La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina atraviesa un momento de fuerte tensión interna que pone en evidencia una grieta creciente entre sus miembros. Recientemente, los ministros Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz aprobaron la creación de una nueva Secretaría Penal Especial destinada a acelerar el trámite de causas penales que actualmente registran demoras significativas, especialmente aquellas vinculadas a juicios de lesa humanidad, habeas corpus y recursos por retardo o denegatoria de justicia. Esta medida busca descongestionar la Secretaría Judicial N° 3, que hasta ahora manejaba estas causas y que actualmente enfrenta un importante volumen de expedientes pendientes.
Sin embargo, el expresidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, se manifestó en clara disidencia respecto a esta decisión. En un duro comunicado, Lorenzetti señaló que la creación de esta nueva dependencia no responde a una necesidad real sino que, a su entender, está motivada por intereses internos de poder dentro del máximo tribunal. Criticó además la falta de concursos para designar al personal que trabajará en la nueva secretaría, denunciando que las designaciones se hacen en base a la amistad o parentesco, y no por méritos, algo que contradice la expectativa de austeridad que la sociedad argentina exige a sus instituciones.
La nueva Secretaría Penal Especial, según la acordada, tendrá como función principal tramitar causas penales que hasta ahora estaban en la Secretaría Judicial N° 3, incluyendo temas tan delicados como juicios de lesa humanidad, que históricamente han sufrido demoras prolongadas en su resolución. También intervendrá en recursos relacionados con la competencia originaria, habeas corpus y otras contiendas vinculadas a causas penales. La división busca que la Secretaría Judicial N° 3 pueda concentrarse en causas de corrupción y otros asuntos específicos, dejando los casos mencionados a la nueva secretaría. Además, el personal de la Secretaría Penal Especial estará conformado por empleados provenientes de la Secretaría Judicial N° 3 y otros posibles refuerzos según las necesidades.
Uno de los argumentos esgrimidos para justificar la creación de esta nueva dependencia es el notable incremento de expedientes penales en la Secretaría Judicial N° 3 durante los últimos años. Entre abril de 2018 y la fecha, la Secretaría Judicial N° 3 dictó más de 14 mil sentencias, de las cuales la mayoría fueron decisiones sobre competencia y honorarios. Actualmente, tiene alrededor de 7 mil causas pendientes de resolución, lo que representa una carga significativa para su personal.
No obstante, Lorenzetti cuestionó duramente esta justificación y la forma en que se tomaron las decisiones. En su disidencia, expresó que la invocación de principios como la “buena administración” y “gestión eficiente” no logran ocultar los verdaderos intereses detrás de esta medida, vinculados a una disputa de poder interna. Subrayó que hace treinta años la Secretaría Penal mantiene el mismo diseño y funcionamiento y que siempre ha manejado grandes volúmenes de causas, por lo que no hay razones objetivas para crear una nueva secretaría, más allá de la intención de designar a un nuevo secretario con un alto costo y sin proceso de concurso.
Además, Lorenzetti criticó la práctica recurrente dentro del tribunal de realizar designaciones sin concurso, basadas en amistades o vínculos familiares, lo que genera un alto costo para el Estado y contraviene la austeridad que la sociedad reclama. Enfatizó la necesidad de transparencia y mérito en todas las decisiones de la Corte para evitar el nepotismo y garantizar una administración pública eficiente y justa.
Desde otros sectores de la Corte respondieron recordando que durante la presidencia de Lorenzetti se efectuaron diversas reorganizaciones en la estructura de secretarías. Por ejemplo, se crearon la Secretaría de Juicios Ambientales y la Secretaría de Relaciones de Consumo, que asumieron competencias que antes estaban distribuidas en otras dependencias, lo que evidencia que la reforma de estructuras no es algo novedoso.
Sin embargo, Lorenzetti insistió en que la acumulación de causas no se resolverá simplemente con la creación de nuevas oficinas o designaciones de funcionarios. Señaló que el verdadero problema radica en la falta de gestión eficiente, en la demora para llegar a acuerdos y consensos entre los ministros para redactar y firmar sentencias, lo que genera cuellos de botella y retrasos en la administración de justicia. Según él, mientras no se superen esas dificultades internas, la congestión procesal continuará afectando el funcionamiento del máximo tribunal.
Este episodio pone en evidencia una pelea de poder dentro de la Corte Suprema, que impacta directamente en la administración de justicia y en la percepción pública de la institución. Mientras unos buscan reorganizar estructuras y crear nuevas secretarías para mejorar la tramitación de causas, otros denuncian que estas medidas responden más a intereses personales y políticos que a una verdadera mejora en la eficiencia judicial. La controversia deja al descubierto la falta de consenso y la fragmentación interna que afecta al máximo tribunal argentino en un momento crucial para el país.
