La decisión de la Armada Argentina de permitir la “depuración” y “triturado” de documentación histórica ha generado una alarma generalizada entre organismos de derechos humanos, abogados querellantes y expertos en archivística. A tan solo un mes de haber comenzado las tareas de traslado de los archivos, los riesgos de perder información crucial para las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura se vuelven cada vez más concretos. La documentación en poder de la Armada es fundamental para el esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos y su posible destrucción podría afectar seriamente el desarrollo de causas como las vinculadas al Campo de Concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
El archivo de la Armada: un repositorio de pruebas clave
El Archivo General de la Armada (AGA), situado en Bolívar 1622, almacena más de 5.800 metros lineales de documentación que datan de diversas épocas, aunque se estima que, debido a la constante actualización de los archivos, el volumen real de material podría superar los 8 kilómetros lineales. Este archivo alberga documentos que incluyen legajos de personal militar, informes de inteligencia, fotografías, planos, reglamentos y otros materiales de gran relevancia para las investigaciones judiciales sobre las violaciones de derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado.
A partir de enero de 2025, la cúpula de la Armada ha tomado la decisión de trasladar su archivo al “Garage Central”, ubicado en la zona de Retiro, en proximidad a los tribunales de Comodoro Py y al edificio Libertad, sede del Ministerio de Defensa. Sin embargo, dentro de esta mudanza, también se ha decidido proceder a la “depuración” de los documentos, autorizando su “triturado” sin que haya un plan claro de preservación o consulta con expertos en la materia.
La amenaza a las investigaciones
El traslado de los documentos y la eliminación de ciertos archivos es una medida que ha generado un rechazo rotundo por parte de organismos de derechos humanos y querellantes en causas vinculadas a la dictadura. La preocupación radica en que los documentos contenidos en estos archivos son fundamentales para el avance de las causas judiciales, entre ellas, la megacausa ESMA, que investiga los crímenes cometidos en uno de los centros de detención más emblemáticos del terrorismo de Estado.
“El archivo de la Armada contiene información vital sobre lo ocurrido en la ESMA y en otros centros clandestinos de detención de la Armada. La posibilidad de que se destruyan documentos relacionados con estos crímenes es un golpe a la memoria y un intento claro de borrar la historia”, advierte Pablo Llonto, abogado querellante en la causa ESMA, quien ha pedido una intervención judicial urgente para que se detengan las tareas de “depuración”.
La ESMA, donde se estima que unas 5.000 personas fueron detenidas y sometidas a torturas, es uno de los casos más relevantes en la historia del terrorismo de Estado en Argentina. Los documentos de la Armada son clave para la identificación de responsables y la reconstrucción del sufrimiento de las víctimas. Cualquier alteración o destrucción de estos archivos podría afectar gravemente el curso de las investigaciones.
Un contexto de sospechas sobre el manejo de los archivos
La Armada ha estado históricamente bajo sospecha en relación con el manejo y la preservación de la documentación vinculada al período de la dictadura. A lo largo de los años, se ha sabido que la institución llevó a cabo acciones de destrucción sistemática de pruebas que comprometían a sus miembros en violaciones de derechos humanos.
Durante los últimos años de la dictadura, la Armada creó la Comisión Permanente de Estudio de Situaciones Especiales (Copese), un grupo destinado a borrar cualquier rastro de las actividades represivas. Según testimonios de sobrevivientes como Víctor Basterra, que fue secuestrado y detenido en la ESMA, los oficiales de la Armada utilizaban métodos como la microfilmación de documentos y la posterior quema de los mismos para evitar que quedaran pruebas que los comprometieran.
Este proceso de encubrimiento sistemático de los crímenes se conoció gracias a la labor de los Equipos de Relevamiento y Análisis Documental (ERyA), que se encontraban bajo la órbita del Ministerio de Defensa. En base a los hallazgos de estos equipos, se pudo reconstruir parte de la historia de Alfredo Astiz, uno de los represores más emblemáticos de la ESMA, cuya foja de servicios y accionar represivo fueron parcialmente revelados a través de documentos que sobrevivieron a la destrucción.
Medidas cautelares y acciones judiciales
El abogado Pablo Llonto ha solicitado formalmente que el juez federal Ariel Lijo, quien está a cargo de la megacausa ESMA, emita una medida de no innovar sobre todo el archivo de la Armada. El pedido también incluye la citación urgente del ministro de Defensa, Luis Petri, y del jefe de la Armada, Carlos María Allievi, para que expliquen las razones de esta decisión y se detenga la destrucción de documentos vinculados a los crímenes de la dictadura.
Llonto advierte que la destrucción de estos documentos violaría los derechos de las víctimas y dificultaría aún más la búsqueda de justicia. “Si el archivo se destruye o se depura sin control judicial, esto generará un claro perjuicio a las investigaciones y al derecho de las víctimas a obtener justicia”, manifestó el abogado.
Por su parte, sobrevivientes de la dictadura, como Carlos Lordkipanidse, quien estuvo secuestrado en la ESMA, expresaron su indignación. “Este tipo de maniobras buscan garantizar la impunidad de los responsables y eliminar las pruebas. No podemos permitir que la historia se borre de esta manera”, declaró Lordkipanidse, quien adelantó que su querella se sumará a la iniciativa para que la documentación sea preservada y protegida.
Una tendencia preocupante: el desmantelamiento de los ERyA
La preocupación por el manejo de los archivos no es nueva. En marzo de 2024, el ministro Luis Petri había disuelto los Equipos de Relevamiento y Análisis Documental (ERyA), un organismo clave en la recopilación y conservación de pruebas vinculadas a las violaciones de derechos humanos. Esta medida fue criticada por organismos de derechos humanos y más de 30 fiscales, quienes consideraron que la disolución de los ERyA obstaculizaría el avance de las investigaciones judiciales.
La resolución de Petri de disolver los ERyA coincidió con un momento delicado para las investigaciones judiciales sobre la dictadura. La decisión fue vista como una maniobra para proteger a los responsables del terrorismo de Estado y dificultar la recopilación de pruebas. El ministro, cercano a la gestión de Javier Milei, ha sido cuestionado por su postura favorable a los sectores más represivos del Ejército y la Armada, lo que alimenta las sospechas de que las medidas tomadas buscan, en última instancia, frenar el proceso de justicia.
Repercusiones internacionales y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
La decisión de la Armada y las acciones del Ministerio de Defensa han generado repercusiones a nivel internacional. En diciembre de 2024, durante una sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se discutió la situación de los archivos relacionados con la dictadura y las políticas de derechos humanos del gobierno de Javier Milei. La preocupación sobre la preservación de los archivos históricos fue uno de los temas más destacados en la reunión.
El CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), junto a otras organizaciones, ha adelantado que presentarán una denuncia ante la CIDH si no se detiene la destrucción de la documentación. “El gobierno argentino está tomando decisiones que van en contra de los compromisos internacionales adquiridos en materia de derechos humanos. No se puede permitir que se destruya la memoria histórica del país”, afirmaron desde el CELS.
Conclusión: una batalla por la memoria
La decisión de la Armada de destruir documentación clave para las investigaciones sobre los crímenes de la dictadura es una muestra más de los intentos de impunidad que aún existen en ciertos sectores del Estado. Si bien las querellas y los organismos de derechos humanos están trabajando incansablemente para frenar esta medida, la situación sigue siendo muy preocupante. La destrucción de pruebas no solo obstruiría el acceso a la justicia para las víctimas del terrorismo de Estado, sino que también atentaría contra el derecho de la sociedad a conocer la verdad sobre lo ocurrido durante la última dictadura militar.
En este contexto, la lucha por preservar la memoria histórica y garantizar que las investigaciones judiciales continúen avanzando es más relevante que nunca. La historia de Argentina no puede ser borrada, y el pueblo argentino, con la ayuda de los organismos de derechos humanos y las querellas, se sigue manteniendo firme en la defensa de la verdad, la justicia y la reparación.
