El desalojo de un predio destinado al reciclado en el barrio porteño de Parque Avellaneda desató una fuerte controversia que combina tensiones políticas, reclamos sociales y advertencias ambientales. El espacio, ubicado en la intersección de las calles Tandil y Olivera, funcionaba como planta de reciclado de la cooperativa Amanecer de los Cartoneros, una organización vinculada al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). Según denunciaron desde la cooperativa, la medida impulsada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dejó sin trabajo a unas 200 personas y puso en riesgo un circuito productivo clave para el tratamiento de residuos textiles en la Capital Federal.
El operativo de desalojo fue llevado adelante por el Ejecutivo porteño y rápidamente se convirtió en un tema de alto voltaje político. Apenas concretada la acción, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, salió a respaldar públicamente la decisión a través de sus redes sociales. En un mensaje difundido en la plataforma X, el mandatario sostuvo que el predio había sido ocupado de manera irregular durante una década y enmarcó el procedimiento dentro de una política orientada a “recuperar el orden” y liberar espacios que, según su visión, se encontraban usurpados. Además, apuntó directamente contra referentes sociales y presentó la medida como un logro de gestión, al señalar que se trataba de la “propiedad número 553 recuperada”.
Sin embargo, la versión oficial fue cuestionada de manera inmediata por los trabajadores y las organizaciones involucradas. Desde la cooperativa Amanecer de los Cartoneros difundieron un comunicado en el que rechazaron de forma tajante la acusación de usurpación. Según explicaron, el predio había sido cedido formalmente hace más de 15 años por el propio Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de políticas públicas destinadas a integrar a los recuperadores urbanos al sistema formal de gestión de residuos. En ese sentido, remarcaron que la planta funcionó durante años con pleno conocimiento de las autoridades y bajo distintos acuerdos institucionales.
De acuerdo con el MTE, en la planta desalojada trabajaban alrededor de 200 personas, entre recuperadores urbanos, operarios, personal administrativo y técnicos especializados, incluidos mecánicos encargados del mantenimiento de las máquinas utilizadas para el procesamiento de materiales. Además, señalaron que en el lugar también cumplía funciones personal dependiente del propio Gobierno porteño, lo que, a su entender, contradice la idea de que se tratara de un espacio ilegal o ajeno al Estado.
El cierre de la planta no solo implica la pérdida inmediata de puestos de trabajo, sino que también genera un impacto significativo en la política ambiental de la Ciudad. En el predio de Parque Avellaneda se recuperaban mensualmente más de 100 toneladas de materiales reciclables, entre los que se incluían alrededor de 25 toneladas de residuos textiles. Desde la cooperativa advirtieron que ese circuito constituye el único sistema de recuperación y reciclado de descartes textiles que existe actualmente en la Ciudad de Buenos Aires, un dato que pone en evidencia la relevancia estratégica del espacio desalojado.
Los trabajadores remarcaron que el reciclado textil cumple un rol fundamental en la reducción de residuos que terminan en rellenos sanitarios, además de fomentar la reutilización de materiales y la economía circular. En un contexto global en el que la industria textil es señalada como una de las más contaminantes, el cierre de una planta dedicada específicamente a este tipo de recuperación fue interpretado por las organizaciones como un grave retroceso en materia ambiental.
Desde la cooperativa también señalaron que, lejos de desentenderse de los problemas que pudiera generar la actividad, venían manteniendo instancias de diálogo con las autoridades porteñas para atender reclamos vecinales vinculados al movimiento de camiones y a la logística del predio. Según explicaron, existían propuestas para reorganizar los horarios de ingreso y egreso de los vehículos y minimizar las molestias en el barrio. No obstante, denunciaron que esas conversaciones fueron interrumpidas de manera unilateral por la Dirección de Reciclado de la Ciudad, sin ofrecer alternativas ni soluciones concretas.
“El Gobierno no mostró voluntad de resolver el problema real y optó por una decisión que pone en riesgo la fuente de trabajo de 200 compañeros y compañeras”, expresaron desde el MTE. En ese sentido, sostuvieron que el desalojo se produjo sin un plan de relocalización, sin garantizar la continuidad laboral de los trabajadores y sin evaluar el impacto ambiental de la medida.
La situación se agrava al considerar el estado actual de otras infraestructuras vinculadas al reciclado en la Ciudad. Parte del material que se procesaba en la planta de Parque Avellaneda era derivado al Centro Verde de Barracas, una instalación clave para el tratamiento de residuos que quedó fuera de funcionamiento tras un incendio ocurrido en febrero de 2024. Según denunciaron desde el MTE, ese siniestro fue consecuencia de la falta de mantenimiento y de la desidia estatal, y hasta el momento el lugar no ha sido reconstruido ni reactivado, lo que profundiza la crisis del sistema de reciclado urbano.
En este contexto, el desalojo reavivó el debate sobre el rol del Estado en la promoción de políticas de inclusión social, el reconocimiento del trabajo de los recuperadores urbanos y el compromiso con una gestión de residuos sustentable. Mientras el Gobierno de la Ciudad defiende su accionar en nombre de la legalidad y el orden urbano, las organizaciones sociales y cooperativas advierten que estas decisiones terminan debilitando estructuras productivas esenciales, profundizando la precarización laboral y desarticulando políticas ambientales que llevaron años de construcción.
El conflicto, lejos de cerrarse con el operativo, dejó expuesta una disputa más amplia sobre el modelo de ciudad, el lugar que ocupan los trabajadores de la economía popular y las prioridades en materia ambiental. En ese escenario, el futuro de los trabajadores desalojados y del único circuito de reciclado textil de la Ciudad permanece incierto.
