La jueza Julieta Makintach fue finalmente removida de su cargo en medio de un fuerte escándalo institucional derivado del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, un proceso judicial que terminó anulado y que dejó múltiples controversias abiertas. La decisión fue tomada por el jurado de enjuiciamiento de la provincia de Buenos Aires, que concluyó de manera unánime que la conducta de la magistrada había traspasado límites incompatibles con su función y que ameritaban su destitución inmediata.
La resolución se dio a conocer durante la mañana, aunque la jueza Makintach decidió no presentarse a la audiencia en la que se leyó el veredicto. Su ausencia llamó la atención entre los presentes, ya que en instancias previas había manifestado su intención de defenderse. Según difundieron luego medios cercanos a su entorno, la exmagistrada expresó sentirse “desilusionada” por el rumbo que tomó el proceso y afirmó que enfrentó un clima hostil desde el inicio del juicio político.
El jurado, después de analizar el expediente, los testimonios y los descargos presentados, concluyó que Makintach incurrió en incumplimiento de los deberes de su cargo, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos, entre otros cargos. Estos comportamientos, según el fallo, constituyeron una violación grave a los principios éticos y legales que deben guiar la tarea de cualquier integrante del Poder Judicial. En consecuencia, se decidió aplicarle la máxima sanción prevista: la destitución.
El caso que motivó la investigación disciplinaria se originó durante la filmación del documental “Justicia Divina”, un proyecto audiovisual que pretendía narrar desde adentro el juicio en el que se buscaba determinar si existían responsabilidades penales en la muerte de Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020. El documental buscaba mostrar el detrás de escena de uno de los procesos judiciales más mediáticos de los últimos años en Argentina, pero terminó generando un conflicto legal severo.
Makintach era una de las juezas integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N.º 2 de San Isidro, encargado de llevar adelante el proceso oral contra los ocho profesionales de la salud investigados por presunta negligencia y homicidio culposo en el tratamiento del exfutbolista. Sin embargo, su participación activa en la producción del documental fue considerada incompatible con sus funciones. Según la investigación, la jueza habría facilitado el acceso de los realizadores al expediente y a áreas internas del tribunal, generando así un riesgo para la imparcialidad y la reserva del proceso.
El juicio por la muerte de Maradona ya venía envuelto en controversias, pero la revelación de que uno de los miembros del tribunal colaboraba en un proyecto audiovisual sobre el caso provocó un cimbronazo político y judicial. La defensa de varios imputados planteó nulidades, alegando que el tribunal había perdido imparcialidad. Estas objeciones prosperaron: el juicio fue finalmente declarado nulo, lo que generó una ola de críticas hacia la magistrada.
En el expediente del jurado de enjuiciamiento se señalaron también irregularidades administrativas vinculadas al manejo de fondos y recursos del tribunal durante el período en el que se desarrolló el documental. Según los informes incorporados, Makintach habría autorizado gastos sin justificación o fuera del marco reglamentario, algo que terminó sumando peso a las acusaciones en su contra.
La decisión unánime del jurado dejó en claro que las conductas atribuidas a Makintach no podían considerarse errores menores ni actos aislados. Para los evaluadores, la situación puso en riesgo la confianza pública en la justicia, especialmente tratándose de una causa de altísimo impacto social. Afirmaron que la transparencia y la independencia judicial son pilares fundamentales, y que cualquier desviación grave de esos principios afecta de manera directa la credibilidad del sistema.
Tras conocerse el fallo, distintos sectores del ámbito jurídico reaccionaron con preocupación por el nivel de exposición pública que adquirió un proceso que debía juzgarse estrictamente en los estrados judiciales. Algunos especialistas destacaron que la destitución era una medida necesaria para proteger la institucionalidad, mientras que otros señalaron la necesidad de revisar los mecanismos de control para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.
Julieta Makintach, ahora exjueza, podría enfrentar nuevas investigaciones administrativas o incluso penales, dependiendo de cómo avancen las causas vinculadas a su desempeño. Aunque por el momento no hizo declaraciones públicas extensas, dejó trascender a su entorno cercano que evalúa presentar apelaciones o acciones legales para intentar revertir la decisión, aunque los caminos disponibles son limitados.
Con su destitución, el Tribunal Oral N.º 2 de San Isidro deberá ser reestructurado para retomar, eventualmente, el proceso judicial que quedó en suspenso tras la anulación del juicio por la muerte de Maradona. El caso, que ya acumulaba demoras, podría ahora volver a foja cero, lo que significa un impacto procesal significativo y un nuevo desafío para una causa que se volvió emblemática.
