La demolición de parte del muro perimetral del predio donde funcionó el exinstituto de menores Manuel Rocca, en la Ciudad de Buenos Aires, desató una fuerte controversia entre el Gobierno porteño y el Club Atlético All Boys. El conflicto se originó porque el terreno se encuentra actualmente en pleno proceso legislativo para ser transferido a la institución deportiva, un trámite que ya superó su primera instancia de aprobación en la Legislatura de la ciudad.
El espacio en cuestión está ubicado sobre la avenida Segurola al 1600, en el barrio de Monte Castro, dentro de la Comuna 10. Durante décadas allí funcionó el Instituto Manuel Rocca, un establecimiento destinado a la detención de menores en conflicto con la ley penal. Tras su cierre, el predio quedó bajo la administración del Gobierno de la Ciudad, mientras distintas iniciativas comenzaron a debatir qué destino debía tener ese terreno.
En los últimos años, All Boys impulsó un proyecto para que el lugar sea cedido al club con el objetivo de desarrollar un complejo con actividades deportivas, educativas y sociales abiertas a la comunidad. Según explicaron desde la institución, la idea es recuperar el espacio para transformarlo en un punto de encuentro para vecinos, jóvenes y familias del barrio, con instalaciones destinadas tanto al deporte como a la formación cultural.
La iniciativa para concretar la cesión del predio ingresó a la Legislatura porteña y obtuvo una primera aprobación el 28 de noviembre de 2025. En esa sesión, el proyecto recibió 41 votos a favor, dos en contra y seis abstenciones entre los legisladores presentes. Como ocurre con este tipo de iniciativas vinculadas a bienes públicos, el procedimiento legislativo exige una doble lectura: luego de la aprobación inicial debe realizarse una audiencia pública para que vecinos y organizaciones puedan expresar su opinión, y posteriormente el texto debe volver al recinto para su sanción definitiva.
Mientras ese proceso institucional continúa su curso, el Gobierno de la Ciudad decidió iniciar trabajos en el predio que incluyeron la demolición de una parte del muro perimetral ubicado en la esquina de las calles Elpidio González y Sanabria. La intervención generó sorpresa y malestar entre dirigentes, socios y simpatizantes de All Boys, quienes sostienen que las obras comenzaron sin previo aviso y en un momento en el que la situación del terreno aún se encuentra en discusión legislativa.
Desde el club explicaron que estaban a la espera de la realización de la audiencia pública correspondiente cuando se encontraron con que el lugar había sido cercado y que máquinas excavadoras comenzaron a derribar parte de la estructura que rodea el predio. Para la dirigencia, la decisión del Ejecutivo porteño resulta contradictoria con el tratamiento parlamentario que está en marcha y que podría derivar en la cesión formal del terreno a la institución.
La noticia de la demolición generó una rápida reacción en el entorno del club. Socios, hinchas y vecinos de la zona se acercaron al lugar para manifestar su rechazo a las obras y expresar su preocupación por el futuro del predio. Muchos de ellos consideran que el proyecto impulsado por All Boys permitiría recuperar un espacio que durante años permaneció cerrado y en estado de abandono, transformándolo en un ámbito de uso comunitario.
Por su parte, desde la administración porteña señalaron que el terreno pertenece a la Ciudad y que las tareas realizadas forman parte de un plan para abrir el espacio y convertirlo en un área verde de acceso público. Según esa versión, el objetivo sería generar una plaza o parque con sectores recreativos, iluminación y condiciones de seguridad que permitan su uso por parte de los vecinos del barrio.
Frente al avance de las obras, All Boys decidió recurrir a la Justicia y presentó una medida cautelar con el objetivo de frenar cualquier intervención en el predio hasta que se resuelva su situación legal. El planteo judicial buscó evitar modificaciones que pudieran afectar el estado del lugar mientras la Legislatura continúa evaluando el proyecto de cesión.
La Justicia finalmente hizo lugar al pedido del club y ordenó suspender los trabajos de demolición y cualquier otro tipo de intervención en el terreno hasta que se analice el fondo de la cuestión. La decisión judicial implicó una pausa en el conflicto y abrió un nuevo capítulo en la disputa entre la institución deportiva y el Gobierno de la Ciudad.
El episodio volvió a poner en debate el destino de un predio que ocupa varias hectáreas en una zona densamente urbanizada del oeste porteño. Mientras el Ejecutivo sostiene que el lugar debería convertirse en un espacio verde público, desde All Boys argumentan que su propuesta también contempla un uso abierto a la comunidad, con actividades deportivas, educativas y culturales destinadas a los vecinos.
En este contexto, el futuro del exinstituto Manuel Rocca permanece todavía sin una definición clara. La resolución dependerá tanto de las decisiones que adopte la Justicia en relación con la cautelar presentada por el club como del avance del proceso legislativo que se encuentra en curso en la Legislatura de la Ciudad.
Hasta que ese debate institucional se complete, el predio seguirá siendo escenario de una disputa que combina intereses urbanos, proyectos comunitarios y decisiones políticas sobre el uso de un espacio público que, después de años de abandono, volvió a ocupar un lugar central en la agenda del barrio y de la política porteña.
