Crece el repudio en el Congreso por maniobras de censura del Gobierno
El uso de una medida judicial para bloquear la difusión de información relacionada con presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) generó una ola de críticas en el Congreso de la Nación. El principal foco de la controversia es una cautelar que impide la publicación de audios en los que aparece Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei.
Este fallo judicial fue considerado por legisladores de distintos bloques como una forma de censura previa, lo que representa una seria amenaza a la libertad de prensa y al sistema democrático. La reacción fue inmediata en ambas cámaras legislativas, donde se llevaron a cabo reuniones para manifestar el rechazo a lo que consideran una maniobra para obstaculizar una investigación de interés público.
En el Senado, la presidenta de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, Carolina Moisés (Unión por la Patria), encabezó una conferencia de prensa donde se denunció lo que calificaron como un “ataque inconstitucional contra la libertad de prensa”. Moisés advirtió que el recurso judicial sienta un peligroso precedente, ya que limita el derecho de la ciudadanía a acceder a información de relevancia pública.
«Esto no es solo un intento de proteger a una funcionaria cercana al Presidente, sino una señal preocupante para todos los medios, periodistas y ciudadanos que buscan conocer la verdad sobre posibles actos de corrupción», expresó la senadora.
Por su parte, en la Cámara de Diputados se reunió la Comisión de Libertad de Expresión, aunque con una notoria ausencia: no participaron ni los representantes del oficialismo ni los del PRO. Esta falta de presencia fue interpretada por la oposición como una muestra de desinterés o complicidad ante una medida que pone en jaque principios fundamentales de la democracia.
La diputada Gisela Marziotta (UxP), integrante de la comisión, manifestó su preocupación por el silencio oficial frente a lo que describió como “una avanzada contra los medios independientes”. También hizo hincapié en la necesidad de que el Congreso asuma un rol activo en la defensa de la libertad de expresión, más aún cuando están en juego investigaciones sensibles que podrían comprometer a altos funcionarios del Gobierno.
Desde el Frente de Izquierda, el diputado Nicolás del Caño también repudió la medida judicial y aseguró que “el Gobierno quiere silenciar a quienes investigan casos de corrupción que lo involucran”. Advirtió que este tipo de censura no solo afecta a la prensa sino también a la labor legislativa, ya que impide el acceso a elementos claves para avanzar en las investigaciones.
El caso gira en torno a presuntas coimas dentro de la ANDIS, un organismo que maneja programas y fondos destinados a personas con discapacidad. La filtración de audios que vinculan a Karina Milei con maniobras dudosas generó gran repercusión mediática y llevó a que periodistas y medios comenzaran a profundizar la investigación. La cautelar, solicitada por el entorno presidencial, ordenó a diversos medios abstenerse de publicar esos contenidos, lo que fue ampliamente considerado como un acto de censura previa.
Distintas organizaciones de periodistas y entidades defensoras de los derechos humanos también se sumaron a los cuestionamientos. La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) emitieron comunicados en los que expresaron su rechazo a cualquier intento de restringir el trabajo periodístico y el acceso a la información.
En el ámbito político, la maniobra judicial encendió alarmas no solo por su contenido, sino por el contexto en el que se produce: un gobierno que, desde sus primeros días, ha mantenido una relación tensa con la prensa y ha buscado controlar el discurso público desde los canales oficiales.
Mientras la causa judicial que investiga las irregularidades en la ANDIS avanza lentamente, el debate sobre los límites del poder y el rol del periodismo en la Argentina vuelve a ocupar el centro de la escena. Legisladores de diversos bloques opositores coincidieron en que se debe garantizar el libre ejercicio del periodismo y advirtieron que este tipo de acciones no pueden repetirse si se pretende preservar un sistema democrático sano y transparente.
