitado el debido control de las facturas presentadas. La investigación intenta esclarecer si hubo encubrimiento o si se trató de una falla sistemática sin intencionalidad.
Un punto clave es que al menos una de las empresas involucradas, Coxtex, había sido catalogada como firma apócrifa por la AFIP desde noviembre de 2020. Pese a ello, el Polo Obrero continuó declarando compras a esa compañía por computadoras y software, sin que desde el Ministerio se observaran irregularidades. Lo mismo ocurrió con Miniso Trade, otra empresa sin historial comercial que, según los informes, también recibió pagos por supuestas adquisiciones de tecnología.
La fiscalía trabaja con extrema reserva para no entorpecer las medidas de prueba que se encuentran en curso. Hasta el momento, se identificó un grupo de al menos seis empresas que habrían sido utilizadas para el desvío de fondos públicos: Imprenta Rumbos, Coxtex, RicoPrint, UrbanGraphics, Carlos Monfrini y Miniso Trade. Las pruebas indican que más de $40 millones pasaron por estas firmas.
El caso de Impresiones Rumbos SRL es especialmente relevante. Esta imprenta, cuyo domicilio fiscal coincide con la sede del Partido Obrero, recibió al menos $20 millones a través de distintas maniobras. Parte del dinero llegó directamente y otra parte le fue transferida mediante cheques endosados por otras empresas que previamente cobraron del Polo Obrero. Además, la Justicia ya comprobó que Rumbos hizo aportes electorales por $18 millones al Partido Obrero y hasta contrató una empresa de publicidad para su campaña política.
El socio gerente de Rumbos, Roberto Adrián Albornoz, es uno de los imputados y ya prestó declaración ante la Justicia. La firma también fue fundada por Christian “El Colo” Rath, histórico dirigente del Polo Obrero, fallecido recientemente. Otra de las pruebas llamativas del expediente es que la imprenta llegó a emitir 25 facturas en un solo día, todas por montos idénticos pero con distintos conceptos, lo cual despertó fuertes sospechas en los investigadores. Según los registros, para Rumbos era indistinto cobrar lo mismo por imprimir papel que por vender un kit de seguridad.
La causa sigue avanzando y se espera que en los próximos días se defina la situación procesal de Belliboni, aunque la atención ahora también se centra en determinar cuál fue el rol de los exfuncionarios estatales en el presunto circuito de corrupción. Si se comprueba que hubo conocimiento o complicidad por parte del Estado en la omisión de controles, la causa podría escalar aún más.
