En las últimas semanas, la Casa Rosada ha desplegado una batería de acciones comunicacionales y políticas para intentar neutralizar lo que podría convertirse en la movilización más significativa del año en el país: la Marcha Federal del Orgullo Antifascista, Antirracista y LGBTIQNB+, que tendrá lugar este sábado 3 de febrero, con una ruta que recorrerá desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo. La convocatoria de esta protesta surge como respuesta directa a las polémicas declaraciones realizadas por el presidente Javier Milei en el Foro Económico Mundial de Davos, donde sus dichos fueron interpretados como una estigmatización hacia las identidades de género y las comunidades LGBTIQNB+, generando un fuerte rechazo dentro de estos colectivos y sectores sociales.
A pesar de la aparente calma pública del Gobierno, puertas adentro la preocupación es mayúscula. Para la Casa Rosada, el impacto que pueda tener una protesta de estas características, con miles de personas marchando en defensa de derechos fundamentales, podría ser un golpe directo a la imagen de Javier Milei, cuyo discurso de corte liberal, en ocasiones extremado, se enfrenta a la presión de una sociedad cada vez más organizada y empoderada en términos de derechos civiles. En este escenario, las estrategias del oficialismo se han centrado en minimizar el alcance de la protesta y desviar las acusaciones hacia sus principales rivales políticos, en un intento por restarle legitimidad al movimiento.
Las declaraciones de Javier Milei en Davos: el centro de la controversia
Las palabras de Javier Milei en Davos, que vinculaban la homosexualidad con la pedofilia y atacaban directamente a los movimientos feministas, desataron una tormenta política y social sin precedentes. Aunque el mandatario intentó suavizar sus comentarios a través de posteriores aclaraciones en redes sociales y entrevistas, la reacción fue inmediata y contundente. Las organizaciones de derechos humanos, los grupos LGBTIQNB+ y numerosos colectivos feministas interpretaron sus dichos como una nueva ofensiva contra los avances logrados en la lucha por la igualdad de derechos en Argentina.
El presidente, en su afán de recalibrar el discurso tras la ola de críticas, utilizó sus redes sociales para insistir en que lo que él había querido transmitir no era una crítica a la identidad de género, sino a los “negocios” que, según su interpretación, giran en torno a movimientos como el feminismo y la defensa de los derechos LGBTIQNB+. “Somos liberales. El respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo es parte de nuestro ADN”, se justificó Milei, agregando que lo que no tolerarán es la imposición de un “trato desigual frente a la ley” en base a ideologías que él considera de “privilegios”.
A pesar de sus intentos por dar un giro a la polémica, las reacciones no se hicieron esperar. Organizaciones sociales y sectores de la política comenzaron a organizar una respuesta colectiva, que pronto se transformó en una convocatoria masiva para marchar contra lo que consideraban una amenaza a los derechos conquistados por años de lucha.
El contraataque oficial y la respuesta de Manuel Adorni
La Casa Rosada, al ver el creciente apoyo que recibía la marcha, decidió actuar rápidamente. En un primer momento, el vocero presidencial, Manuel Adorni, intentó atenuar el impacto de las declaraciones de Milei. En su conferencia de prensa, Adorni afirmó que las palabras del presidente habían sido “mal interpretadas” y que lo que realmente estaba en juego era la lucha contra los negocios detrás de ciertas ideologías. Afirmó que Milei defiende “la libertad a rajatabla” y que cualquier intento de manipular los derechos de una persona a través del Estado es inaceptable.
A pesar de los esfuerzos del Gobierno por calmar las aguas, la tensión no disminuyó. El discurso presidencial continuó siendo percibido como un ataque directo contra sectores clave de la sociedad, en particular contra las personas LGBTIQNB+ y las mujeres, lo que no hizo sino avivar el fuego de la movilización. En paralelo, desde el Gobierno también se recurrió a la táctica de desacreditar la marcha como un producto de la política de la oposición.
El intento de politización de la marcha y el señalamiento al kirchnerismo
A medida que se acercaba la fecha de la movilización, la Casa Rosada comenzó a acusar al kirchnerismo de ser el verdadero motor detrás de la marcha. “Será una clara muestra de cómo la política crea una ficción solo para estar en la calle en el año electoral”, afirmaron fuentes cercanas al presidente, asegurando que la protesta no representaba a la sociedad civil, sino que estaba orquestada por Unión por la Patria.
Este tipo de acusaciones, sin embargo, no hizo sino fortalecer el vínculo entre los organizadores de la marcha y las fuerzas políticas de la oposición, que en su mayoría, a excepción de la UCR y la Coalición Cívica, se sumaron al reclamo. La movilización antifascista y antirracista que estaba tomando fuerza como una respuesta a los discursos de odio, se nutría ahora también de la participación de dirigentes como Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner, quienes manifestaron públicamente su apoyo a la marcha.
Desde el entorno de la Casa Rosada, el contragolpe de los libertarios no se hizo esperar. A través de sus canales oficiales, comenzaron a vincular a los impulsores de la movilización con la “vieja política”, en un intento por deslegitimar el reclamo popular al presentarlo como una estrategia de los partidos tradicionales para frenar el avance de un gobierno que representa un cambio estructural en el país.
