El conflicto entre el Gobierno nacional y el sector universitario sumará un nuevo capítulo la próxima semana. La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) resolvió realizar un paro de 72 horas, que se llevará a cabo entre el miércoles y el viernes próximos, como medida de protesta para exigir la plena implementación de la Ley de Financiamiento Universitario. La norma, aprobada por el Congreso y ratificada tras el veto del presidente Javier Milei, sigue sin aplicarse, lo que generó un profundo malestar en la comunidad académica.
La decisión fue tomada durante el plenario de secretarios y secretarias generales de la CONADU, donde la moción de iniciar una jornada de lucha de tres días fue aprobada por amplia mayoría. El paro contará con el acompañamiento de la CONADU Histórica, la otra federación docente de peso en el ámbito universitario, lo que anticipa una adhesión masiva en todo el país.
Según explicaron desde la conducción gremial, la medida busca visibilizar la crítica situación que atraviesan las universidades públicas, afectadas por un ajuste presupuestario que pone en riesgo su funcionamiento cotidiano. “Nuestros ingresos han quedado muy por debajo de la inflación, mientras los fondos asignados a las universidades son insuficientes incluso para cubrir los gastos mínimos hasta fin de año”, señalaron los representantes sindicales en un comunicado.
Varios rectores y consejos superiores ya declararon la emergencia presupuestaria, advirtiendo que las partidas actuales no alcanzan para sostener servicios básicos, pagar salarios o mantener la infraestructura en condiciones adecuadas. En este contexto, los gremios alertaron que, de no haber respuestas concretas por parte del Ejecutivo, podrían afectar el inicio del ciclo lectivo 2026 con nuevas medidas de fuerza más prolongadas.
Reclamos y estrategias sindicales
Además de la huelga, las organizaciones docentes definieron avanzar en acciones judiciales junto con el Frente Sindical Universitario, con el objetivo de exigir la apertura de paritarias que permitan recomponer los salarios deteriorados por la inflación. Los sindicatos consideran que el Gobierno incumple las obligaciones establecidas en la Ley de Financiamiento, que incluye la convocatoria a negociaciones colectivas y la actualización de los haberes de docentes y no docentes en función del índice de precios al consumidor.
El plenario también expresó su solidaridad con el personal de la Universidad Nacional de Formosa, donde, según denunciaron, se registran situaciones de persecución laboral y política. “Repudiamos las sanciones aplicadas a trabajadores y trabajadoras por expresar opiniones críticas hacia la gestión universitaria. La libertad académica y de pensamiento son pilares fundamentales de la universidad pública”, manifestaron desde la CONADU.
El contexto presupuestario y político
La protesta se enmarca en un escenario económico y político complejo. Mientras el Congreso discute el Presupuesto 2026, el Poder Ejecutivo mantiene una política de ajuste del gasto público que impacta de lleno en las universidades nacionales. A pesar de que el Parlamento votó partidas de emergencia para distintos sectores, como el de discapacidad o la atención pediátrica, el sistema universitario fue nuevamente excluido de los incrementos presupuestarios anunciados por el Gobierno.
Esta exclusión generó una fuerte reacción entre docentes, estudiantes y autoridades universitarias, quienes sostienen que la educación superior pública se encuentra “en una situación límite”. En varias instituciones ya se implementan medidas de ahorro extremo: reducción de horarios de funcionamiento, suspensión de actividades extracurriculares y limitación del uso de laboratorios o equipos de investigación por falta de recursos.
Qué establece la Ley de Financiamiento Universitario
La Ley de Financiamiento Universitario, que el Congreso ratificó luego del veto presidencial, constituye uno de los principales reclamos del movimiento académico. La norma prevé un aumento progresivo del presupuesto destinado al sistema universitario, que pasaría del 1% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2026 al 1,5% en 2031.
Además, la ley dispone la actualización automática de los gastos de funcionamiento de las universidades, la creación de fondos específicos para obras de infraestructura, becas estudiantiles, programas de investigación y carreras consideradas estratégicas para el desarrollo nacional. También establece el llamado obligatorio a paritarias para recomponer los salarios de los trabajadores universitarios conforme a la evolución de la inflación.
Para los gremios, la falta de implementación de esta norma refleja una clara voluntad política del Gobierno de profundizar el ajuste sobre la educación pública, lo que atenta contra la continuidad de las funciones esenciales de docencia, investigación y extensión. “El Ejecutivo no puede ignorar una ley que fue debatida, aprobada y ratificada por la representación democrática del pueblo. La universidad pública es un derecho y una inversión para el futuro del país”, sostuvieron desde la CONADU.
Una lucha que se extiende
Las protestas universitarias no son nuevas: a lo largo de todo el año, distintas facultades y centros académicos realizaron clases públicas, marchas y jornadas de visibilización para denunciar el recorte presupuestario. Sin embargo, el paro nacional de 72 horas marca una nueva escalada en el conflicto, con un frente sindical unificado y una creciente adhesión del movimiento estudiantil.
El escenario, además, se agrava por la persistente crisis económica, la caída del poder adquisitivo de los salarios y el incremento de los costos operativos en los campus universitarios. Frente a esto, los gremios advierten que no hay margen para seguir esperando: “Si no se cumple la ley, si no se abren las paritarias y si no se garantiza el presupuesto necesario, la universidad pública no podrá sostenerse”.
El próximo miércoles comenzará, entonces, una nueva semana de paro docente universitario que paralizará la mayoría de las casas de estudio del país. Será, una vez más, una señal de alerta hacia el Gobierno nacional y un llamado a la sociedad para defender uno de los pilares más reconocidos del sistema educativo argentino.
