El 2025 comenzó con una nueva ola de despidos masivos en el sector público, esta vez con el Ministerio de Capital Humano como epicentro de la crisis laboral. En lo que se considera uno de los despidos más grandes del año, más de 2.000 trabajadores fueron despedidos de distintas áreas del Ministerio, lo que generó una fuerte reacción por parte de los sindicatos y organizaciones sociales. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE Capital) convocó a un paro general y una movilización para el miércoles 5 de marzo, en protesta por la medida, al grito de “La ministra del hambre tiene que dar explicaciones”.
La protesta, que tendrá lugar a las 11 de la mañana frente a la ex sede de Desarrollo Social, en el cruce de Moreno y la avenida 9 de Julio, busca visibilizar no solo la magnitud de los despidos, sino también el impacto social que estos generan, especialmente en los sectores más vulnerables del país. A la convocatoria se suman cientos de trabajadores del sector público que se sienten amenazados por las políticas del gobierno de Javier Milei, al cual acusan de desmantelar áreas clave de las políticas sociales.
Despidos masivos: un golpe a las políticas públicas y los derechos laborales
Los despidos fueron anunciados sin previo aviso y afectaron principalmente a trabajadores de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, un área fundamental dentro del Ministerio de Desarrollo Social que se encarga de la protección de los derechos de niños y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad. También se vieron afectados trabajadores de ACUMAR (Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo), entidad encargada del saneamiento del Riachuelo, y de distintas áreas relacionadas con la Vivienda Social, que se encargan de la gestión de planes y proyectos de vivienda para sectores populares.
Entre los despedidos se encuentran tanto empleados precarizados, con contratos temporales que fueron simplemente no renovados, como trabajadores de planta permanente, a los que se les ha “pasado a disponibilidad”, lo que significa que fueron desvinculados de sus puestos sin ninguna indemnización ni justificación legal clara.
La mayoría de estos trabajadores habían tenido contratos renovados a fines de 2024, pero estos se extendieron solo por unos meses y terminaron el 28 de febrero de 2025. Los despidos afectan tanto a personas con más de una década de trayectoria en el Estado como a jóvenes que recién se habían incorporado a la administración pública, lo que ha generado una gran frustración entre quienes pierden no solo su fuente de ingresos, sino también su estabilidad laboral.
La reacción de ATE: “Un golpe a los más vulnerables”
Desde la Asociación de Trabajadores del Estado, que nuclea a la gran mayoría de los empleados públicos del país, expresaron su preocupación por el impacto de estos despidos, no solo en los trabajadores, sino en las políticas públicas que resultan afectadas por la falta de personal especializado.
«Es una medida que no solo arrasa con los derechos de los trabajadores, sino que abandona por completo a los sectores más vulnerables del país, profundizando la crisis social y el aumento de las desigualdades», señalaron desde ATE en un comunicado.
El sindicato denunció que, con esta decisión, el gobierno no solo deja sin empleo a miles de trabajadores, sino que también está desmantelando áreas clave del Estado que son fundamentales para el bienestar de la población, como el cuidado de la niñez, el saneamiento ambiental y la vivienda social. ATE alertó que los despidos no son solo una cuestión laboral, sino que impactan directamente en la vida de los sectores más empobrecidos, que dependen de estos programas para subsistir.
Un sector público en crisis
Los despidos en el Ministerio de Capital Humano y otros organismos públicos no son un caso aislado, sino parte de una tendencia más amplia en el gobierno de Javier Milei de reducir el tamaño del Estado y recortar recursos en áreas sensibles. Desde que asumió la presidencia en diciembre de 2023, Milei ha implementado una serie de políticas de ajuste que incluyen recortes en el empleo público y una drástica reducción del gasto en programas sociales.
En el caso de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, el recorte tiene implicancias graves, dado que esta área está encargada de gestionar políticas de protección para niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. La falta de personal especializado puede poner en peligro los derechos de miles de niños y niñas que, sin un acompañamiento estatal adecuado, pueden quedar expuestos a situaciones de abuso y violencia.
Lo mismo ocurre con el trabajo realizado por ACUMAR, cuyo objetivo es el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, una de las zonas más contaminadas del país. El trabajo de este organismo es crucial para mejorar las condiciones ambientales y de salud pública en el conurbano bonaerense, y los despidos han dejado a muchos proyectos clave en un limbo de incertidumbre.
La protesta del miércoles: un grito de resistencia
La convocatoria a la movilización del miércoles 5 de marzo busca visibilizar no solo el desmantelamiento de estas políticas públicas, sino también la resistencia de los trabajadores del Estado ante las medidas de ajuste que afectan a toda la población. ATE ha dejado claro que no permitirá que los derechos de los trabajadores sean pisoteados y que luchará por la reincorporación de los despedidos.
La protesta se llevará a cabo frente a la ex sede de Desarrollo Social, un lugar simbólico debido a que fue durante los gobiernos anteriores que se pusieron en marcha las políticas públicas que hoy están siendo desmanteladas. La concentración busca, además, visibilizar la situación de todos los trabajadores del Estado que están bajo amenaza de despido, en un contexto donde la precarización y los recortes se profundizan cada vez más.
Los despidos y la reforma laboral: el modelo de Milei en cuestión
El gobierno de Javier Milei ha dejado claro que una de sus prioridades es reducir el tamaño del Estado y transformar las políticas públicas, aunque esto ha sido a costa de la eliminación de programas de contención social y del empleo en el sector público. En este contexto, los despidos masivos en el Ministerio de Capital Humano son un claro reflejo de las reformas que el gobierno pretende implementar en el sector público, una estrategia que ya ha sido cuestionada por diferentes sectores sociales y políticos.
Mientras el país enfrenta una creciente crisis económica, con altos índices de inflación y desempleo, la reducción de los programas sociales y los despidos en el Estado podrían agravar aún más las desigualdades sociales y dejar sin protección a los sectores más necesitados.
Los trabajadores del Estado, junto con sus sindicatos, se han comprometido a seguir luchando por sus derechos, y el paro y la movilización del miércoles serán solo el inicio de una serie de acciones en defensa del empleo público y de las políticas sociales que han sido históricamente claves para la población más vulnerable.
Un futuro incierto para los trabajadores
Los testimonios de los despedidos dan cuenta del profundo malestar que atraviesa el sector público. La incertidumbre sobre el futuro de sus empleos y la falta de respuestas del gobierno generan un clima de angustia y desprotección. Muchos trabajadores se preguntan cómo podrán subsistir sin su empleo en un contexto económico tan complejo, y la falta de opciones para reintegrarse al mercado laboral les deja poco espacio para la esperanza.
Mientras tanto, el gobierno de Javier Milei continúa con su agenda de reformas, y la respuesta de los trabajadores y sus organizaciones seguirá siendo la resistencia. El miércoles 5 de marzo será una jornada clave para determinar si la protesta logra conmover a las autoridades y genera una respuesta que frene el desmantelamiento del sector público o si, por el contrario, se profundiza la precarización laboral y la exclusión de los sectores más empobrecidos.
