El gobierno encabezado por Javier Milei anunció su intención de enviar al Congreso un nuevo proyecto de ley de reforma laboral, una iniciativa que reabre el debate sobre la protección de los derechos de los trabajadores y la estructura del empleo en la Argentina. La propuesta, que el Ejecutivo presenta como una “modernización” del sistema, es interpretada por sindicatos, abogados laboralistas y diversos sectores políticos como un intento de flexibilizar las condiciones laborales en beneficio de las empresas y del capital financiero, a costa de los derechos adquiridos por los empleados.
El anuncio se produjo luego del reciente fortalecimiento político que Milei obtuvo en las urnas. Con ese respaldo, el Presidente busca avanzar en lo que define como la “segunda etapa” de su gestión, una agenda que incluye, además, una reforma tributaria con la promesa de reducir alrededor de veinte impuestos. Sin embargo, antes de aplicar esos cambios fiscales, el mandatario advirtió que es necesario “modernizar el sistema laboral”, un eufemismo que, para muchos analistas, encubre una profunda desregulación del mercado de trabajo.
Una vieja receta con nuevo envoltorio
El planteo no es novedoso. Diversos gobiernos de orientación liberal en la historia argentina –desde la dictadura militar hasta el menemismo, pasando por la Alianza y la administración de Mauricio Macri– intentaron reformas similares. En todos los casos, el argumento oficial fue el mismo: que las leyes laborales vigentes son un obstáculo para el crecimiento y la generación de empleo. Pero, según los críticos, detrás de ese discurso se esconde el objetivo de debilitar el movimiento obrero y reducir los costos empresariales mediante la pérdida de derechos.
El proyecto que Milei busca reactivar fue presentado originalmente en el Congreso el año pasado por la diputada Romina Diez, con el apoyo de figuras de La Libertad Avanza como Lilia Lemoine y José Luis Espert. Para los sectores sindicales, su contenido no deja lugar a dudas: “no hay en todo su articulado un solo beneficio para los trabajadores”, señalan.
El abogado laboralista Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, analizó el texto y sus implicancias. Según explicó, el gobierno sostiene falsamente que una reforma de este tipo impactaría en la economía real y fomentaría la contratación. “La dinámica económica –aclara– no depende de las leyes laborales, sino de la política económica general, que puede ser más proteccionista o más liberal. Si se destruye el mercado interno, se abren las importaciones y cae el consumo, es lógico que no haya creación de empleo”.
Para Cremonte, el trasfondo de estas políticas no es técnico sino ideológico: “Los gobiernos liberales suelen acompañar estas reformas con una campaña de estigmatización hacia los sindicatos, los abogados laboralistas y la justicia laboral. Se intenta presentar al trabajador como responsable de los problemas del país y a los derechos laborales como privilegios injustificados”.
Rechazo sindical y advertencias de la CGT
La reacción del movimiento obrero no se hizo esperar. Desde la Confederación General del Trabajo (CGT), sus principales dirigentes manifestaron un rechazo rotundo al anuncio. Héctor Daer, uno de los miembros del triunvirato que conduce la central, señaló que el gobierno aún no presentó un borrador concreto del proyecto, pero adelantó que “si el objetivo es retroceder en derechos, no habrá negociación posible”.
Daer también advirtió que las medidas propuestas podrían implicar una transferencia directa de recursos desde los trabajadores hacia los empresarios. “Hoy, con las normas vigentes, tener un trabajador formal o informal prácticamente da lo mismo. Las multas dejaron de aplicarse y ahora quieren crear un mercado de capitales con los fondos de indemnización”, denunció.
El dirigente explicó que la CGT prepara una estrategia integral de resistencia que combinará acciones políticas, judiciales y sindicales. En lo inmediato, el objetivo es frenar la aprobación legislativa del proyecto y promover una mayoría parlamentaria opositora. Si eso no alcanza, la central está dispuesta a recurrir a la Justicia e incluso retomar medidas de fuerza, como paros y movilizaciones.
Por su parte, Mario “Paco” Manrique, referente del sindicato de mecánicos (SMATA) y diputado nacional, fue aún más duro. “Todas las reformas laborales se impulsaron en contextos de crisis, con la excusa de modernizar, pero en realidad lo único que buscan es abaratar los despidos y debilitar la negociación colectiva”, afirmó. Según Manrique, el reciente triunfo electoral del oficialismo servirá como excusa para acelerar un proceso que ya estaba planificado: “La CGT no puede mirar para otro lado ni permanecer callada ante lo que se viene”, enfatizó.
Antecedentes históricos y paralelismos
Los intentos de modificar las leyes laborales en Argentina tienen una larga historia. Durante el gobierno de Mauricio Macri, por ejemplo, se intentó avanzar contra el fuero laboral y los abogados especializados, a quienes el propio presidente llegó a acusar –sin pruebas– de integrar una “mafia de la industria del juicio”. Años antes, la denominada “ley Banelco” durante la gestión de la Alianza buscó reformar la normativa para flexibilizar la contratación, escándalo que terminó con denuncias de sobornos en el Senado.
Más atrás en el tiempo, el menemismo implementó políticas de privatización y apertura económica que también incluyeron un recorte de derechos laborales. Incluso la dictadura militar de 1976 promovió cambios regresivos en materia laboral, bajo el pretexto de mejorar la productividad. En todos los casos, el resultado fue el mismo: mayor precarización, pérdida de poder adquisitivo y debilitamiento de los sindicatos.
Un proyecto con consecuencias sociales
Para los especialistas, lo preocupante de la iniciativa de Milei no es solo su contenido, sino el contexto en el que se impulsa. La economía atraviesa una profunda recesión, con caída del consumo, cierre de empresas y un aumento del desempleo. En ese escenario, reducir la protección legal de los trabajadores podría agravar aún más la situación social.
A pesar de las advertencias, el presidente insiste en que la reforma laboral es “condición previa” para la reforma tributaria que planea implementar. Según explicó, su idea es bajar los impuestos y ampliar la base imponible para desalentar la evasión y la informalidad. No obstante, los economistas más críticos sostienen que ninguna de esas medidas contempla mejoras concretas para los asalariados, que continúan perdiendo poder adquisitivo frente a la inflación.
La propuesta oficial, en palabras de algunos analistas, recuerda a las sátiras de los años noventa. En el programa humorístico Cha Cha Chá, el actor Rodolfo Samsó (“Alacrán”) protagonizaba un sketch donde agradecía amablemente su despido y debía indemnizar a la empresa por haberlo empleado. Aquella broma, que en su momento parecía absurda, se convierte hoy en una metáfora de la lógica que impulsa el oficialismo: un mundo del trabajo donde el trabajador ya no tiene derechos que reclamar, sino deudas que pagar.
En definitiva, la reforma que impulsa Milei se inscribe en una tradición de políticas orientadas a desmontar el andamiaje de protección laboral construido durante décadas. Si prospera, significará un cambio profundo en la relación entre capital y trabajo en la Argentina. Por ahora, la pulseada recién comienza, y todo indica que el Congreso y las calles serán el escenario de una nueva disputa por el futuro de los derechos laborales en el país.
