El presidente Javier Milei decidió vetar la Ley de Financiamiento Universitario, así como también la que declaraba la Emergencia en Pediatría. Ambas habían sido aprobadas por amplia mayoría en el Congreso. La decisión profundiza el conflicto político tras la derrota oficialista en las recientes elecciones, y ya generó reacciones por parte de gremios, estudiantes, legisladores y gobernadores.
La ley vetada garantizaba la actualización automática del presupuesto para universidades públicas, hospitales universitarios e investigación, además de incluir mejoras salariales para docentes y no docentes y fortalecimiento del sistema de becas. También establecía la obligación de convocar paritarias. El gobierno justificó el veto afirmando que la norma no especifica cómo se financiaría y que su implementación generaría más inflación y déficit, aunque estos argumentos fueron cuestionados por sectores de la oposición y la comunidad académica.
Este es el segundo veto de Milei contra iniciativas de apoyo al sistema universitario. La primera ley de financiamiento ya había sido rechazada por el Ejecutivo meses atrás. Ahora, la nueva decisión, publicada en el Boletín Oficial y firmada por todos los ministros, fue interpretada como un retroceso en el diálogo político y un nuevo golpe a la educación pública.
La reacción no tardó en llegar: la comunidad universitaria anunció una tercera Marcha Federal y un paro nacional universitario convocado para este viernes 12 de septiembre. Además, trabajadores del Hospital Garrahan también evalúan medidas de fuerza ante el veto a la Ley de Emergencia Pediátrica.
En paralelo, la Cámara de Diputados ya recibió el decreto presidencial y se prepara para insistir con la aprobación de la ley vetada, lo que podría ocurrir el próximo miércoles 17, en una sesión convocada por la oposición. En el Senado, el tema se trataría al día siguiente, junto con la posible inclusión del tercer veto inminente: el de la ley que establece la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) entre las provincias, también aprobada con apoyo de todos los gobernadores.
Mientras tanto, el Gobierno intenta acercarse a algunos mandatarios provinciales con los que mantiene afinidad política, como los de Mendoza, Entre Ríos, Chaco, San Luis y San Juan. Sin embargo, este nuevo veto complica las relaciones y deja en suspenso la mesa de diálogo anunciada días atrás.
Desde distintos sectores criticaron la decisión presidencial. Pablo Juliano, autor del proyecto, sostuvo que el Presidente actúa por motivaciones ideológicas y no por el bien común. Martín Lousteau ironizó sobre el uso de fondos públicos, mientras que la diputada Julia Estrada recordó que el Congreso seguirá insistiendo con el financiamiento universitario y el presupuesto 2026. El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, afirmó que Milei solo tiene un plan: el ajuste.
Las organizaciones gremiales universitarias, como CTERA, CONADU, CONADU Histórica, FAGDUT, FEDUN y UDA, también se sumaron al rechazo y respaldan el paro convocado para este viernes. Laura Carboni, de la AGD-UBA, denunció una pérdida salarial del 45% desde que asumió Milei y alertó sobre la renuncia de más de 10.000 docentes en todo el país.
La consigna “Si hay veto, hay marcha” comenzó a circular en redes sociales como llamado a la movilización del 17 de septiembre, cuando se prevé una masiva protesta en defensa de la universidad pública y otros sectores afectados por los recortes. Joaquín Carvalho, presidente de la Federación Universitaria Argentina (FUA), advirtió que el conflicto ya no es solo universitario, sino que involucra el futuro del país.
