Este martes vence el plazo para que el presidente Javier Milei decida si promulga o veta dos leyes cruciales que fueron aprobadas por amplia mayoría en el Congreso: la Ley de Financiamiento Universitario y la Ley de Emergencia Pediátrica. Ambas normativas buscan aliviar la crítica situación de las universidades públicas y del sistema de salud pediátrico, afectados por los recortes presupuestarios del gobierno nacional. Si el mandatario las rechaza, como anticipó semanas atrás, se reactivarán las movilizaciones sociales, que incluyen un paro universitario nacional, protestas frente al Ministerio de Educación y una nueva Marcha Federal.
Las dos leyes en cuestión tienen un fuerte respaldo legislativo y social. La Ley de Financiamiento Universitario fue votada por el Senado con 58 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones. Contempla la reapertura de paritarias, la creación de un fondo de 10.000 millones de pesos para las universidades nacionales, y el sostenimiento de becas estudiantiles. Pese al consenso político, el Ejecutivo no avanzó en su implementación.
Por su parte, la Ley de Emergencia Pediátrica —también aprobada en el Senado con 62 votos positivos y solo ocho negativos— apunta a reforzar el financiamiento de hospitales pediátricos y mejorar los salarios de los profesionales, en un contexto en el que muchos médicos están abandonando el sistema público debido a los bajos ingresos. Esta ley también revoca una resolución del Ministerio de Salud que modificaba el sistema de residencias médicas, y pone especial atención en el Hospital Garrahan, considerado un centro de referencia nacional.
Desde la comunidad universitaria, la reacción ante un posible veto no se hizo esperar. La CONADU, principal federación de docentes universitarios, anunció que realizará un paro nacional el día posterior al veto, en el marco de su plan de lucha. Además, convocarán a una nueva Marcha Federal para exigir que el Congreso insista en la sanción de la ley, tal como ocurrió anteriormente con la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Carlos De Feo, secretario general de CONADU, sostuvo que el respaldo social a la universidad pública es amplio y visible. “Tenemos que consolidar ese apoyo y salir masivamente a las calles cuando el Congreso trate el veto presidencial”, afirmó. El objetivo es ejercer presión para que diputados y senadores rechacen cualquier intento del Poder Ejecutivo de frenar leyes que ya tienen legitimidad parlamentaria y popular.
En la misma línea, los decanos de las 13 facultades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) difundieron un video pidiéndole al presidente que reglamente la ley. Con el lema “Cuidemos lo que funciona”, remarcaron que la educación pública atraviesa una emergencia: docentes con sueldos insuficientes, hospitales universitarios sin recursos, y una creciente pérdida de profesionales e investigadores que migran en busca de mejores condiciones laborales.
La falta de presupuesto también afecta directamente a estudiantes que dependen de becas para continuar sus estudios, y a miles de pacientes que acuden a hospitales públicos en busca de atención médica. Por eso, en la antesala del vencimiento del plazo, se realizará una jornada de clases públicas en Plaza de Mayo, organizada por los gremios docentes universitarios.
El presidente Milei, golpeado por la reciente derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, enfrenta ahora una decisión que puede generar un nuevo conflicto con sectores estratégicos de la sociedad. Si veta las leyes, podría reavivar la tensión social y política, y dejar la puerta abierta para que el Congreso insista con su aprobación definitiva mediante una mayoría calificada de dos tercios en ambas cámaras. Para la Ley de Emergencia Pediátrica, la oposición ya cuenta con los votos necesarios. En el caso de la universitaria, está muy cerca de lograrlo.
Si el presidente no toma una decisión antes del martes, según establece el artículo 80 de la Constitución, las leyes quedarían aprobadas automáticamente por “sanción tácita”. No obstante, en caso de veto explícito, gremios, estudiantes, médicos y trabajadores de la educación anticipan una movilización federal que irá “de Ushuaia a La Quiaca”, según prometieron semanas atrás.
