En un fallo que representa un duro revés para el gobierno de Javier Milei, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Federal rechazó el pedido del Ejecutivo para no acatar una medida cautelar que obliga al Estado a garantizar la continuidad de los programas vinculados a la prevención, asistencia, acompañamiento y acceso a la justicia para víctimas de violencia de género.
Esta medida fue dictada en diciembre por un juez federal, como respuesta a una demanda presentada en junio por un conjunto de organizaciones sociales y feministas —entre ellas el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Ni Una Menos, la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables, Mujeres x Mujeres y la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer— que reclamaban certezas sobre el futuro de las políticas de género en el marco del vaciamiento estatal impulsado por el gobierno de La Libertad Avanza.
El fallo judicial obliga al Ministerio de Justicia a mantener los recursos humanos y la infraestructura de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, así como la operación de los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ), y a sostener la producción y publicación de evidencia y estadísticas que permitan evaluar la problemática.
Este pronunciamiento se da en un contexto de creciente ataque oficial contra las políticas de género, evidenciado por la eliminación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad —que fue degradado a subsecretaría— y la renuncia de Claudia Barcia, su titular, tras la llegada al cargo del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
Cúneo Libarona ha negado públicamente la existencia de violencia de género y ha anunciado la intención del gobierno de eliminar del Código Penal el agravante por motivos de odio en asesinatos contra mujeres, una decisión que ha generado alarma y rechazo en diversos sectores sociales y políticos.
Estas posturas extremas estuvieron acompañadas de declaraciones del propio presidente Milei en el Foro de Davos, donde negó la desigualdad de género, atacó al feminismo tildándolo de buscar “privilegios” y calificó a las parejas homoparentales como “pedófilas”. Estas afirmaciones, que desataron un amplio repudio, muestran la línea oficial de un gobierno que ha emprendido una ofensiva contra las agendas de género, diversidad y derechos humanos.
A pesar de que el Gobierno apeló la medida cautelar ante la Cámara, esta rechazó la solicitud y ordenó que continúe la vigencia de las políticas públicas destinadas a la prevención y atención de la violencia de género. En paralelo, la justicia también negó la habilitación de feria para tramitar la apelación, un recurso que había sido concedido por un juez federal para justificar la rapidez del trámite, algo cuestionado por organizaciones feministas que interpretaron esa decisión como un guiño oficial al Ejecutivo.
Soledad Deza, directora ejecutiva de Mujeres x Mujeres, calificó esta maniobra como un intento del Gobierno de desmantelar las políticas de género y advirtió que “no solo están vaciando las áreas en términos de recursos humanos, sino que también desconocen las obligaciones estatales en la prevención y sanción de la violencia”.
Por su parte, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) desmontó con datos las afirmaciones oficiales que minimizan la violencia de género: según sus registros, entre 60 y 65% de los femicidios en Argentina son cometidos por parejas o exparejas de las víctimas, evidenciando que la violencia homicida motivada por género es un fenómeno distinto a otros tipos de homicidios.
Julieta Izcurdia, directora del área jurídica de ELA, señaló que “ignorar estas diferencias implica desconocer la evidencia y las desigualdades de género, además de incumplir con las obligaciones nacionales e internacionales que el país ha asumido”. En ese sentido, valoró el fallo judicial que obliga al Gobierno a mantener las políticas de género como un paso fundamental para la protección de las víctimas.
Las organizaciones sociales anticipan que seguirán impulsando el litigio y que presentarán nuevas pruebas, incluyendo las controvertidas declaraciones del presidente Milei en foros internacionales, para exigir que no se desmonten las políticas públicas y que el Estado cumpla con sus compromisos en materia de derechos humanos.
El Gobierno, por su parte, niega el cierre de la subsecretaría y de los Centros de Acceso a la Justicia, y argumenta que se trata de una “reorganización” estatal. Sin embargo, el discurso oficial y las medidas concretas han provocado preocupación y resistencia, y se suman a una serie de iniciativas gubernamentales para modificar leyes vinculadas con los derechos de género y diversidad.
Según trascendidos, el Ejecutivo prepara un proyecto para derogar los cupos de género, discapacidad y personas trans en el Estado, así como para modificar la Ley Micaela, que establece capacitaciones obligatorias en temas de género para el personal judicial. También se proyecta la eliminación del decreto que reconoce las identidades no binarias en los documentos nacionales.
Estas acciones, sumadas a los ataques discursivos de Milei y sus funcionarios, han generado denuncias por parte de organizaciones de derechos humanos, políticas y sociales, que han presentado cargos penales y solicitudes ante organismos internacionales por incitación a la violencia, amenazas y abuso de autoridad.
El presidente Milei, además, ha generado polémica con publicaciones en redes sociales donde amenaza con “ir a buscar a los zurdos de mierda”, lo que motivó denuncias formales en la Justicia Federal y en tribunales internacionales.
Hasta el cierre de esta nota, el Gobierno no había emitido ninguna declaración oficial sobre el revés judicial que lo obliga a mantener los programas y políticas de género en un momento clave de su gestión.
