Despidos, desguace y espionaje ilegal: la CPM denuncia inteligencia policial en la ex ESMA
En medio de un clima de tensión creciente por los recortes en políticas públicas y el vaciamiento de áreas clave en el Estado, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) lanzó una denuncia formal ante la justicia federal por la realización de tareas ilegales de inteligencia durante la masiva protesta del viernes 27 de diciembre en el Espacio de Memoria y Derechos Humanos ex ESMA. La movilización había sido convocada para expresar el rechazo a los despidos masivos de trabajadores y al cierre de programas en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, una política que viene siendo denunciada como un ataque directo a la memoria, la verdad y la justicia en Argentina.
Lo que hasta ahora parecía un reclamo legítimo de sectores sociales, sindicatos y organismos de derechos humanos, se vio empañado por un operativo policial que incluyó la infiltración de agentes de civil no identificados, que se movieron entre la multitud de manifestantes con el objetivo explícito de realizar tareas de inteligencia encubierta, filmando y registrando a las personas presentes. Estas prácticas, según indica la CPM, violan de manera flagrante la legislación vigente y constituyen un atentado contra los derechos constitucionales de quienes ejercen el derecho a la protesta.
“El despliegue de policías de civil realizando videofilmaciones dentro y fuera del predio de la ex ESMA representa un nivel de violencia simbólica y política muy grave, que pone en evidencia la intencionalidad del gobierno de no solo desfinanciar y vaciar las políticas de memoria, sino de perseguir a quienes luchan por su defensa”, afirmó Sandra Raggio, directora general de la Comisión Provincial por la Memoria. “Este tipo de tareas de inteligencia ilegal no es algo nuevo, sino que ha sido una práctica recurrente en múltiples manifestaciones durante el año pasado, y aquí lo que cambia es el lugar, un sitio emblemático, donde el significado histórico de la represión y el terrorismo de Estado le suma un valor simbólico extra a esta operación de control social”, agregó.
El reclamo, convocado bajo la consigna “Abrazo a la ESMA. Defendemos la Secretaría y a sus trabajadores”, reunió a miles de personas ese último viernes de diciembre en un acto de resistencia frente a las medidas que, según denunciaron los organizadores, buscan destruir el entramado construido en los últimos años para garantizar la memoria, verdad y justicia en el país. La protesta contó con la participación de trabajadores despedidos, organismos de derechos humanos, estudiantes, militantes sociales y sindicales, todos ellos en alerta ante el deterioro institucional provocado por el vaciamiento de la Secretaría y los constantes recortes presupuestarios.
Según el informe de la CPM al que tuvo acceso este diario, durante la jornada se constató que personal policial no identificado circulaba entre las y los manifestantes, mientras mantenían comunicaciones vía celular y luego interactuaban con efectivos uniformados de la Policía de la Ciudad. La Secretaría de Seguridad negó responsabilidad sobre estos agentes encubiertos, asegurando que todo el personal policial estaba debidamente identificado y bajo su control, pero las evidencias fotográficas y videográficas aportadas por la CPM contradicen esta versión.
La denuncia formal fue presentada por figuras emblemáticas como Adolfo Pérez Esquivel, Dora Barrancos y Roberto Cipriano García, quienes presiden la CPM y acompañan con su voz la demanda de justicia. Con el patrocinio de los abogados Rodrigo Andrés Pomares y Margarita Jarque, el caso fue asignado al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°10, a cargo de Julián Ercolini, reconocido magistrado por su experiencia en causas de derechos humanos.
Además de solicitar la investigación de las tareas de inteligencia ilegal, la CPM reclamó el secuestro y análisis del material fílmico y cualquier otro registro gráfico o auditivo que haya sido producido por la policía durante el operativo. Según el organismo, la actividad encubierta de personal policial encaja en una clara violación a la Ley Nacional 25.520, que regula y limita las funciones de inteligencia en Argentina para proteger los derechos y libertades individuales. La ley establece que ninguna tarea de inteligencia política o social puede llevarse adelante sin una orden judicial fundada, requisito que en este caso parece haber sido ignorado.
La situación descripta por la CPM se enmarca en un contexto general de retroceso en materia de derechos humanos y de restricciones crecientes al derecho a la protesta social en Argentina. En su informe anual sobre la represión a manifestaciones durante 2024, la Comisión detalla que en más de la mitad de las protestas monitoreadas se detectaron prácticas ilegales de inteligencia y vigilancia encubierta similares a las vistas en la ex ESMA. Estas acciones forman parte de una política sistemática de control social que busca desactivar y desalentar el ejercicio de derechos civiles fundamentales.
“El modelo represivo que está en marcha no solo apunta a dispersar a los manifestantes o a controlar la calle, sino a infiltrar y obtener información para criminalizar y desarticular las organizaciones y movimientos sociales que resisten”, explicó Sandra Raggio. “Esto implica una vulneración directa de la democracia y un retroceso en las políticas públicas de memoria y derechos humanos que costaron décadas construir”, añadió.
La Comisión Provincial por la Memoria, en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de la provincia de Buenos Aires, lleva adelante un trabajo constante de monitoreo y denuncia de las violaciones a los derechos de quienes protestan. A su vez, colabora estrechamente con el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y el Mecanismo Local de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un esfuerzo conjunto para visibilizar y frenar estas prácticas represivas que cada vez se vuelven más frecuentes y sofisticadas.
Desde que comenzó el año, la tensión entre el gobierno y los sectores que defienden las políticas de memoria se ha incrementado notoriamente. El vaciamiento de la Secretaría de Derechos Humanos, los despidos masivos y la reducción de presupuestos han generado una respuesta unificada de organismos de derechos humanos, sindicatos y organizaciones sociales, que denuncian que estas acciones buscan borrar la memoria histórica y limitar el acceso a la justicia. La infiltración policial en la ex ESMA se inscribe en esta estrategia de hostigamiento y control que preocupa a nivel nacional e internacional.
“La ex ESMA es un símbolo de la lucha contra la impunidad y la defensa de los derechos humanos. Que allí se realicen tareas ilegales de espionaje político representa una provocación intolerable y un mensaje claro de que no tienen límites para avanzar contra quienes piensan distinto”, concluyó Raggio. La justicia ahora tiene la palabra, y la sociedad espera que esta denuncia no quede archivada, sino que se avance con la celeridad y la transparencia necesarias para garantizar que el Estado respete los derechos constitucionales y cumpla con su obligación de proteger a quienes luchan por la memoria, la verdad y la justicia.
