En medio del escándalo internacional por la estafa con criptomonedas conocida como $LIBRA, que salpica de lleno al entorno presidencial y empieza a recibir la atención de organismos como el FBI y la SEC de Estados Unidos, el presidente Javier Milei intentó recuperar la iniciativa política con una jugada que rozó lo inconstitucional: atacó duramente al gobernador bonaerense Axel Kicillof y lo instó a renunciar, incluso sugiriendo una intervención federal de la Provincia de Buenos Aires.
La amenaza no solo encendió todas las alarmas institucionales, sino que produjo un efecto inesperado: generó un cierre de filas en torno a Kicillof incluso dentro de un peronismo fragmentado, y motivó pronunciamientos en defensa del federalismo por parte de gobernadores, intendentes, legisladores, sindicatos y referentes de diferentes fuerzas políticas, incluyendo voces críticas de la oposición moderada.
El Presidente apeló a su canal favorito de comunicación: Twitter (ahora X), donde a las 7 de la mañana escribió: «Si le interesa el bienestar de los bonaerenses, córrase del camino (esto es, renuncie) y déjenos intervenir la Provincia. En un año nosotros vamos a terminar con la violencia».
La frase fue detonante. En un país marcado por las cicatrices de la historia, donde la palabra «intervención» remite a épocas de golpes de Estado y rupturas del orden constitucional, el mensaje fue leído no como una provocación aislada, sino como un intento de ensayar una avanzada autoritaria en medio de su peor momento político desde que asumió.
Del escándalo cripto a la cortina de humo
El New York Times, uno de los diarios más influyentes del mundo, publicó esa misma jornada una investigación que revela que empresarios del ecosistema cripto habrían recibido solicitudes de sobornos por parte de allegados a Milei, a cambio de favores, reuniones o fotografías con el presidente.
Según la nota, los montos pedidos oscilaban entre 50 mil y 500 mil dólares. El impacto fue inmediato. En redes sociales, medios y foros económicos se multiplicaron las dudas sobre la integridad del Gobierno. El nombre de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, aparece mencionado como una de las interlocutoras de los operadores.
Lejos de dar explicaciones, el Presidente eligió redirigir la atención hacia la provincia de Buenos Aires, agitando el tema de la inseguridad tras el crimen de la niña Kim Gómez, de 7 años, ocurrido en La Plata.
Para Axel Kicillof, el movimiento fue transparente: “Tal vez quiso ocultar la gravedad de que hoy el presidente de la Nación está siendo investigado por el FBI, el Departamento de Justicia y la Comisión de Valores de EE.UU.”.
Una respuesta institucional sin precedentes
A las pocas horas del tuit presidencial, el gobernador convocó una conferencia de prensa en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno en La Plata, rodeado por legisladores, intendentes y funcionarios. Visiblemente molesto, calificó las declaraciones de Milei como una «amenaza al orden democrático» y anticipó que denunciará penalmente al Presidente por incurrir en delitos contra el orden constitucional y los poderes públicos. «No vamos a permitir que los intereses de los bonaerenses queden en manos de los caprichos de un presidente que no respeta la democracia», afirmó. «No se trata de solidaridad conmigo. Se trata de defender a nuestra gente, a nuestras instituciones y a nuestra Constitución».
Desde el peronismo en sus múltiples variantes hasta sectores del radicalismo y algunos referentes del PRO, la ola de repudio fue masiva. Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa, Máximo Kirchner, Gerardo Zamora, Martín Lousteau, Gustavo Melella, Sergio Ziliotto, Fernando Espinoza, Malena Galmarini, y decenas de voces más se sumaron al rechazo.
El PJ nacional emitió un comunicado contundente: “Milei intenta un golpe institucional contra la provincia y su gobernador. En su desesperación por ocultar los escándalos que lo rodean, cruza límites que ninguna democracia debe tolerar”.
Incluso Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y aliado ocasional del Presidente, marcó distancia: “¿La solución es pedirle la renuncia a un gobernador? Yo creo que no. Hay que ver cómo trabajamos juntos”.
Un presidente acorralado
Con el Congreso cerrado al debate, el intento de designar jueces de la Corte por decreto y el creciente malestar social por los recortes en salud, educación, salarios y asistencia social, el Gobierno de Milei enfrenta la mayor crisis institucional desde su asunción.
Sindicatos como la CGT y el gremio de los Canillitas repudiaron el ataque al federalismo. Desde el Congreso, los bloques de Unión por la Patria en ambas cámaras pidieron explicaciones y alertaron sobre los riesgos de “naturalizar el autoritarismo”.
El senador José Mayans y el diputado Germán Martínez aseguraron que se está ante una “escalada peligrosa” y advirtieron que Milei “quiere gobernar por decreto, con jueces adictos y legisladores disciplinados”.
Crimen, narcotráfico y responsabilidades
En paralelo, Milei busca culpar a la Provincia por la creciente ola de violencia e inseguridad, sin hacerse cargo de las competencias que tiene el Gobierno nacional. En su conferencia, Kicillof fue enfático: “La provincia no produce drogas. La droga entra por las fronteras, llega por los puertos, se distribuye por redes que dependen de la inteligencia nacional. El responsable del narcotráfico en la Argentina es el Estado nacional. El responsable político de ese Estado se llama Javier Milei”.
Además, señaló que Milei recortó más de 700 mil millones de pesos destinados a seguridad en territorio bonaerense, y que su propuesta de intervención no es más que “un delirio autoritario con motivaciones personales y electorales”.
El reflejo de una democracia herida
Más allá del escándalo coyuntural, lo ocurrido en estas horas dejó al descubierto una fragilidad institucional alarmante. Por primera vez desde la vuelta de la democracia, un presidente propone públicamente la intervención de una provincia gobernada por la oposición y lo hace sin fundamentos constitucionales, sin respaldo político ni diálogo previo.
Incluso desde el radicalismo, voces como Maximiliano Abad y Martín Lousteau alertaron sobre los peligros de “banalizar el uso de herramientas de excepción” y reclamaron que se baje la tensión.
Desde la Federación Argentina de Municipios hasta los movimientos sociales y universidades, todos coincidieron en que las diferencias políticas no pueden justificar ataques a la institucionalidad.
En palabras de Kicillof: «Va a hacer falta unidad para defender la democracia. Esta no es una discusión entre Milei y yo. Es una amenaza directa al sistema democrático, al federalismo, y a la soberanía del pueblo que eligió a sus representantes».
¿Y ahora qué?
En lo inmediato, el gobierno de la provincia evalúa llevar la denuncia contra Milei a organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU, alegando que se violan principios democráticos elementales. También se baraja una presentación judicial local contra el Presidente y miembros de su gabinete por amenazas e incitación a la violencia institucional.
Mientras tanto, la investigación por la estafa de $LIBRA continúa avanzando en medios extranjeros, y la presión internacional podría forzar a la Casa Rosada a dar explicaciones más formales. La oposición ya solicitó que se conforme una comisión investigadora en el Congreso y se pidan informes al Departamento de Justicia de EE.UU.
El escenario es complejo. Lo que parecía un exabrupto digital se transformó en un punto de inflexión para el gobierno de Javier Milei. Su intento de desviar la atención terminó unificando a sus adversarios y despertando alertas que ya no pueden ignorarse.
En la Argentina del 2025, la democracia sigue siendo el límite, aunque algunos parezcan decididos a probar hasta dónde puede estirarse sin romperse.
