Miles de barrios populares y parajes alejados de todo el país lograron conectividad gracias al Fondo Fiduciario del Servicio Universal, una herramienta clave para llevar internet a sectores postergados. Sin embargo, el gobierno del presidente Javier Milei disolvió este fondo por decreto, dejando sin financiamiento obras en marcha y sin brindar alternativas tecnológicas, lo que condena a muchas zonas al aislamiento digital.
Un ejemplo destacado es el proyecto Soldati Conectada, una red comunitaria de internet que en 2024 recibió el premio internacional de la IEEE por su labor de “conectar a los desconectados”. Esta iniciativa de la organización social El Hormiguero logró llevar fibra óptica a un barrio de la Ciudad de Buenos Aires donde las empresas comerciales no intervenían por falta de rentabilidad. Soldati Conectada no solo provee acceso a internet en los hogares de sus socios, sino que además ofrece wifi gratuito en más de 40 espacios comunitarios, incluyendo merenderos, iglesias y centros culturales. También instaló decenas de puntos de acceso en las calles y paradas del premetro.
Este desarrollo fue posible gracias a los fondos aportados por el Fondo de Servicio Universal, el cual el gobierno eliminó con el argumento de terminar con “una caja de la política”.
Entre 2021 y 2023, cerca de dos mil barrios populares accedieron a servicios de fibra óptica mediante este fondo, que también financió la conectividad en parajes rurales aislados. Natalia Vinelli, ex subdirectora de Proyectos Especiales del Enacom, denunció que la suspensión abrupta de obras en curso, sin alternativas disponibles, condena a numerosas comunidades al aislamiento tecnológico.
La eliminación del fondo siguió una receta ya conocida por críticos de la gestión: primero se anuncian auditorías que cuestionan la transparencia de los programas; luego los medios afines reproducen campañas acusando corrupción; finalmente se da de baja la iniciativa, presentando esta acción como una medida contra el despilfarro.
Soldati Conectada debió salir a defender públicamente su trabajo ante estas acusaciones, aunque el reconocimiento internacional contribuyó a aclarar su verdadero impacto. Sin embargo, un proyecto de ampliación para conectar un nuevo barrio, La Veredita, quedó suspendido por falta de financiamiento.
Situación similar atraviesan en Córdoba Capital 23 barrios populares que habían accedido a internet mediante una red impulsada por la mutual Carlos Mugica, también financiada por el Fondo. Allí, 2 mil familias lograron por primera vez acceso a fibra óptica y se planificaba extender el servicio a 3.500 familias más. La cancelación del fondo impidió estas obras, pese a que habían superado auditorías y recibieron apoyo local.
La gobernación de La Pampa, liderada por el peronista Sergio Ziliotto, expresó su preocupación por el impacto de la medida en zonas rurales, donde la conectividad resulta vital para el desarrollo. Subrayó que el decreto presidencial derogó un fondo creado por ley y aprobado por ambas cámaras del Congreso, y pidió que no se avale esta decisión por constituir un “golpe a la conectividad del interior del país”.
El Centro de Estudios Legales y Sociales ya prepara un pedido de información pública para conocer cómo se financiarán las obras suspendidas y qué destino tendrá la recaudación del impuesto a las telecomunicaciones que alimentaba el fondo. Cabe destacar que, aunque el fondo fue eliminado, las empresas continúan pagando el aporte del 1% sobre sus ingresos brutos, pero durante 2024 la recaudación acumulada no fue utilizada.
Mientras tanto, miles de familias y comunidades siguen a la espera de soluciones que eviten quedar desconectadas y marginadas en un mundo cada vez más digital.
