Un nuevo análisis presentado por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) volvió a poner en primer plano la gravedad de los crímenes de género en la Ciudad de Buenos Aires y la respuesta del sistema judicial ante estas violencias. Según su sexto informe anual, más de la mitad de los homicidios de mujeres que terminaron en una condena fueron reconocidos judicialmente como femicidios, es decir, asesinatos cometidos en un contexto de violencia machista o motivados por razones de género. La presentación del documento coincidió con los días previos a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, celebrado cada 25 de noviembre.
El estudio, difundido a través del sitio oficial Fiscales.gob.ar, abarca un período de casi diez años —desde 2015 hasta 2024— y fue impulsado por el equipo encabezado por la fiscal Mariela Labozzetta. Durante este lapso se examinaron 192 expedientes judiciales correspondientes a 199 asesinatos de mujeres registrados en el ámbito porteño. La UFEM determinó que en el 62% de esos hechos aparecían indicadores claros de violencia de género, lo que llevó a que se los clasifique como femicidios desde el inicio de la investigación.
En cuanto al avance de los procesos judiciales, el informe detalla que más de la mitad de las causas (55%) lograron sentencia en primera instancia. De ese conjunto, 96 terminaron en condenas y 10 en absoluciones. Un dato especialmente significativo es que el 53% de los homicidios que la UFEM había catalogado como femicidios fueron efectivamente reconocidos como tales por la justicia al dictar sentencias, aplicándose la figura agravada correspondiente. Otros 11 fallos incorporaron únicamente la agravante de vínculo (por ejemplo, cuando existía relación de pareja o familiar), sin que se mencionara expresamente la motivación de género. En tanto, 10 hechos fueron tipificados como homicidios simples.
El registro realizado por el organismo no solo abarca femicidios, sino también transfemicidios —asesinatos de mujeres trans motivados por odio o discriminación de género— y otros homicidios dolosos de mujeres que no necesariamente presentaban indicadores de violencia machista. Este seguimiento sistemático evidencia la importancia de contar con estadísticas confiables y sostenidas en el tiempo para evaluar el funcionamiento judicial y orientar políticas públicas específicas.
Uno de los aspectos que subraya el informe es el grado de identificación de quienes cometen estos delitos: en el 88% de los expedientes se logró determinar la autoría, porcentaje que se eleva al 95% cuando se trata de femicidios, pero desciende al 76% en homicidios de mujeres sin componentes de género. En relación con los tiempos del proceso penal, se especifica que transcurren en promedio nueve meses entre la ocurrencia del hecho y la elevación a juicio, y un total de algo más de dos años hasta la sentencia de primera instancia.
El camino judicial, sin embargo, suele extenderse mucho más. El 84% de las sentencias fue apelado ante la Cámara Nacional de Casación Penal, lo que prolongó el promedio de duración de los procesos hasta los siete años cuando llegan a instancias superiores como la Corte Suprema de Justicia. En ese contexto, las penas aplicadas también demuestran la gravedad de los casos: el 63% de las personas condenadas por homicidios dolosos de mujeres recibió prisión perpetua. Entre las agravantes que se presentan con mayor frecuencia figuran el vínculo entre agresor y víctima, la violencia de género, la intención de ocultar otro delito, la alevosía y el uso de armas de fuego.
Entre 2015 y 2024, la UFEM registró 123 muertes de mujeres clasificadas como femicidios, y la proporción de condenas fue más alta que en los homicidios sin motivación de género. La fiscalía destacó que estos datos permiten comprender la magnitud real del fenómeno y evaluar si las herramientas judiciales implementadas son efectivas. El informe también sirve como insumo para desarrollar futuras recomendaciones institucionales y políticas orientadas a prevenir estas violencias.
Pero la estadística judicial no es el único indicador que revela la dimensión del problema. Otros estudios y organizaciones advierten sobre la persistencia de altos niveles de violencia en todo el país. De acuerdo con La Casa del Encuentro, solo en 2024 se cometieron 283 femicidios en Argentina, mientras que en 2023 esa cifra fue aún mayor, llegando a 307 víctimas. En el transcurso de esos dos años, 759 hijos e hijas quedaron huérfanos a causa de estos crímenes. La organización señala que en el país se produce un femicidio cada 29 horas.
Un relevamiento reciente de la Fundación Instituto Natura y Avon, realizado entre junio y julio de este año a más de 1.600 personas, brinda otro ángulo sobre el problema: la percepción social respecto a la violencia de género. Este Índice de Concientización sobre Violencia hacia las Mujeres, desarrollado junto con la consultora Quiddity, muestra que apenas el 27% de las personas encuestadas considera que posee un nivel alto o muy alto de conocimiento sobre el tema. La brecha de género vuelve a evidenciarse: mientras el 40% de las mujeres cree tener un nivel elevado de información, entre los varones esa cifra desciende al 16,2%. A su vez, el número de hombres que reconocen saber poco o muy poco triplica al de mujeres que manifestaron el mismo nivel de desconocimiento.
La falta de reconocimiento de las agresiones también es un obstáculo para abordar la problemática: según el informe, tres de cada diez mujeres no identifican de inmediato las conductas violentas que sufren, lo que dificulta pedir ayuda o realizar una denuncia. Para las organizaciones que trabajan en el área, este dato es crucial: la capacidad de reconocer señales de violencia y de acompañar adecuadamente a una víctima depende, en gran medida, del grado de información que tenga la sociedad. Por eso, la promoción de la conciencia colectiva sobre el tema se vuelve indispensable para avanzar en políticas preventivas y seguir reduciendo las violencias.
