El conflicto entre las universidades públicas y el Gobierno nacional volvió a recrudecer en los últimos días. Diversas federaciones gremiales y organizaciones estudiantiles confirmaron la realización de un paro de 72 horas que comenzará el próximo miércoles, en reclamo por la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Esta normativa fue aprobada en dos oportunidades por el Congreso Nacional y finalmente promulgada el 21 de octubre pasado por el Poder Ejecutivo, aunque —según denuncian los sindicatos— sin los fondos necesarios para su ejecución, lo que impide que las mejoras salariales y presupuestarias que establece se hagan efectivas.
El eje del reclamo se centra en la exigencia de que el Gobierno cumpla con lo que la ley dispone, especialmente en lo referido a la recomposición salarial de los docentes y no docentes del sistema universitario nacional. “La ley debe aplicarse sin más demora; es anticonstitucional no hacerlo”, advirtieron las organizaciones gremiales en un comunicado conjunto. Desde el sector sostienen que, de acuerdo con lo estipulado por la normativa, el Estado adeuda un incremento del 44% en los haberes del personal universitario, un porcentaje que ya consideran una deuda consolidada y no una simple demanda sectorial.
Un reclamo que se profundiza
La medida de fuerza, que se extenderá hasta el viernes, contará con la adhesión de todas las universidades nacionales y se enmarca en un contexto de creciente malestar en el ámbito académico y científico. “Debemos continuar con la profundización de las protestas contra la reforma laboral y el plan que tiene esta gestión, que va en contra de la universidad pública, de los hospitales públicos y de los derechos laborales”, expresó Pilar Barbas, secretaria de la Federación Universitaria Argentina (FUA), al referirse a las motivaciones que impulsan la convocatoria.
En declaraciones a la radio AM 750, Barbas sostuvo que el movimiento estudiantil y docente debe mantener la unidad y la movilización en las calles, como única vía para frenar las políticas oficiales que —según su visión— buscan desfinanciar la educación pública. “Después de que se rechazaron los vetos presidenciales, el Gobierno decidió no aplicar la ley, como ya ocurrió con la Ley de Discapacidad. Si eso deja de estar en la agenda cotidiana de la gente, el Ejecutivo seguirá avanzando con su plan. Por eso creemos que una movilización masiva es fundamental”, señaló la dirigente, quien además milita en la Juventud de la Izquierda Socialista.
La crisis salarial y el vaciamiento institucional
Los gremios docentes coinciden en que la situación del sistema universitario es crítica. Denuncian que los salarios no han sido actualizados conforme a la inflación y que la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento ha deteriorado gravemente las condiciones laborales. “Tras tres marchas federales multitudinarias en defensa de la universidad pública, no hemos logrado que el presidente Javier Milei cumpla con la ley”, lamentaron desde las federaciones docentes.
La normativa en cuestión, además de establecer incrementos salariales, busca poner freno al proceso de desfinanciamiento que afecta a las universidades nacionales desde hace varios años. Su objetivo es garantizar el funcionamiento básico de las instituciones, cubrir gastos operativos y preservar la calidad académica, amenazada por la escasez de recursos.
En esa línea, Ileana Celoto, secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA), fue contundente: “La ley debe aplicarse de inmediato, no solo porque fue aprobada y promulgada, sino porque es inconstitucional no hacerlo. Cada día que pasa, el vaciamiento de la universidad pública se profundiza”. Celoto subrayó que los docentes deberían haber percibido ya un aumento del 44% y advirtió que “ese monto se transformó en una deuda del Estado con los trabajadores, no en una simple negociación pendiente”.
“No se puede sostener más esta situación”
La dirigente universitaria también alertó sobre las consecuencias humanas y profesionales que esta crisis está generando. “Las remuneraciones actuales son tan bajas que muchos compañeros están por debajo de la línea de pobreza. No pueden seguir sosteniendo las tareas que deben realizar con los salarios que perciben”, explicó. Según detalló, este escenario ha derivado en solicitudes masivas de reducción de dedicaciones horarias y en una preocupante pérdida de personal calificado, lo que repercute directamente en la docencia, la investigación y la extensión universitaria.
“Estamos viendo cómo se desintegran los equipos de trabajo. Las cátedras y proyectos de investigación se están quedando sin docentes ni auxiliares, y eso pone en riesgo la continuidad académica. Defendemos la universidad pública para que no quede como una cáscara vacía, sin contenido ni capacidad operativa”, sostuvo Celoto.
Un conflicto que simboliza algo mayor
El paro de 72 horas no solo busca obtener una respuesta concreta sobre la aplicación de la ley, sino también visibilizar el deterioro general del sistema educativo público y el impacto de las políticas de ajuste. Las organizaciones convocantes plantean que lo que está en juego no es únicamente un incremento salarial, sino la supervivencia del modelo de educación pública, gratuita y de calidad que ha caracterizado históricamente al país.
Los gremios anticiparon que, de no haber avances concretos, podrían extender las medidas de fuerza y convocar a una nueva Marcha Federal Universitaria, similar a las que en el pasado lograron reunir a cientos de miles de personas en defensa de la educación pública.
En las universidades, la incertidumbre crece. Profesores, investigadores, estudiantes y personal administrativo coinciden en que el conflicto trasciende lo sectorial: “Estamos defendiendo un derecho social, no solo un salario”, remarcan. Mientras tanto, el Gobierno aún no dio señales de disponer los fondos que permitan hacer efectiva la Ley de Financiamiento, lo que anticipa una semana de alta tensión en el ámbito académico y político nacional.
