El presidente Javier Milei oficializó este lunes, mediante la publicación en el Boletín Oficial, el veto total a tres proyectos de ley sociales que habían sido aprobados recientemente por el Congreso. Las iniciativas vetadas incluyen el aumento de las jubilaciones, la reinstauración de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad. Estas medidas generaron gran expectativa en diversos sectores sociales, pero ahora se enfrentan a un obstáculo importante tras la decisión del Ejecutivo.
Según fuentes oficiales, el decreto 534/2025 expone que el Ejecutivo consideró estas leyes como fiscalmente irresponsables, argumentando que no cumplían con la Ley de Administración Financiera. En particular, el gobierno reclamó que las propuestas carecían de una fuente de financiamiento genuina y clara, un requisito fundamental para cualquier iniciativa que implique gasto público.
Argumentos del veto presidencial
El Gobierno fundamentó su rechazo principalmente en dos aspectos: el elevado costo fiscal y las irregularidades en el proceso legislativo.
Por un lado, el Ejecutivo sostuvo que el impacto financiero de las tres leyes en conjunto representaría un gasto adicional superior a los 7 billones de pesos durante 2025 y cercano a los 17 billones para 2026. Estas cifras equivaldrían a casi un punto porcentual del Producto Bruto Interno (PBI) en 2025, y a un 1,68% en 2026. Según el decreto, este aumento en el gasto público pondría en serio riesgo el cumplimiento de las metas fiscales que el gobierno se ha comprometido a respetar, y amenazaría la estabilidad financiera del Estado, a la que califican como «innegociable».
En segundo término, el veto también denunció vicios procesales en la sanción de estas leyes. El Ejecutivo planteó que la sesión del Senado del 10 de julio, en la que se aprobaron las iniciativas, tuvo fallas graves. Señaló que no se cumplió con la convocatoria previa exigida y que los proyectos se trataron con mayoría simple, cuando por su naturaleza requerían un quórum calificado de dos tercios. Esta “interpretación ilegítima del reglamento” fue uno de los motivos esgrimidos para anular la validez de la aprobación.
Contenido de los proyectos vetados
Las iniciativas que quedaron suspendidas por el veto presidencial buscaban impulsar medidas sociales con impacto inmediato en grupos vulnerables:
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Aumento a las jubilaciones: Establecía un incremento de emergencia del 7,2% en los haberes, además de un bono permanente de 110.000 pesos, ajustable según la inflación, y transferencias a las cajas previsionales provinciales que aún no fueron transferidas al sistema nacional.
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Moratoria previsional: Proponía reactivar por dos años el Plan de Pago de Deuda Previsional, para permitir que quienes no hayan cumplido los 30 años de aportes puedan acceder a la jubilación. También flexibilizaba los requisitos para obtener la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
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Emergencia en discapacidad: Declaraba la emergencia nacional en discapacidad hasta 2026. Creaba una nueva Pensión No Contributiva para personas con discapacidad y establecía compensaciones económicas de emergencia para los prestadores del sistema, buscando mejorar la atención y cobertura de este sector.
Próximos pasos en el Congreso
La decisión de vetar estas leyes implica que el debate volverá al Parlamento. Para que las iniciativas puedan convertirse en ley a pesar del veto presidencial, la oposición deberá conseguir una mayoría calificada de dos tercios en ambas cámaras. Este escenario complica la posibilidad de que los proyectos vuelvan a ser sancionados, dado que se requiere un amplio consenso político, que no siempre es fácil de alcanzar en contextos de alta polarización.
Este enfrentamiento entre Ejecutivo y Legislativo pone en evidencia la tensión existente en torno a las políticas sociales y las restricciones fiscales. Mientras tanto, los sectores beneficiarios de estas propuestas continúan a la espera de una solución que garantice mejoras concretas en sus condiciones de vida.
En conclusión, el veto total del presidente Milei a estas iniciativas sociales representa un fuerte revés para las políticas de ampliación de derechos en materia previsional y discapacidad. El futuro de estas leyes dependerá de la capacidad de la oposición para reunir los votos necesarios y del diálogo político que logre destrabar el conflicto institucional. En tanto, la discusión sobre la prioridad entre la responsabilidad fiscal y las urgencias sociales continúa siendo un eje central en la agenda nacional.
