La Ley de Emergencia en Discapacidad deberá encontrarse plenamente operativa a más tardar el próximo 4 de febrero. Así lo determinó la Justicia federal, que otorgó un plazo máximo de diez días hábiles al Poder Ejecutivo para que cumpla con la totalidad de las disposiciones establecidas en la norma sancionada y ratificada por el Congreso de la Nación durante 2024. En caso de incumplimiento, comenzarán a aplicarse sanciones económicas diarias contra funcionarios nacionales y no se descarta la apertura de causas penales por desobediencia judicial.
La decisión fue adoptada en plena feria judicial por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien ordenó la ejecución de una sentencia dictada a fines de diciembre. En esa resolución, el magistrado intimó al Gobierno nacional a poner en marcha la ley dentro de un plazo perentorio y exigió avances concretos y verificables. Además, dispuso que el Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad informen, en un lapso de cinco días, el estado de los trámites administrativos y normativos vinculados a la implementación, bajo apercibimiento de sanciones.
Según advirtieron las familias y organizaciones que impulsaron el amparo judicial, el 4 de febrero la normativa deberá estar en funcionamiento total. “No se trata de promesas ni de planes a futuro: la ley ya está vigente hace más de cuatro meses y sigue sin aplicarse”, señalaron desde el colectivo. En ese marco, advirtieron que, de persistir el incumplimiento, podrían recaer multas personales sobre funcionarios como el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
Referentes del movimiento destacaron la firmeza del fallo judicial y cuestionaron la actitud dilatoria del Ejecutivo. La actriz Lola Berthet sostuvo que la resolución judicial constituye un ultimátum definitivo y reclamó que se ponga fin a las demoras administrativas. En el mismo sentido, Valentina Bassi, también integrante del colectivo y madre de un adolescente con trastorno del espectro autista, celebró que la Justicia haya cerrado la puerta a nuevos informes técnicos que, hasta ahora, solo habían servido para postergar el cumplimiento efectivo de la ley.
La resolución judicial establece una serie de obligaciones concretas que el Gobierno deberá acreditar. Entre ellas, se encuentran la actualización de los aranceles de los centros prestadores con vigencia desde enero de 2025, la presentación de un plan de pago de las compensaciones adeudadas, la reapertura del plan ARCA para refinanciar deudas, la definición de los nuevos valores de las prestaciones y la reglamentación definitiva de la Ley 27.793, cuyo decreto reglamentario acumula un retraso de varios meses.
Pese al fallo, desde las organizaciones advierten que el presidente Javier Milei podría insistir en su estrategia de dilación. Lorena Aguirre, abogada y referente de la Asamblea Discas en Lucha, expresó su escepticismo respecto del cumplimiento voluntario de la sentencia y anticipó que evalúan la presentación de amparos colectivos en distintas jurisdicciones del país. A su vez, reclamó un mayor involucramiento del Poder Judicial y de los sectores políticos opositores para garantizar el respeto de los compromisos asumidos por el Estado argentino en materia de derechos humanos.
Aguirre recordó que los tratados internacionales con jerarquía constitucional establecen principios de no regresividad y no discriminación, los cuales, a su entender, están siendo vulnerados. “No puede tolerarse que se retroceda en derechos adquiridos ni que se discrimine a un colectivo históricamente postergado”, afirmó.
El conflicto judicial tuvo antecedentes clave a comienzos de diciembre, cuando el juez González Charvay declaró inválido el artículo 2 del decreto 681/2025, mediante el cual el Ejecutivo había suspendido la vigencia de la ley bajo el argumento de que el Congreso no había definido las fuentes de financiamiento. Para el magistrado, esa maniobra equivalía a un veto encubierto y resultaba incompatible con la Constitución Nacional, la división de poderes y los tratados internacionales de derechos humanos.
El Gobierno apeló la decisión a través del procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla. Si bien la Cámara Federal de San Martín admitió el recurso, lo hizo con efecto devolutivo, lo que implica que la apelación no suspende la obligación de cumplir con la sentencia. En consecuencia, el Ejecutivo debe avanzar de inmediato con la implementación de la ley, independientemente de la resolución final del tribunal de alzada.
En paralelo al frente judicial, el Ejecutivo intentó avanzar por la vía legislativa. En el proyecto de Presupuesto 2026, buscó eliminar el artículo que asignaba fondos tanto a la Ley de Emergencia en Discapacidad como al financiamiento universitario. Sin embargo, esa iniciativa fue rechazada en el Congreso y el texto definitivo mantuvo intactas ambas partidas.
Desde la Casa Rosada se insistió en que el aumento del gasto comprometía el objetivo de déficit cero. No obstante, distintos organismos refutaron esa postura. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia explicó que las estimaciones oficiales sobredimensionaron el universo de beneficiarios. A su vez, un informe de la Oficina del Presupuesto del Congreso concluyó que el costo de la ley representaría entre el 0,22 % y el 0,42 % del PBI, un porcentaje considerado manejable dentro del presupuesto nacional.
Finalmente, desde las organizaciones sociales remarcaron el impacto humano del ajuste. “Para el Gobierno somos una variable de gasto, pero una pensión de 300 mil pesos no alcanza para cubrir necesidades básicas, menos aún cuando no hay acceso a obra social ni a medicamentos”, denunció Aguirre. Y concluyó con una advertencia: “Vamos a seguir movilizándonos y articulando con otros sectores, porque los derechos no se defienden de manera aislada. Son transversales y nos afectan a todos”.
