El jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, emitió una directiva para que el Ministerio de Seguridad y la Policía de la Ciudad actúen con firmeza ante quienes extraigan residuos de los contenedores públicos y generen desorden o suciedad en el espacio público. La instrucción fue dada a conocer a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social X (antes Twitter), donde señaló que todo individuo o grupo que sea sorprendido manipulando la basura fuera de lugar debe limpiar inmediatamente el desorden que haya provocado y, si se rehúsa, ser sancionado conforme a la legislación vigente.
Este nuevo mandato oficial se basa en lo estipulado en el artículo 94 del Código Contravencional porteño, que contempla multas y tareas comunitarias para quienes ensucien bienes públicos o privados. La normativa establece además que las sanciones pueden ser más severas cuando las infracciones se cometan desde vehículos o en espacios especialmente sensibles como hospitales, escuelas o templos religiosos. En los casos más graves, las multas pueden superar las mil unidades fijas; cada una de estas unidades tiene un valor equivalente al precio de un litro de nafta premium en la Ciudad de Buenos Aires, lo que eleva considerablemente las penalizaciones económicas para los infractores.
Esta medida impulsada por el Gobierno de la Ciudad reaviva un debate que ya tuvo su punto culminante en octubre de 2023, cuando la entonces ministra de Espacio Público y hoy vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio, presentó un proyecto legislativo que proponía endurecer las sanciones contra quienes manipularan contenedores, sacaran basura fuera de los horarios permitidos o afectaran la limpieza del espacio público. La propuesta contemplaba multas que, en el caso de cooperativas de recicladores y organizaciones sociales, podían superar el millón de pesos, además del decomiso de materiales reutilizables.
El proyecto fue recibido con gran rechazo por parte de cooperativas de recicladores, diversas organizaciones sociales y sectores políticos opositores, quienes denunciaron que la iniciativa implicaba una criminalización de la pobreza, penalizando a quienes sobreviven recuperando materiales reciclables o buscando alimentos en la basura. También generó polémica un artículo que contemplaba sanciones a manifestaciones callejeras que alteraran la limpieza o el uso del espacio público. Bajo la presión de estos grupos, el texto fue finalmente retirado antes de ser tratado en la Legislatura porteña.
Con la reciente orden de Jorge Macri, el enfoque punitivo vuelve a tomar protagonismo en la política urbana porteña. Según datos oficiales, la Ciudad cuenta con un total de más de 33.000 contenedores distribuidos en diferentes puntos, de los cuales aproximadamente 7.000 son modelos antivandálicos. Estos contenedores están diseñados con una tapa de resorte que dificulta la extracción de residuos, minimiza la posibilidad de derrames de líquidos y limita el acceso de personas u objetos voluminosos al interior del recipiente.
Durante el primer semestre de 2025, el gobierno local informó que más de 25.000 contenedores sufrieron actos de vandalismo. En respuesta, las autoridades aseguran que la nueva directiva busca fortalecer la higiene urbana y garantizar el cumplimiento del calendario oficial de recolección de residuos, que establece que la basura debe ser sacada a la vía pública exclusivamente entre las 19 y las 21 horas, de domingo a viernes. Además, la normativa vigente obliga a los comercios gastronómicos a separar correctamente los residuos y embolsarlos adecuadamente para facilitar su recogida.
Esta medida genera opiniones divididas en la sociedad porteña. Por un lado, quienes apoyan la iniciativa la consideran necesaria para mantener la limpieza, el orden y la salud pública, evitando que la basura sea desparramada y genere focos de contaminación o problemas sanitarios. Por otro lado, organizaciones sociales y defensores de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad advierten que estas sanciones pueden afectar principalmente a quienes viven en situación de pobreza extrema, que muchas veces recurren a la recuperación de residuos para obtener un sustento.
Además, se teme que la política represiva no contemple soluciones integrales para el problema social y ambiental que implica la gestión de residuos urbanos, sino que sólo intente limitar sus manifestaciones visibles sin atacar las causas estructurales. Desde estos sectores proponen que se implementen políticas públicas más inclusivas, que incluyan apoyo a cooperativas de recicladores, programas de empleo social y campañas de concientización para la población.
El debate sobre cómo equilibrar el orden urbano, la higiene pública y los derechos sociales seguirá siendo un tema central en la agenda de la Ciudad de Buenos Aires durante los próximos meses, especialmente en un contexto donde las problemáticas sociales se acentúan y las necesidades de los sectores más vulnerables se hacen más visibles.
