La comunidad audiovisual argentina se manifestó frente al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) para rechazar el posible cierre o privatización del canal Cine.ar y su plataforma online Cine.ar Play. Bajo consignas como “¡Cine.ar no se vende!” y críticas directas al titular del INCAA, Carlos Pirovano, cientos de actores, actrices, directores, técnicos y estudiantes del sector se congregaron en Lima 319, sede del organismo, para expresar su preocupación por el futuro del cine nacional.
El canal y la plataforma han sido fundamentales para difundir producciones argentinas de forma gratuita en todo el país y en el exterior. Durante más de una década, Cine.ar ha ofrecido un catálogo de más de 1600 títulos, incluyendo estrenos, documentales y cortometrajes, alcanzando a más de 2,5 millones de usuarios. Para muchas comunidades donde no hay salas de cine, este servicio representa la única vía de acceso al cine argentino. Además, cumple un rol educativo, cultural y social clave.
Durante el acto, figuras reconocidas como Cristina Banegas, Ana Celentano y Susana Varela leyeron un comunicado firmado por más de 15.500 personas y un centenar de entidades del ámbito audiovisual, como festivales, asociaciones profesionales y cátedras universitarias. En el texto se defendió el valor de Cine.ar como herramienta de acceso democrático a la cultura y se denunció la amenaza que representa su desmantelamiento.
El conflicto comenzó formalmente en marzo, con el decreto 194/2025, que trasladó la administración de Cine.ar desde el INCAA (dependiente de la Secretaría de Cultura) a la empresa estatal Contenidos Artísticos e Informativos, bajo la órbita de la Secretaría de Comunicación de Presidencia, liderada por el vocero Manuel Adorni. Esta movida fue interpretada como el primer paso hacia su privatización.
La confirmación llegó en agosto, cuando el INCAA publicó en redes sociales que avanzaba en la privatización de Cine.ar. Alegó que esto generaría un ahorro anual de 330.000 dólares (unos 462 millones de pesos), eliminando gastos en salarios y operación. Sin embargo, este monto representa menos del 1% del presupuesto anual del INCAA, estimado en alrededor de 50 mil millones de pesos, y el costo por usuario de Cine.ar es insignificante: apenas 12 centavos de dólar al año.
Durante la movilización, se denunció además que el gobierno está subejecutando el presupuesto del INCAA en un 67%, lo que ya ha generado una fuerte crisis en la industria cinematográfica local. Bajo las nuevas políticas, solo se estrenaron seis películas en lo que va del año, cuando antes se estrenaban unas 200 anualmente. Esto impacta directamente en la producción nacional, dejando a cientos de trabajadores sin empleo y afectando todo el ecosistema audiovisual: escuelas de cine, festivales, concursos, programas regionales, salas de cine públicas, y acuerdos de coproducción internacional.
También se alertó sobre la falta de transparencia en el uso de los fondos del INCAA, que en lugar de destinarse a sus funciones específicas, habrían sido colocados en inversiones financieras como plazos fijos y bonos, según revelaciones recientes.
A nivel interno, la situación laboral también es incierta. La semana pasada, las autoridades del INCAA ofrecieron a los cinco empleados de planta de Cine.ar optar entre un retiro voluntario o quedar en disponibilidad. Sin embargo, también se comunicó que el canal y la plataforma seguirían operando por al menos seis meses más, y se renovaron por ese período los contratos del personal no permanente. Todos los trabajadores fueron convocados a una reunión con Pirovano para definir su futuro.
Con una plantilla reducida a apenas diez personas tras los recortes de 2024, el destino de Cine.ar y su plataforma sigue siendo incierto. La comunidad audiovisual, sin embargo, dejó en claro que seguirá defendiendo este espacio vital para el cine nacional.
