En el marco de una política sostenida de recuperación del espacio urbano y restitución de inmuebles ocupados ilegalmente, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires logró devolver a sus legítimos propietarios bienes valuados en más de 200 millones de dólares. Esta cifra surge como resultado de una serie de operativos realizados durante los últimos dos años, período en el cual la administración porteña consiguió recuperar más de 550 propiedades que se encontraban usurpadas en distintos barrios de la Capital Federal.
El operativo más reciente tuvo lugar en el barrio de Constitución, donde fue desalojado un ex hotel ubicado en la calle Brasil al 900. El inmueble se encontraba tomado de manera ilegal y presentaba múltiples deficiencias edilicias y de seguridad que ponían en riesgo tanto a quienes lo habitaban como a los vecinos de la zona. La intervención se concretó luego de una inspección impulsada por la Defensoría del Pueblo, que derivó en la clausura del edificio debido a la gravedad de las irregularidades detectadas.
Durante la inspección, las autoridades constataron un estado general extremadamente deteriorado. Se encontraron vidrios rotos, instalaciones precarias de gas con garrafas conectadas de forma irregular, habitaciones construidas sin respetar los planos originales del edificio y una sobrecarga estructural significativa. Además, se detectaron rajaduras profundas en muros con vegetación creciendo en su interior, lo que evidenciaba un avanzado nivel de abandono y deterioro. El riesgo eléctrico era elevado, con tableros sin protección adecuada, cables expuestos y conexiones en contacto con materiales inflamables, mientras que las instalaciones sanitarias carecían de las condiciones mínimas de seguridad e higiene.
El relevamiento técnico también indicó la ausencia de matafuegos en condiciones reglamentarias, la presencia de escaleras construidas fuera de norma —una de ellas con peligro concreto de derrumbe— y entrepisos realizados con materiales combustibles dentro de las habitaciones. Asimismo, se descubrió una abertura en una pared medianera que conectaba el edificio con una propiedad lindera ubicada en Brasil al 900, lo que representaba un riesgo adicional en términos de seguridad y control.
El operativo fue llevado adelante de manera conjunta por la Policía de la Ciudad, la Guardia de Emergencias, equipos de la Red de Atención y personal del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana. Estas acciones forman parte de una estrategia integral impulsada por la gestión actual, que tiene como uno de sus ejes centrales la recuperación de inmuebles usurpados y la mejora de la seguridad urbana.
Al referirse a estos procedimientos, el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, destacó que ya se restituyó a propietarios privados el equivalente a más de 200 millones de dólares en bienes que habían sido ocupados ilegalmente. En ese sentido, señaló que la usurpación no solo perjudica a quienes invirtieron y son dueños legítimos de las propiedades, sino que también genera consecuencias negativas para el entorno barrial. Según explicó, en muchos casos estos inmuebles se convierten en focos de actividades delictivas como el narcomenudeo, la trata de personas y el refugio de delincuentes, afectando la convivencia y la seguridad de los vecinos. “Hemos tomado la decisión política de poner fin a estas situaciones”, afirmó.
La recuperación del ex hotel de Constitución se suma a otros desalojos recientes, como el realizado en una propiedad ubicada en la intersección de Sánchez de Loria y Don Bosco, y el de un antiguo restaurante francés en el barrio de San Cristóbal, en la esquina de Carlos Calvo y Sarandí. En este último caso, vecinos habían denunciado reiteradamente la presencia de fisuras estructurales y la venta de drogas de manera constante, situación que finalmente derivó en el desalojo del lugar.
En menos de dos años, la Ciudad logró recuperar edificios emblemáticos que permanecieron ocupados durante décadas, como el inmueble conocido como el “Elefante Blanco” en el barrio de Belgrano, que estuvo usurpado durante aproximadamente medio siglo. También fueron restituidos la histórica Casa Blaquier en el Casco Histórico, la denominada “Galería del Terror” en Nueva Pompeya, sectores del Mercado de Bonpland en Palermo y un predio de 2.500 metros cuadrados ubicado en Paseo Colón y San Juan, que estaba bajo el control del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados.
Además, se concretaron devoluciones de propiedades en barrios como Almagro, Palermo, La Boca, Villa Crespo, Barracas y Balvanera, así como del predio conocido como “La Lechería” en Villa del Parque. En zonas como Constitución, San Telmo y Flores, los operativos permitieron recuperar ex hoteles que habían sido transformados en refugios de delincuentes, puntos de venta de drogas o lugares donde se ejercía la prostitución.
En paralelo a estas acciones, el Gobierno porteño avanzó con el desalojo de más de 18.000 vendedores ambulantes que ocupaban de manera irregular veredas y espacios públicos en áreas comerciales estratégicas como Once, Flores —especialmente en la avenida Avellaneda—, Parque Centenario, Constitución, Chacarita, Parque Patricios, Liniers, Parque Saavedra y Mataderos. Con motivo de las fiestas de fin de año, las autoridades reforzaron los controles para evitar nuevas ocupaciones y garantizar la circulación peatonal y la seguridad en la vía pública.
